El Gobierno ha incorporado tres nuevas medidas a la futura Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales con el propósito de elevar la presión sobre las grandes plataformas tecnológicas. Las propuestas incluyen la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, la creación de un delito relacionado con la manipulación algorítmica y la posibilidad de exigir responsabilidades penales a los directivos que no retiren contenidos ilícitos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado estos cambios a través de sus redes sociales, donde ha defendido que España debe avanzar hacia un entorno digital más seguro para niños y adolescentes. “Este Gobierno no se va a rendir ante tecno-oligarcas”, ha afirmado.
Las medidas, sin embargo, todavía no se aplican de manera inmediata. Forman parte de un proyecto de ley orgánica que continúa tramitándose en el Congreso y que puede experimentar modificaciones antes de su aprobación definitiva.
Las redes sociales quedarían prohibidas para los menores de 16 años
La primera modificación de la Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales elevará hasta los 16 años la edad mínima para acceder a las redes sociales. Las plataformas deberán implantar sistemas eficaces de verificación que permitan comprobar que sus usuarios cumplen ese requisito.
La medida pretende evitar que las compañías se limiten a solicitar una fecha de nacimiento que puede falsificarse en cuestión de segundos. El desafío estará en desarrollar mecanismos que acrediten la edad sin obligar a los usuarios a entregar más datos personales de los estrictamente necesarios.
La prohibición no significa que un menor de 16 años pueda entrar en una red social únicamente con la autorización de sus padres. Según el planteamiento anunciado por el Gobierno, las plataformas tendrán que impedir directamente su acceso, aunque el desarrollo definitivo dependerá de cómo quede redactada la norma tras su paso por las Cortes.
España se suma así a un debate que ya está presente en otros países europeos: cómo proteger a los menores frente al contenido violento, la pornografía, el acoso, los desafíos peligrosos o los diseños tecnológicos creados para prolongar el tiempo de conexión.
La manipulación algorítmica podría convertirse en delito
Seguimos avanzando para proteger a nuestros menores en las redes sociales.
Cumpliendo lo que anunciamos en febrero, hoy incluimos en la futura Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales tres medidas esenciales:
– Prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 2, 2026
La segunda medida afecta al corazón del modelo de negocio de las plataformas. La futura Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales pretende tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación deliberada de contenidos ilegales.
Los algoritmos seleccionan qué publicaciones aparecen primero, cuáles adquieren mayor difusión y qué vídeos se recomiendan a cada usuario. Esa capacidad convierte a las empresas tecnológicas en algo más que simples espacios donde otras personas publican mensajes: sus sistemas deciden activamente qué contenido gana visibilidad.
El cambio anunciado permitiría perseguir penalmente determinadas actuaciones cuando una plataforma altere sus herramientas de recomendación para impulsar contenidos ilícitos. No bastaría, por tanto, con demostrar que una publicación ilegal circuló por una red social. Tendría que acreditarse que existió una manipulación o amplificación consciente en los términos que finalmente establezca el Código Penal.
La redacción concreta será decisiva. Conceptos como manipulación algorítmica deberán definirse con precisión para diferenciar una decisión empresarial ilícita del funcionamiento ordinario de unos sistemas que organizan millones de publicaciones cada día.
Responsabilidad penal para los directivos de las plataformas
La tercera novedad contempla que los responsables de las empresas puedan responder penalmente cuando no retiren contenidos ilegales. El objetivo es impedir que las decisiones sobre moderación queden diluidas dentro de estructuras corporativas complejas en las que resulta difícil identificar quién dio una orden o permitió una infracción.
Hasta ahora, buena parte de las obligaciones europeas se ha centrado en sanciones administrativas contra las compañías. La propuesta del Ejecutivo da un paso más al señalar a sus directivos cuando, teniendo conocimiento de la existencia de un contenido ilícito, no adopten las medidas necesarias para eliminarlo.
Esto no implicaría que un ejecutivo sea detenido cada vez que aparezca una publicación ilegal en su plataforma. Para que exista responsabilidad penal deberán concurrir los requisitos previstos en la ley, como el conocimiento de los hechos, la capacidad real para actuar y una conducta atribuible personalmente al responsable.
Una ley más amplia que todavía debe superar el Congreso
Las tres medidas se integran en una norma que incluye otras actuaciones destinadas a proteger a la infancia. El proyecto contempla la obligación de incorporar controles parentales en los dispositivos, reforzar la educación digital, regular determinados mecanismos de verificación de edad y actualizar la respuesta penal frente a conductas como los montajes sexuales realizados mediante inteligencia artificial.
La Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales también busca trasladar parte de la responsabilidad que actualmente soportan las familias hacia las compañías que diseñan las aplicaciones. La tesis del Gobierno es que no puede exigirse únicamente a los padres que controlen unas plataformas construidas para captar atención y recopilar información sobre sus usuarios.
No obstante, el anuncio del Ejecutivo no equivale a una aprobación definitiva. Al tratarse de una ley orgánica, el texto necesitará mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto. Después deberá continuar su tramitación parlamentaria y publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
Hasta entonces, los menores de 16 años podrán seguir accediendo a las redes sociales conforme a las reglas actuales de cada plataforma. Las nuevas prohibiciones, delitos y responsabilidades solo podrán exigirse cuando la ley entre formalmente en vigor y se desarrollen los mecanismos técnicos necesarios para aplicarla.