El Real Decreto-ley de Lobbies aprobado in extremis en el Consejo de Ministros del 25 de agosto para cumplir con los hitos comprometidos con Bruselas y poder acceder al último desembolso, decayó ayer en el Congreso de los Diputados. España podría perder hasta 1.500 millones de euros por el incumplimiento de un paquete total de más de 25.000 millones. En este sentido, fuentes del Ministerio de Economía explican que será la Comisión Europea la que determine, tras su evaluación, el importe final.
El PSOE logró el apoyo de Sumar, ERC y Bildu, pero el decreto decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos. Sumar obligó a Óscar López a autoenmendarse públicamente para lograr su apoyo, que había anunciado que tenía pensado votar en contra. Finalmente, a última hora reculó y acabó dando el sí al PSOE, aunque su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había votado ‘No’ telemáticamente y los diputados Gerardo Pisarello (Comuns) Vicenç Vidal (Mes) y Agustín Santos se abstuvieron, informa Europa Press.
En realidad, lo ocurrido ayer en el Pleno de la Cámara Baja fue el reflejo de una muerte anunciada, tras incluir el Real Decreto-ley la obligación de inscripción en el Registro de los Grupos de Interés para los sindicatos y la patronal. Una exigencia que entró en vigor el 27 de agosto con su publicación en el BOE y con la puesta en marcha del Registro el pasado 4 de septiembre. Una vez que la convalidación ha fracasado, ya no será un requisito exigible.
El Ejecutivo cambió el texto
En este sentido, fuentes consultadas por este medio reconocen que el hecho de que el Gobierno incorporara a los agentes sociales en el Registro iba a complicar que la norma pudiera salir adelante, más aún una vez que tanto CEOE como CCOO y UGT mostraron públicamente su rechazo.
El texto del Real Decreto-ley incorpora un cambio respecto a la redacción del texto original remitido en febrero de 2025 al Congreso de los Diputados, que recogía específicamente la exclusión de los agentes sociales al definir el concepto de grupo de interés. El cambio ha resultado “un tiro en el pie del propio Gobierno”, como reconocían a Artículo14 fuentes parlamentarias. La supresión en el artículo 2 de la referencia a “las organizaciones sindicales y empresariales en el ejercicio de sus funciones constitucionales […]” como grupos que no tienen la consideración de grupo de interés llevó ayer el decreto a la tumba.
Y ello, a pesar de los esfuerzos denodados de Óscar López, ministro ponente de la norma, quien se autoenmendó públicamente tal y como exigió Sumar para lograr su apoyo.
Instrucción de urgencia
En este sentido, Óscar López anunció la aprobación de una instrucción interna que excluye a los agentes del diálogo social de la exigencia de registro: “Quiero informar también que en la normativa interna que hemos circulado entre el Gobierno, porque este Real Decreto-ley que ya se está aplicando, obviamente, desde el día que se aprobó, se aclara a todos los miembros del Gobierno que obviamente el diálogo social queda excluido de lo que es la regulación de lobbies”.
“Pero a mayores y para mayor garantía de quien pueda tener ninguna duda, yo adquiero en esa tribuna el compromiso de que si se aprueba hoy este Real Decreto-ley, en el primero que podamos mandar y, desde luego antes de que acabe octubre, mandaremos otra modificación aclaratoria y reforzando la idea de que por supuesto el diálogo social queda al margen de lo que es la regulación”, aclaró en su primera intervención. Recordó que el Ejecutivo ha incorporado más del 90% de las 114 enmiendas presentadas durante su tramitación como proyecto de ley.
El PP y Vox no quieren que sepamos quiénes son sus amos. pic.twitter.com/g1GyftttfG
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 16, 2026
Exigencia de Sumar
La exclusión de los agentes sociales fue una exigencia de Sumar, tal y como señaló el diputado Carlos Martín Urriza. Entre las propuestas del socio del Ejecutivo, el texto incorporaba la actualización quincenal del registro, las fuentes de financiación de los lobbies o el contenido público de las reuniones con los funcionarios y altos cargos estatales. “En el real decreto se ha cometido un gravísimo error al incluir a los agentes sociales entre los grupos de interés a pesar de que estaban excluidos en el texto original que llegó a esta Cámara […] Es un dislate no proteger su tarea constitucional […] Le pido que se comprometa a una fecha concreta, que diga antes del mes de octubre”, incidió.
En su turno de réplica, Óscar López reiteró su compromiso de mejorar el texto si era convalidado.
Paradójicamente, como publicó este medio, algunas fuentes consultadas apuntan a una enmienda de Sumar al artículo 4 para incluir como actividad de influencia “el uso de terceros para transmitir posicionamientos de un grupo de interés a personal público, incluyendo la financiación de asociaciones, think tanks u otras entidades para influir en el debate público o regulatorio”, lo que podría interpretarse como una vía para favorecer su inclusión en el registro. Esta enmienda fue recogida en el Real Decreto-ley, que ayer quedó sin efecto después de que más de 300 entidades se hubieran inscrito ante la exigencia de este requisito para poder mantener la interlocución con el Gobierno.