El presidente CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado este lunes que impugnará la huelga general que se celebrará el próximo 11 de noviembre. El dirigente de la patronal mantiene su convicción de que la huelga es “ilegal” por considerar que tiene carácter “electoral”. Además, ha añadido que se ha revestido de reivindicaciones laborales para intentar darle una cobertura legal que no tiene.
“Tenemos unas próximas elecciones generales, pero sin embargo, por primera vez en la historia de España, tenemos una huelga electoral. No, perdón, creo que es general. Yo no sé si es general o no, pero electoral, seguro”, ha señalado el líder empresarial durante la clausura de los XXV Premios ATA 2026.
Garamendi ha censurado que este “no es el camino” y ha quitado responsabilidad a empresarios y autónomos de los problemas que atraviesa actualmente el país, como la vivienda o la escalada de precios. “¿Es que las empresas y los autónomos tienen la culpa de que no haya viviendas en España? Tenemos el problema de inflación: ¿Somos los empresarios los responsables de esto?”, ha preguntado.
Por ello, el representante de los empresarios ha confirmado que la organización impugnará la huelga general, ya que cree que se “ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal”. “Nosotros consideramos que no lo es”, ha recalcado Garamendi, quien ha pedido que se garantice el derecho a trabajar y que “no se incendien las calles” ese día.
Los sindicatos registran la huelga en Trabajo
El anuncio sobre la impugnación de la huelga general llega el mismo día que los sindicatos (CCOO, UGT, CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical, Solidaridad Obrera, la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas) formalizan la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Las organizaciones sindicales han coincidido en señalar que el encarecimiento de la vida y, más en concreto, de la vivienda y el peso que el pago de ello tiene sobre las rentas de los trabajadores, se ha convertido en uno de los principales problemas en este país, por lo que recalcan que es necesario luchar contra la especulación inmobiliaria, los desahucios y los precios y, a su vez, por un aumento de los salarios.
Sordo y Álvarez “tiran” de la reivindicación laboral
Mientras que la portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Valeria Racu, ha insistido en que la convocatoria trasciende a las propias organizaciones sindicales y que “no es de ningún sindicato”, sino de “la gente, de las calles y del pueblo”; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la clase trabajadora y a la ciudadanía a participar “libremente” en la huelga.
Así, Sordo ha asegurado que esta convocatoria debería desembocar en una “movilización transversal” que vaya mucho más allá de la vivienda y aborde también la precarización del empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha presentado el registro de la convocatoria como un paso para situar el problema de la vivienda en el centro del debate público y cambiar el rumbo de las políticas en esta materia. En este sentido, ha reclamado actuaciones inmediatas para controlar los precios del alquiler, frenar los desahucios y evitar que los fondos de inversión sigan ampliando su presencia en el mercado residencial, junto con medidas estructurales para aumentar la oferta de vivienda protegida.