El próximo 4 de septiembre, el Ministerio de Hacienda celebrará, junto a las Comunidades Autónomas, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que abordarán la reforma del sistema de financiación autonómica. Si bien es cierto que el encuentro estaba previsto para la última semana del mes de julio, la cartera que dirige Arcadi España se decantó por un aplazamiento después de que las regiones gobernadas por el Partido Popular solicitaran un retraso al considerar que no disponían de la información suficiente para analizar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.
En el propio escrito, estas comunidades reprochaban al Ministerio que no había facilitado la información necesaria para evaluar el impacto real del nuevo modelo y consideraban insuficiente el plazo concedido para estudiar la documentación remitida tras la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del pasado 14 de julio.
Un “agujero” de hasta 10 puntos en el gasto sanitario
A apenas dos semanas de que se celebre el CPFF, Fedea ha publicado un informe en el que advierte que la nueva propuesta de financiación infravalora el coste real de los servicios de Sanidad y Educación.
El informe denuncia que el peso que se le da a cada competencia no ha sido actualizado para reflejar el patrón de gasto observado en las autonomías de régimen común. Los datos señalan que, en el caso del gasto sanitario, el sistema actual y la propuesta del Gobierno le asignan un peso del 38% en el reparto de fondos. Sin embargo, el gasto neto real que las comunidades destinan a hospitales y centros de salud (con datos de 2023) representa, de media, el 48,29% de sus presupuestos operativos. Por lo que el nuevo modelo de financiación presenta un “agujero” de más de 10 puntos.
Más de 8 puntos menos en el gasto educativo
Un caso similar ocurre con el gasto educativo. Mientras que la fórmula utilizada por Hacienda le otorga un peso del 20,5%, las comunidades autónomas realmente destinan el 28,11% de sus recursos netos a esta competencia.
Para corregir este desequilibrio, Fedea propone una “revisión al alza” que eleve el peso de la sanidad en casi 9 puntos porcentuales y el de la educación en casi 7 puntos. Todo ello, con el objetivo de que el sistema de financiación sea recoja de la forma más representativa el peso real que destinan las CCAA a ambas partidas.
Corregir los “servicios generales”
Por su parte, desde Fedea señalan que en la partida de “Servicios Generales” entre los que se incluye el dinero público destinado a vivienda, cultura, infraestructuras y administración; ocurre el efecto contrario. Con la fórmula propuesta, se les asigna un peso del 30%, mientras que el gasto real que las comunidades dedican a estas partidas es apenas del 15,62%.
En este sentido, desde Fedea reclaman reducir a la mitad el peso de los Servicios Generales en la reforma de la financiación autonómica (hasta el 15,15%) para liberar esos recursos y redistribuirlos hacia Sanidad y Educación.
Cambios en las cláusulas de ‘statu quo’
Otra de las críticas que realiza Fedea en su análisis es el diseño de las cláusulas de statu quo, aquellas que tratan de garantizar que ninguna región reciba menos dinero que con el modelo anterior.
Con el diseño actual, estas cláusulas son indefinidas y se actualizan con el índice de ingresos tributarios (ITE). Un aspecto que, para Fedea genera una “excesiva inercia” que impide que el sistema evolucione hacia una mayor equidad distributiva. Ante esta crítica, propone que el statu quo tenga un carácter transitorio y desaparezcan en cinco años.
Reclama evitar las prisas con la reforma de la financiación autonómica
Ante la convocatoria del CPFF el próximo 4 de septiembre, Fedea recomienda al Gobierno evitar las prisas. Si bien es cierto que el informe concluye que la propuesta tiene elementos positivos como la simplificación de algunos fondos ad hoc –mecanismos que permiten asignar recursos de forma diferenciada entre territorios-, indica que necesario “darle otra vuelta al problema” para alcanzar un consenso más amplio.
Cataluña, clave en la reforma
Uno de los motivos por los que las regiones gobernadas por el PP rechazan el nuevo modelo de financiación es porque critican que la propuesta sea, a su juicio, consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC y denuncian que el procedimiento seguido “ha viciado por completo” la negociación al no haberse desarrollado, según sostienen, mediante un verdadero proceso multilateral.