La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este lunes que se publicaría en Audiencia Pública un Real Decreto que reconocería las enfermedades profesionales de las camareras de piso y trabajadoras de la limpieza.
Fue ayer cuando el Ministerio publicó el borrador y su Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Se trata de dos documentos que, además de reordenar el catálogo de patologías laborales, introduce una penalización para las empresas que no cumplan con la legislación de prevención laboral. Estas compañías deberán afrontar un desembolso de 25.629,87 euros anuales en concepto de recargos sobre las prestaciones.
El pilar sobre el que se fundamenta este aumento en el coste empresarial es el artículo 164.1 de la Ley General de la Seguridad Social. Dicho precepto establece que todas las prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional se incrementarán de un 30% a un 50% cuando la patología tenga su origen en un incumplimiento empresarial de las medidas preventivas.
Además de incluir esta nueva penalización, la Seguridad Social obliga a que la responsabilidad del pago recaiga únicamente en la empresa que incumpla la ley, y prohíbe que esta multa sea objeto de cualquier tipo de seguro o póliza de cobertura, obligando al empresario a responder con su patrimonio.
Cuatro aspectos clave para el cálculo
La cifra de los 25.629,87 euros ha sido calculada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el que ha tenido en cuenta el volumen de incapacidades permanentes, la frecuencia histórica de la sanción, el tipo medio aplicado, y la pensión media de referencia.
La Seguridad Social proyecta que la entrada al catálogo oficial de patologías como la distonía focal (trastorno neurológico del movimiento que provoca contracciones musculares involuntarias, espasmos y posturas) y el cáncer de ovario por amianto provocará una media de 80 procesos de incapacidad permanente en 10 años.
Si a eso se suma que el periodo 2016-2025 refleja que el 4,3% de las pensiones de incapacidad permanente derivadas de enfermedad profesional conllevan la imposición efectiva de un recargo por falta de medidas de seguridad, se tiene en cuenta la penalización del 40%, y que la pensión media de incapacidad permanente por enfermedad profesional registrada en diciembre de 2025, fue de 1.331,56 euros mensuales; da como resultado los 25.629,87 euros que tendrán que desembolsar las empresas infractoras.
El impacto presupuestario global de la reforma
La incorporación de nuevas patologías como enfermedades profesionales aumenta el gasto en prestaciones económicas. Tal y como señala Seguridad Social, esta cifra asciende a 136.309,93 euros al año.
Según los cálculos realizados por la cartera que lidera Elma Saiz, el gasto en incapacidad temporal se incrementará en 92.740,54 euros al año (la distonía focal supone 30.536,26 euros anuales, y el cáncer de ovario genera 62.204,28 euros al año).
Por su parte, la incapacidad permanente incrementará el gasto en 9.338,88 euros anuales, y las pensiones de viudedad en 34.230,61 euros al año. A estos costes, además, se suman 3.100 euros anuales en cargas administrativas.
Las patologías de las limpiadoras y camareras de piso, a coste cero
Una de las novedades de la norma es la incorporación de las patologías que influyen a las camareras de piso y a las limpiadoras. “Dolencias de muñeca, codo y antebrazo derivadas de su actividad se incorporarán al cuadro de enfermedades profesionales”, señaló la ministra de Seguridad Social.
Respecto al coste que supone esta incorporación para las arcas del Estado, la Memoria publicada en Audiencia Pública señala que el efecto económico será de cero euros. El Gobierno justifica la ausencia de coste adicional señalando que se trata de un “ajuste aclaratorio y de sistematización”.
La Seguridad Social sostiene que estas trabajadoras ya estaban protegidas por el ámbito general de la norma de 2006 y que sus lesiones ya venían siendo reconocidas como contingencia profesional en la práctica administrativa y judicial. Lo mismo ocurre con la incorporación de la COVID-19 en el sector sanitario y asistencial, o con la reorganización del acrilonitrilo (compuesto químico líquido, incoloro, volátil y con un olor penetrante similar a la cebolla o al ajo) como agente carcinógeno independiente (Agente S).
El texto modifica las descripciones del Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006 para incorporar a este colectivo de mujeres trabajadoras en los cuadros de sobrecarga biomecánica por movimientos repetitivos y posturas forzadas. En concreto, se protegen expresamente las patologías crónicas del manguito de los rotadores en el hombro, la epicondilitis (tendinopatía de los tendones que se insertan en el epicóndilo lateral del codo), epitrocleítis (inflamación de los tendones de los músculos del antebrazo que se insertan en la epitróclea), y el síndrome del túnel carpiano en la muñeca.