Miles de abogados, arquitectos y otros profesionales que durante años cotizaron a mutualidades alternativas en lugar de hacerlo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos podrían tener, por fin, una vía para acceder a una pensión pública. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja ya en el reglamento que dará forma práctica a la conocida como pasarela al RETA, el mecanismo que permitirá trasladar esas aportaciones al sistema público de forma voluntaria.
La ministra Elma Saiz y el secretario de Estado, Borja Suárez, han encabezado esta semana una nueva ronda de contactos con los colectivos afectados. El más reciente ha sido con Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, con quien el departamento ha repasado los pasos para poner en marcha un sistema que lleva meses reclamando el sector profesional.
Una norma aprobada que aún necesita desarrollo
El Congreso de los Diputados dio luz verde a la ley que habilita esta pasarela el pasado 23 de julio, pero el texto aprobado marca solo el marco general. Falta el reglamento que concrete cómo se ejecutará el traslado de las aportaciones, qué requisitos deberán cumplir los profesionales y en qué plazos podrá solicitarse. Es precisamente ese desarrollo normativo el que ocupa ahora al Ministerio, que se ha comprometido a tramitarlo con la mayor rapidez posible sin dejar fuera a los colectivos implicados.
Saiz y González Martín coincidieron en la necesidad de no dilatar los plazos. El encuentro se enmarca en una serie de reuniones que el Ministerio mantiene con distintas profesiones —no solo la abogacía— para recoger sus impresiones antes de cerrar el texto definitivo del reglamento.
Quién puede beneficiarse de la pasarela
La medida está pensada para los autónomos que, en lugar de cotizar a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia, canalizaron sus aportaciones durante años a mutualidades alternativas propias de determinadas profesiones. Ese modelo, habitual entre abogados y arquitectos, ha dejado a muchos de estos profesionales en riesgo de recibir prestaciones insuficientes al llegar a la jubilación, muy por debajo de lo que percibiría alguien con una trayectoria de cotización equivalente en el RETA.
La pasarela busca corregir precisamente esa brecha, ofreciendo la posibilidad de trasladar el historial de aportaciones al sistema público. Eso sí, el mecanismo tendrá carácter estrictamente voluntario: será cada profesional quien valore si le compensa dar el paso, en función de su situación particular y de los años cotizados a la mutualidad.
El diálogo con los colectivos, como condición previa
Desde el Ministerio insisten en que el reglamento no se redactará al margen de quienes lo van a utilizar. La ministra ha agradecido públicamente la disposición del Consejo General de la Abogacía Española a participar en este proceso y ha señalado que las conversaciones continuarán mientras avanza la tramitación. “Desde el Ministerio vamos a seguir escuchando, dialogando y trabajando conjuntamente para seguir avanzando”, ha declarado Elma Saiz.
Esa vocación de diálogo responde también a la complejidad técnica del proceso: no se trata solo de aprobar una norma, sino de diseñar un procedimiento que sea viable tanto para la Administración como para las propias mutualidades, que deberán ceder o coordinar la información de sus mutualistas con la Seguridad Social.
Mientras se ultima el texto, el mensaje del Ministerio a los colectivos profesionales es de compromiso con los plazos: la ley ya está aprobada, y ahora el foco está en que el reglamento llegue cuanto antes para que miles de profesionales puedan empezar a decidir, con reglas claras, si trasladan su futuro al sistema público de pensiones.