Nuevo frente judicial para Zapatero: el juez investigará si intentó influir en Escrivá

El juez José Luis Calama ha dictado un nuevo auto en el que asume la investigación iniciada en el juzgado de instrucción de Madrid número 22 que indagaba en la concesión del aplazamiento de una deuda a Plus Ultra por parte de la TGSS. Asume esta rama de la instrucción también por su conexión directa con las maniobras de la trama para acceder al rescate de 53 millones de euros públicos concedido a Plus Ultra.

De esta forma, Calama también investigará a los directivos de la TGSS que firmaron el aplazamiento de la deuda de la aerolínea para catalizar la concesión del rescate. Asimismo, el juez podrá valorar la declaración del ministro responsable entonces, José Luis Escrivá, al obrar en la causa un encuentro con Zapatero previo a la concesión del aplazamiento. Escrivá es actualmente gobernador del Banco de España.

Las claves

Año 2020, los directivos de Plus Ultra buscan financiación pública, supuestamente para poder blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. En ese momento, acuden a Rodríguez Zapatero, quien presuntamente les ofrece su influencia en el Gobierno de Pedro Sánchez para que puedan acceder a un programa de ayudas públicas para evitar la quiebra de empresas estratégicas. A cambio, acuerdan una comisión ilícita del 1%.

Si bien, administrativamente, para poder acceder a este rescate, tienen que solucionar sus problemas con la Tesorería General de la Seguridad Social. Zapatero se reúne con el entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, responsable de la TGSS, en septiembre de 2020. Así figura en un mensaje de Rubén Eladio, entonces director de Emergencias del Ministerio de Transportes y persona de confianza de José Luis Ábalos. “Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo”, avisó a Koldo García, asesor de Ábalos.

Casualmente, al mes siguiente se dicta una resolución por la cual se concede el aplazamiento de una deuda a la compañía que ascendía a 451.954 euros, firmada por Rodrigo Mares, Director provincial de la TGSS, pero en la que participaron también José Luis Encinas Prados, Subdirector General Adjunto de la TGSS, y Belén Casado Fluiters, Jefe de Sección de la TGSS en Madrid.

La información obra en la causa principal que instruye el juez José Luis Calama contra Zapatero en la Audiencia Nacional, y motivó a Manos Limpias a interponer una nueva denuncia en un juzgado de Madrid. La Fiscalía de delitos económicos emitió un informe con respecto a estos hechos, apuntando a que la citada reunión motivó a que se solucionaran los trámites para que Plus Ultra pudiera optar a la ayuda pública.

“Se solventó así presuntamente uno de los requisitos ineludibles para que la compañía Plus Ultra pudiera acceder al rescate que no era otro que estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con Hacienda, para poder recibir el rescate de la SEPI, rescate que ascendió a 53 millones de euros de los que no se ha devuelto cantidad alguna”, concluye el fiscal Julián Salto, el mismo que abrió una investigación por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El desmentido de Escrivá

Zapatero, en su declaración ante Calama, negó rotundamente que hablara con Escrivá de Plus Ultra, exculpándolo del delito de tráfico de influencias en el que podría haber incurrido si esto fuera así. De la misma forma, Escrivá lo negó en junio en la Comisión de asuntos económicos del Congreso, en la que aseguró que buscó la asesoría del expresidente para poder aprobar legislación relativa a las pensiones. “Yo quería a Zapatero para acceder a la izquierda parlamentaria. Esa es la razón por la que nos reunimos y me intercambié el teléfono con él”, dijo.

Escrivá también justificó el trámite realizado a Plus Ultra: “Estar al día con la Seguridad Social es absolutamente compatible con tener deudas aplazadas. [El certificado] lo expide una máquina automáticamente y así se hizo en agosto”. Y añadió: “Durante los cuatro años que fui ministro se dieron 350.000 aplazamientos. Yo no he sabido ni he querido saber de ninguno de esos 350.000 aplazamientos. Es lo único que puedo hacer aquí para proteger mi honor”.