Educación

El gasto público en educación del Estado y CCAA cae desde 2020 y por primera vez baja del 4% PIB

La inversión en educación alcanzó los 63.337 millones de euros en 2024, pero su peso en relación con el tamaño de la economía continúa reduciéndose

Profesora de infantil en clase
Profesora de infantil en clase
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El gasto público en educación por parte del Estado y las Comunidades Autónomas encadena su cuarto año consecutivo de caídas desde 2020, situándose en 2024 -último ejercicio del que existen cifras disponibles en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes- en el 3,97% del PIB y descendiendo por primera vez por debajo de la barrera del 4% en este periodo.

Se trata de una tendencia a la baja que se inició tras alcanzar un máximo del 4,35% en el año de la pandemia (2020), y que se ha ido reduciendo de manera progresiva a lo largo de estos años: 4,28% en 2021, 4,09% en 2022 y 4,01% en 2023. Cabe destacar que estas cifras solo tienen en cuenta el gasto de la cartera que lidera Milagros Tolón y de las Comunidades Autónomas, por lo que excluyen las partidas de otros ministerios, Administraciones locales y educación privada.

Evolución del gasto en Educación sobre el PIB (Líneas)

 

Aunque la inversión del 2024 aún se mantiene por encima del 3,72% registrado en el año previo a la pandemia, el gasto directo del Estado y las autonomías en relación a la riqueza nacional acumula una pérdida de casi cuatro décimas de PIB en los últimos cuatro años.

63.000 millones en 2024

Este retroceso en relación con el PIB contrasta con la cifra que se destina en términos absolutos, ya que el dinero destinado a la educación pública por estas administraciones no ha dejado de crecer. El presupuesto total ha aumentado de manera ininterrumpida año tras año, pasando de los 46.649,86 millones de euros registrados en el año 2019 hasta los 63.337,47 millones en 2024.

Evolución del gasto (Gráfico de barras)

Aunque el gasto directo acumuló un incremento de 16.687 millones a lo largo de este periodo, el fuerte crecimiento del PIB evidencia que este esfuerzo financiero es menor que el que se hacía en 2020 en relación con el tamaño de la economía. Además, parte de este incremento nominal se puede explicar también por el alza de la inflación ya que desde 2020 hasta diciembre de 2024 el IPC acumulado fue del 19,2%.

Esta tendencia al alza se consolidó con el aumento hasta los 49.169,03 millones en 2020, 52.888,75 millones en 2021, 56.212,82 millones en 2022 y 60.100,33 millones en 2023. Finalmente, en 2024, el Estado y las comunidades autónomas gastaron 63.337,47 millones en educación.

Gasto total en educación

Si se amplía el foco para analizar el gasto público total en educación -que incluye al conjunto de las administraciones públicas y todas las coberturas económicas-, se observa exactamente el mismo comportamiento que en el gasto del Estado y de las autonomías. En relación con la riqueza nacional, este indicador escaló en el año de la pandemia hasta un máximo del 4,89% del PIB. Desde ese pico, el esfuerzo relativo ha encadenado cuatro descensos anuales consecutivos: 4,84% en 2021, 4,62% en 2022, 4,54% en 2023 y, finalmente, un 4,48% en 2024. Pese a esta pérdida de 0,41 puntos porcentuales de PIB en los cuatro años analizados, la tasa del último año se sitúa por encima del 4,24% registrado en 2019.

Si bien es cierto, el gasto público total destinado a educación ha crecido en más de 18.000 millones de euros en los últimos cinco años, pasando de los 53.111,02 millones de euros en 2019 hasta los 71.348,78 millones del año 2024.

En este sentido, Jorge Galindo, director de EsadeEcPol, señala a Artículo14 que “es cierto que el gasto público educativo pasó del 4,8% del PIB en 2020 al 4,5% en 2024, pero antes de la pandemia estaba en torno al 4,2%-4,3%: en 2019 era el 4,25% aproximadamente”. Además, añade que “el gasto nominal no ha caído. Por tanto, buena parte del descenso de la ratio gasto sobre el PIB reflejaría que el PIB ha crecido más rápidamente que el gasto educativo tras la pandemia, además de una regresión a los niveles anteriores”.

