La convalidación de un real decreto-ley en el Congreso de los Diputados, a priori, una cuestión que podría entenderse como doméstica, ha saltado de la Carrera de San Jerónimo a Bruselas. Se trata del Real Decreto-ley que regula, entre otras medidas, la obligatoriedad de inscribirse en un registro público como lobby para poder mantener reuniones con funcionarios del Estado. Una exigencia que rechazan tanto CEOE como los sindicatos UGT y CCOO. Este real decreto-ley se votará el próximo 16 de septiembre en la Cámara Baja y si no se convalida decaerá.
En este contexto, la patronal europea del lobby -la Comunidad de Asuntos Públicos de Europa (PACE)-, que aglutina a representantes de más de 15 países, ha enviado una carta a todos los grupos políticos para “animarles” a dar su apoyo a la norma.
“Hemos tenido conocimiento de que el Congreso de Diputados debe decidir en los próximos días entre la convalidación o el rechazo del Real Decreto-ley 21/2026, sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, aprobado por el Gobierno el 25 de agosto. Por la presente humildemente solicito a usted y a su Grupo Parlamentario que voten a favor de la convalidación del Real Decreto-Ley”, señala la misiva, que firma su presidenta, Laura Fătu, a la que ha tenido acceso Artículo14.
“Incumplimiento de los compromisos”
Según explican fuentes sectoriales, en Europa preocupa que no salga adelante esta norma, que se ajusta a las recomendaciones internacionales de la OCDE, la UE y el Consejo de Europa. “Dejar que la ley decaiga ahora significaría no cumplir los compromisos del país con la Comisión Europea y volver a la situación de vacío largamente denunciada por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y las recomendaciones de la OCDE”, recalca la misiva enviada a los parlamentarios españoles.
En este sentido, la patronal europea valora, entre los aspectos relevantes de la norma española, la creación de un registro público, universal y obligatorio de grupos de interés o la incorporación de la huella regulatoria que permita la trazabilidad de la toma de decisiones. Destacan también las limitaciones al tránsito entre los sectores público y privado (puertas giratorias) y la existencia de un régimen de sanciones adecuado, junto con la supervisión por parte de una autoridad administrativa independiente.
Preocupación en Europa
La alerta ante un riesgo que el sector considera probable -que el real decreto ley no se convalide-, va más allá de los agentes directamente afectados. Esta cuestión preocupa también a los eurodiputados españoles que, a diferencia de lo que ocurre en España, tienen mucho más normalizada la actividad del lobby. En este sentido, fuentes en Bruselas explican que no se entienden las trabas para que la norma reciba el aval del Congreso.
Cabe recordar que la aprobación por la vía de urgencia en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones se explica por la exigencia de cumplir con el calendario de hitos: esta legislación era uno de los compromisos, en el cierre de los fondos europeos. Ante la Comisión, el Ejecutivo puede esgrimir su labor a favor de la norma, aunque finalmente no logre el aval parlamentario. En este sentido, como avanzó Artículo14, CEOE y Foment están tratando de que Junts vote en contra, lo que con la abstención del PP impediría sacar adelante la norma.
Rechazo al registro en España
“He transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley“, aseguró Antonio Garamendi durante su visita a Ceuta. Frente a la obligación de inscribirse como grupo de interés, la patronal defiende que, de acuerdo con la Constitución es un agente social -“defendemos las empresas con sentido de Estado”- y que, por tanto, debería quedar excluidas.
Es la misma posición que esgrimen UGT y CCOO. Ayer, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, afirmó que la regulación sobre el registro público de ‘lobbies’ “nos parece un despropósito como organización sindical y estamos no sólo sorprendidos, sino contrariados. Equiparar a las organizaciones sindicales con el papel que puedan ejercer los ‘lobbies’ me parece un absoluto despropósito”. Un día antes, su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, contrapuso los intereses generales que defiende su organización a la defensa de los intereses particulares que realizan los lobbies.
CEOE y sindicatos, inscritos en Europa
Frente a la fuerte oposición que los agentes sociales están mostrando al registro de lobbies en España, estas organizaciones sí están inscritas en el Registro de Transparencia de la Comisión Europea. Según detalla la propia web, se trata de “una base de datos en la que figuran las organizaciones que tratan de influir en el proceso legislativo y de aplicación de políticas de las instituciones de la UE. El registro hace visibles qué intereses se persiguen, quién los defiende y con qué presupuesto”.
CEOE está inscrita desde mayo de 2015 y, como es lógico en su labor de interlocución en nombre de los sectores económicos y empresariales españoles, tiene una amplia agenda de reuniones. En el caso de UGT, la organización se registró en noviembre de 2020, mientras que CCOO lo hizo en 2023.