El Gobierno se comprometió en 2021 con Bruselas a cumplir una serie de hitos antes del 31 de agosto para desbloquear los desembolsos de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los conocidos como Fondos Next Generation. A apenas 1 día para alcanzar esa fecha límite, el Gobierno se ve obligado a renunciar a 824 millones de euros por la imposibilidad de sacar adelante el impuesto al diésel y por no haber conseguido reducir la temporalidad de los funcionarios por debajo del 8%.
Cuando se redactan los hitos a cumplir para el desembolso de los fondos Next Generation, el Ejecutivo incluye una reforma del sistema fiscal con una orientación hacia la fiscalidad medioambiental, y uno de los objetivos era equiparar los impuestos del diésel y la gasolina.
Clave la falta de apoyos en el Congreso
El problema llegó cuando el compromiso europeo tuvo que pasar por el Congreso de los Diputados para convertirse en legislación, y el Gobierno no contaba con el apoyo suficiente por parte de los Grupos Parlamentarios.
Durante el año 2024, el Gobierno intentó sacar adelante una reforma fiscal que incluía, entre otras medidas, el aumento de la tributación del diésel hasta igualarla a la de la gasolina. La subida suponía un impuesto especial de unos nueve céntimos por litro antes de impuestos indirectos. En la votación en la Cámara Baja, esta reforma no consiguió mayoría absoluta y sus consecuencias se dejaron notar en el quinto desembolso del Plan de Recuperación.
Se detecta el incumplimiento en el quinto desembolso
Cuando España solicitó el desembolso, la Comisión Europea evaluó los hitos y concluyó que la inmensa mayoría estaban cumplidos, pero detectó incumplimientos en dos ámbitos: las relacionadas con las reformas fiscales que incluían el impuesto al diésel y la digitalización de las administraciones regionales y locales. Se trata de dos hitos que tenían vinculados el desembolso de 1.100 millones de euros.
Pero ese rechazo no se trataba de una pérdida definitiva de los fondos, sino que la Comisión Europea permitió a España contar con plazo adicional para completar los compromisos.
Adendas presentadas
En 2025 y 2026 el Ejecutivo negoció con Bruselas cambios en los hitos (conocidas como adendas), pero daba como fecha límite este próximo lunes 31 de agosto para cumplir con los objetivos e hitos.
Si bien es cierto, Santiago Sánchez, Director de Gabinete del Vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, indica que estas adendas “han reducido las ambiciones de lo que prometían ser los Fondos Next Generation”. Además, estos cambios en los objetivos han provocado que, de 163.000 millones que España optaba a obtener con el plan inicial, se hayan reducido a 102.000 millones.
A solo un día de que se cumpla el plazo, el Ejecutivo no ha logrado sacar adelante el Objetivo 388 (impuesto al diésel), por lo que en este aspecto se ve obligado a renunciar a 198 millones de euros. Pese a que la Comisión reconoce que España no ha acreditado la entrada en vigor de esa reforma, ha permitido recuperar 277 millones de euros al aceptar que otras reformas permitan alcanzar el aumento de recaudación comprometido.
La falta de apoyos en el Congreso de los Diputados ha provocado que, a través de las adendas, el Gobierno “haya renunciado a aprobar 18 leyes que se han aprobado con proyectos con rangos inferiores o se han eliminado”, indica el Director de Gabinete del Vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, entre las que destaca la Ley de Industria y la Ley de Diversidad Familiar.
Temporalidad funcionarios
Otro de los compromisos que adquirió España con Bruselas fue la reducción de la temporalidad en las Administraciones Públicas. Se trata de un problema que el país lleva acumulando desde hace años y por el que ya acumula numerosas multas por parte del Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por ello, la reducción de esta temporalidad hasta el 8% que recoge la legislación española quedó incorporada al Componente 11 del Plan de Recuperación.
La primera respuesta llegó en julio de 2021 con la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La norma introdujo procesos extraordinarios de estabilización de plazas, restringió las posibilidades de utilización abusiva del personal temporal y reforzó la responsabilidad de las Administraciones.
A partir de ese momento, España puso en marcha procesos de estabilización en las distintas Administraciones y utilizó las ofertas de empleo público para convertir plazas temporales en indefinidas.
Cambios en los recursos humanos
Dentro de este problema juegan un papel clave los profesionales de recursos humanos, por lo que este proceso también exigió la manera de gestionar en estos departamentos y en 2023 y 2024 se aprobaron nuevas normas para introducir una planificación más estratégica de las plantillas públicas, mejorar los procesos selectivos y modernizar la Administración.
A apenas un día de que se cumpla el plazo, el ministerio ha iniciado una serie de reuniones con las Comunidades Autónomas (cuentan con el mayor número de interinos dentro de la Administración Pública) y la FEMP con el objetivo de llevar a cabo medidas más efectivas para reducir la temporalidad entre los trabajadores públicos.
A pesar de los esfuerzos, esta tasa se sitúa en torno al 30% y no cumplirá con el objetivo del 8% comprometido con Bruselas, por lo que se ve obligado a renunciar a 626 millones de euros vinculados a este hito.