Comunidad Valenciana

La jueza del caso Azud destapa la presunta financiación irregular del PSOE valenciano

El auto del caso Azud apunta a una presunta financiación del PSPV-PSOE a través de empresarios que habrían sufragado gastos de sus campañas electorales de 2007

Fotos de archivo del exvicealcalde de València Alfonso Grau (i) y del exsubdelegado del Gobierno en València Rafael Rubio. EFE/Gustavo Grillo/Manuel Bruque
Fotos de archivo del exvicealcalde de València Alfonso Grau (i) y del exsubdelegado del Gobierno en València Rafael Rubio. EFE/Gustavo Grillo/Manuel Bruque

La investigación del caso Azud ha acreditado pagos por 484.480,46 euros a cinco empresas que realizaron trabajos vinculados a la campaña electoral del PSPV-PSOE en 2007. El dinero fue canalizado a través de Gigante Edificaciones y Obras, una sociedad vinculada al empresario Joaquín Pastor Rico que habría actuado como intermediaria para abonar facturas de proveedores electorales.

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, Pepa Tarodo, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra 38 investigados por presuntos delitos de corrupción relacionados con contratos del Ayuntamiento de Valencia durante la etapa final del mandato de Rita Barberá y con operaciones urbanísticas en otras localidades de la Comunidad Valenciana, como Xixona, La Vila Joiosa, Burjassot y Benicàssim.

La instrucción afecta a políticos, abogados, funcionarios y empresarios. Entre ellos figuran el que fuera mano derecha de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, Alfonso Grau; su cuñado, José María Corbín; y el exsubdelegado socialista del Gobierno en Valencia Rafael Rubio.

El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. EFE/ Kai Försterling
El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. EFE/ Kai Försterling

Intereses de Febrer para conseguir financiación

El origen de esta operativa se encuentra, según reconstruye el auto, en los intereses empresariales de Jaime Febrer y el Grupo Axis, que pretendía desarrollar el PAI El Espartal, en Jijona. El proyecto necesitaba garantizar suficientes recursos hídricos y la investigación sitúa al abogado José Luis Vera como encargado de realizar gestiones ante distintas instancias y, especialmente, ante Acuamed.

La intervención resultaba especialmente beneficiosa para Febrer porque permitiría que el Estado asumiera el coste de la ampliación de la desaladora necesaria para garantizar el suministro de agua del proyecto. Es en ese momento cuando aparece la conexión con el PSOE.

La investigación detalla la operativa y pone cifras a los pagos: 141.923,68 euros a Metrofilms; 120.004 euros a Industria Gráfica Valenciana (Ingraval); 102.080 euros a KEY S.A.; 87.105,70 euros a Publipress y 33.367,08 euros a Cronosport.

Implicaciones de dirigentes socialistas

El auto también menciona al histórico dirigente socialista Rafael Rubio, relacionado con “regalos de Navidad”. La resolución recoge que José Luis Vera -abogado vinculado al partido- y Rubio recibieron “cajas de vino y cajas de champagne francés”, además de señalar contactos con el entorno de Febrer y movimientos económicos. En concreto, recoge 197.256 euros ingresados en efectivo mediante 77 imposiciones entre 2007 y 2013.

El exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, a su salida en un coche policial tras el registro efectuado en su domicilio por agentes de la UCO en 2021. EFE/ Biel Aliño
El exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, a su salida en un coche policial tras el registro efectuado en su domicilio por agentes de la UCO en 2021. EFE/ Biel Aliño

Según la investigación, Febrer entendió que debía pagar un “peaje” para obtener resultados favorables a los intereses de Axis. La investigación sitúa reuniones entre el empresario, Vera y personas vinculadas al PSOE, especialmente José María Cataluña, antiguo responsable de Finanzas del PSPV-PSOE.

Casi medio millón para gastos electorales

La estructura articulada a través de Gigante Edificaciones y Obras habría servido, según la investigación, para “inyectar dinero” en la campaña electoral socialista de 2007. La sociedad asumía facturas de empresas, de forma que el dinero no era ingresado directamente en las cuentas del partido, sino destinado al pago de sus proveedores.

Según la resolución, la sociedad habría sido utilizada para desviar fondos, efectuar reintegros en efectivo y realizar pagos amparados en contratos que no respondían a servicios reales.

Uno de los casos es el de Cronosport, al que Gigante Edificaciones y Obras abonó a esta compañía 33.367,08 euros por un pedido realizado por Contexto Moda y Comunicación, empresa que llevaba la campaña electoral del PSOE de 2007 y, concretamente, la candidatura de Carmen Alborch para la compra de merchandising.

Miembros de la UCO se llevan material de la vivienda del exvicealcalde de Valencia, Alfonso Gra. EFE/ Kai Försterling
Miembros de la UCO se llevan material de la vivienda del exvicealcalde de Valencia, Alfonso Gra. EFE/ Kai Försterling

La investigación también detalla los pagos realizados de 120.004 euros a Industria Gráfica Valenciana (Ingraval) mediante cuatro facturas. La compañía había recibido del PSOE el encargo de la “Edición del programa autonómico de las Elecciones 2007”. Sin embargo, el partido únicamente habría declarado 19.000,18 euros como gasto electoral correspondiente a esta empresa.

Folletos, vallas y Unión Valenciana

No fue el único proveedor. Gigante Edificacione y Obras pagó otros 87.105,70 euros a Publipress en cuatro pagos. Las facturas correspondían a la elaboración de folletos y vallas publicitarias para la campaña electoral de 2007.

El auto recoge además una operación relacionada con KEY, que fue contratada para realizar el “buzoneo” de Unión Valenciana, incluida la impresión de candidaturas y sobres electorales de esa formación. La explicación recogida en el auto es que la operación pretendía favorecer a Unión Valenciana para restar votos al PP en las elecciones de 2007.

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