La Inspección de Trabajo y Seguridad Social pondrá en marcha un servicio de apoyo psicológico a funcionarios después de detectar un fuerte aumento de los episodios de violencia externa contra su personal. El organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha adjudicado un contrato de 37.585 euros para implantar un programa especializado de acompañamiento emocional y atención psicológica.
La empresa seleccionada ha sido Emocional Technologies 22, que desarrollará el denominado Programa de Acompañamiento Emocional del Empleado. El servicio tendrá una duración inicial de 12 meses desde su formalización, aunque el pliego contempla la posibilidad de prorrogarlo por otro año si las partes lo acuerdan y persisten las necesidades del organismo.
La decisión llega después de que la Inspección registrara durante 2024 un total de 33 incidentes de violencia externa. La cifra supone un incremento del 57% respecto al ejercicio anterior y ha llevado a la institución a reforzar sus medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales que afectan a su plantilla.
Un servicio confidencial para todo el personal de la Inspección
El nuevo servicio de apoyo psicológico a funcionarios no estará limitado únicamente a quienes sufran una agresión directa durante una actuación inspectora. El programa se dirige a todo el personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto al que realiza labores de inspección como al que desempeña funciones administrativas o de atención al público.
La asistencia será profesional, accesible y confidencial. Su objetivo será orientar y acompañar a los empleados ante problemas relacionados con la salud mental, como ansiedad, alteraciones del estado de ánimo o dificultades de adaptación vinculadas al trabajo.
El contrato también prevé una respuesta rápida en situaciones especialmente delicadas. Cuando un funcionario atraviese un episodio de violencia, conflicto o alta tensión emocional, podrá activarse un apoyo inmediato de contención psicológica. La intención es reducir el impacto del incidente y evitar que sus consecuencias se prolonguen sin atención especializada.
Además, el programa incorpora seguimiento posterior para los trabajadores afectados. No se trata solo de intervenir en el momento crítico, sino de acompañar a la persona una vez superada la situación inicial y comprobar si necesita apoyo adicional.
La violencia externa crece un 57% en un año
El principal motivo de la adjudicación es el aumento de la conflictividad sufrida por el personal de la Inspección en el ejercicio de sus funciones. Durante 2024 se contabilizaron 33 incidentes de violencia externa, un repunte del 57% en comparación con el año anterior.
La evaluación de riesgos psicosociales aprobada en junio de 2024 calificó el riesgo de violencia externa para el personal inspector como un riesgo “no controlado”. Esa conclusión obligaba al organismo a planificar medidas correctoras para proteger a su plantilla.
La actividad de la Inspección puede desarrollarse en contextos especialmente tensos. Sus funcionarios intervienen en empresas, centros de trabajo y situaciones donde pueden aflorar conflictos laborales, sanciones, reclamaciones o incumplimientos. La autoridad pública que ejercen puede convertirlos en objetivo de amenazas, insultos, coacciones o agresiones.
El nuevo programa pretende reconocer esa realidad y ofrecer una respuesta estructurada. La protección ya no se plantea únicamente desde la seguridad física, sino también desde la salud mental y la reparación emocional después de un incidente.
Videoconsultas, chat de apoyo y citas en 24 horas
El contrato se adjudicó finalmente por 37.585 euros, por debajo del presupuesto base de licitación, que alcanzaba los 42.000 euros. Durante el procedimiento se presentaron cinco ofertas económicas y la resolución definitiva fue firmada por la directora del organismo, Cristina Fernández.
Entre los criterios técnicos valorados figuraba la rapidez en la atención psicológica. Las ofertas que garantizaban una cita en un plazo igual o inferior a 24 horas podían obtener la máxima puntuación en este apartado.
El servicio también incluye videoconsultas y un chat interactivo de apoyo psicológico durante los sábados, tanto en horario de mañana como de tarde. La disponibilidad fuera de los días laborales habituales busca facilitar el acceso a quienes necesiten orientación después de una situación complicada.
Junto a la atención individual, el programa contempla actividades de formación, información y psicoeducación. Estas actuaciones estarán orientadas a mejorar la gestión emocional, prevenir riesgos psicosociales, reforzar la resiliencia y promover el bienestar psicológico dentro del organismo.
Un contrato ligado a la prevención de riesgos laborales
La memoria técnica vincula el nuevo servicio de apoyo psicológico a funcionarios con la obligación de proteger la salud de los trabajadores recogida en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Esa protección incluye también los riesgos psicosociales y la necesidad de adaptar el trabajo a las características de las personas.
El programa se alinea además con el protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo dentro de la Administración General del Estado y con los compromisos derivados del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público.
También responde al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, en vigor en España desde mayo de 2023, que obliga a promover entornos laborales libres de violencia y acoso. En la práctica, esto implica disponer de mecanismos de prevención, apoyo y reparación cuando se producen situaciones de conflicto.
El aumento de incidentes en la Inspección de Trabajo muestra que la protección de los empleados públicos no puede limitarse a evitar daños físicos. La exposición continuada a amenazas, tensión o agresividad también deja consecuencias psicológicas. Con este contrato, Trabajo intenta ofrecer una respuesta más rápida y especializada a un problema que ya ha sido identificado como no controlado dentro del propio organismo.