El Gobierno mantiene, por ahora, intacto el calendario de cierre nuclear. Sara Aagesen está a la espera de recibir el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear para tomar una decisión sobre la central de Almaraz, la única que de manera oficial ha solicitado prorrogar su vida útil desde 2027 al 2030. Este informe, preceptivo y vinculante, establecerá en el caso de aprobar la prórroga una serie de condiciones para seguir operando. A su vez, desde el ministerio de Transición Ecológica se aferran a otras dos exigencias para su continuidad: que una extensión de la vida útil no suponga una carga para los consumidores y que no se ponga en riesgo la seguridad del sistema eléctrico.
«La posición del Gobierno no se ha movido sobre Almaraz en ningún momento»
🔹 VP Sara Aagesen atiende a los medios de comunicación pic.twitter.com/M7SPpHC64H
— Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) October 31, 2025
Entretanto, desde Europa se eleva la presión sobre el Ejecutivo frente a su hoja de ruta antinuclear. Después de la presidenta Úrsula von de Leyen se haya manifestado a favor de esta generación en un contexto de crisis energética, ahora lo acaba de hacer también el Parlamento Europeo. La Eurocámara asume como propias las reivindicaciones en apoyo a la extensión de la vida útil de la central extremeña.
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara reclama suspender “inmediatamente” cualquier medida dirigida al cierre de Almaraz y alerta de que reducir la generación nuclear estable puede agravar la vulnerabilidad del sistema eléctrico en un contexto marcado por los apagones y la elevada penetración de renovables intermitentes.
Un cierre “ideológico”
Así, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo insta a España a “reconsiderar” una política de abandono nuclear “impulsada ideológicamente”. Y pide paralizar cualquier decisión irreversible hasta contar con una evaluación “integral, independiente y públicamente accesible” sobre el impacto del cierre en la seguridad energética, los precios de la electricidad, la competitividad industrial, el empleo y la cohesión territorial.
El documento sitúa además el debate nuclear en el centro de las preocupaciones sobre la seguridad de suministro tras el apagón sufrido en la Península Ibérica. La delegación europea expresa su “seria preocupación” por la reciente inestabilidad del sistema eléctrico, al tiempo que cuestiona la falta de “plena transparencia” sobre las causas del incidente. En este sentido, reclama además una evaluación “integral e independiente” del apagón, incluyendo el papel del mix de generación y los factores regulatorios.
Vulnerabilidad estructural
En este contexto, advierte de que la menor disponibilidad de generación estable, incluida la nuclear, “puede haber aumentado la vulnerabilidad estructural del sistema”, especialmente en un escenario de alta penetración de renovables intermitentes. Así, el informe insiste en que la transición energética debe ser “pragmática, tecnológicamente neutral y basada en la seguridad de suministro, la asequibilidad y la competitividad industrial”.
El Parlamento Europeo va más allá y aboga por la ampliación de la vida operativa de Almaraz “al menos hasta 2040” y a estudiar futuras extensiones conforme a las mejores prácticas internacionales. El informe recuerda que reactores similares en Estados Unidos continúan operando más allá de los 60 años y subraya que la Taxonomía Verde de la UE reconoce la energía nuclear como una actividad esencial para la mitigación climática.
El 7% de la electricidad nacional
La misión parlamentaria avisa de los riesgos para el conjunto del sistema energético español: la central aporta aproximadamente el 7% de la electricidad nacional y actúa como generación estable de respaldo. Dado que sostiene unos 4.000 empleos directos e indirectos y representa uno de los principales motores industriales de Extremadura, alerta de que clausurar la instalación aceleraría la despoblación en zonas rurales vulnerables.
La delegación europea afea que desde el Ministerio para la Transición Ecológica no se atendiera a la misión. Según el informe, su presencia habría demostrado el compromiso del Ejecutivo con las preocupaciones planteadas por autoridades regionales, municipios y agentes sociales. Otro de los puntos cuestionados por Bruselas es el marco fiscal que soporta la energía nuclear en España. La Comisión de Peticiones considera que impuestos estatales, gravámenes regionales y tasas sobre combustible gastado “socavan significativamente” la viabilidad económica de las centrales y reclama revisar esta fiscalidad para garantizar condiciones equitativas frente a otras tecnologías.
Operación reforzada
Aunque el informe no tiene carácter vinculante, eleva la presión sobre el Gobierno en un momento crucial del debate energético español. Además, coincide con las implicaciones de la denominada “operación reforzada”, el mecanismo activado por Red Eléctrica de España tras el apagón del 28 de abril de 2025 para garantizar la estabilidad del sistema.
Según un informe elaborado por la asociación de consumidores ConsumES, la operación reforzada ha estabilizado el sistema eléctrico, aunque a costa de un fuerte incremento de los servicios de ajuste y de una mayor utilización de generación síncrona, especialmente ciclos combinados de gas. En su opinión, esta estrategia está disparando el coste de las restricciones técnicas, con una repercusión en la factura eléctrica. Y advierte que el sobrecoste de la operación reforzada superará los 7.000 millones en 2026.
En este contexto, el respaldo del Parlamento Europeo a a continuidad de Almaraz obligará al Ejecutivo a explicar cómo garantizará la estabilidad del sistema eléctrico sin un encarecimiento de los costes de ajuste en un escenario de cierre progresivo del parque nuclear.