Por su parte, Galindo también ha recordado la falta de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023”. Así, concluye que “para evaluar el esfuerzo educativo me parece más informativo mirar también el gasto por alumno, especialmente en un país con cohortes infantiles decrecientes”.

Comparativa con la UE

Según los últimos datos publicados por Eurostat en el mes de agosto, España destinó un 4,34% de su PIB en 2023 al gasto público en educación. Se trata de una cifra que evidencia que el esfuerzo por parte de las administraciones españolas se sitúa 0,31 puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria, que registró una media del 4,65% del PIB en ese mismo ejercicio.

Aunque España recortó distancias con la UE durante el año de la pandemia —cuando el gasto relativo escaló al 4,72% en 2020 frente al 5,02% de la media de la UE—, el retroceso registrado a posteriori ha devuelto la brecha a niveles similares a los de 2019, cuando el país registraba un 4,08% frente al 4,70% europeo.

Informe PISA

El informe PISA publicado este martes señala que el 49% de los alumnos españoles estudia en centros cuyos directores consideran que la falta de personal docente dificulta la enseñanza al menos en cierta medida. Una cifra que se sitúa diez puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE (39%) y que registra un aumento de ocho puntos frente al 41% registrado en 2022. En este sentido, Galindo señala que “es importante matizar que es una percepción de los directores, no una medida objetiva de vacantes ni, por sí sola, evidencia de falta de inversión”.

Por su parte, el director de EsadeEcPol incide en que “el Gobierno tiene activado el proyecto de reducción de ratios: máximo de 22 alumnos en Primaria y 25 en ESO, frente a 25 y 30 actualmente. Pero reducir ratios de forma generalizada supone también aumentar mecánicamente las necesidades de profesorado”.

Según un análisis de EsadeEcPol, se estima un coste presupuestario neto medio de al menos 2.818 millones de euros anuales entre 2027 y 2036, con un máximo de 5.169 millones en 2031. Además, la evidencia causal revisada por EsadeEcPol encuentra efectos agregados muy limitados de una reducción generalizada de ratios sobre el aprendizaje, aunque sí detecta alguna mejora en el bienestar docente. “Por eso nuestra recomendación es concentrar los recursos adicionales (y pensar bien cómo dedicarlos) en los centros y alumnado de mayor complejidad, donde es más probable que produzcan retornos, en vez de una reducción uniforme”, asegura Galindo.

Partidas de los fondos NextGen destinados a Educación

A través de los fondos Next Generation, el Gobierno ha destinado algunas partidas a Educación. En la primera versión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Gobierno situó en torno al 6% del plan la inversión correspondiente a Educación y formación, unos 4.200 millones de euros. Esta cifra puede elevarse hasta los 7.400 millones si se incluyen otros tres componentes: educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. Aquí, se incluyen 3.593 millones para competencias digitales, 2.076 millones para Formación Profesional y 1.738 millones para la modernización y digitalización del sistema educativo.

Con el plazo para que España cumpla los hitos comprometidos ya finalizado -y a la espera del último desembolso- la clave está en qué se ha logrado transformar en el sector de la educación a lo largo de estos años. En este sentido, el director de EsadeEcPol se mantiene prudente sobre los resultados: “Todavía no sabemos cuál ha sido su impacto causal agregado sobre los resultados educativos. Una cosa es cuánto dinero se ha convocado o adjudicado y otra si ha producido mejoras persistentes en aprendizaje, equidad o funcionamiento del sistema”.

Así, alude al último NextGenEU Tracker de EsadeEcPol, con datos a 12 de marzo de 2026, y señala que “daba gastos modestos en esta partida, y probablemente hemos infra-invertido en capital humano. Pero hay que cogerla con cautela: esto son clasificaciones por actividad económica del receptor, por lo que no equivale al conjunto de recursos del PRTR destinados a políticas educativas”.

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