La nueva Ley de Vivienda de Aragón tendrá que esperar al menos hasta después del verano. El Gobierno autonómico mantiene el compromiso de impulsar una norma propia en esta legislatura, pero los tiempos parlamentarios ya hacen inviable que el texto pueda aprobarse antes de que termine el actual periodo de sesiones. La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, ha asumido que el proyecto no llegará a tiempo para los dos plenos ordinarios que quedan antes del parón estival, aunque el Gobierno quiere llevarlo a las Cortes dentro de este mismo año.
El calendario retrasa una de las principales promesas políticas del Ejecutivo de Jorge Azcón en materia social. Tanto el presidente aragonés como el consejero de Vivienda, Octavio López, han repetido en las últimas semanas que esta debe ser “la legislatura de la vivienda”. Sin embargo, esa prioridad tendrá que encajar ahora con una tramitación más lenta de lo previsto. La Ley de Vivienda de Aragón no se aprobará antes del verano y, si el proceso avanza como plantea el Gobierno, su aprobación definitiva quedaría ya para 2027.
Una norma que vuelve tras quedar paralizada
La futura Ley de Vivienda de Aragón no parte de cero. El proyecto ya fue aprobado por el Consejo de Gobierno a finales de 2024 y remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, con el objetivo entonces de convertirlo en la primera ley autonómica de vivienda durante 2025. Aquel texto llegó tras una fase de anteproyecto y participación ciudadana en la que, según el Gobierno aragonés, se incorporaron aportaciones al documento inicial.
El problema es que la norma decayó al final de la pasada legislatura por el adelanto electoral, cuando se encontraba en una fase avanzada de tramitación. Ahora el Ejecutivo autonómico quiere recuperarla prácticamente desde el punto en el que quedó. Octavio López ha explicado en las Cortes que la intención es llevar “exactamente la misma” ley para dar por bueno el trabajo parlamentario ya realizado y aprovechar las enmiendas presentadas en su momento por los grupos.
La fórmula busca ahorrar tiempo y evitar que el debate vuelva a empezar desde cero. Para el Gobierno, la vivienda se ha convertido en una prioridad política y también en una urgencia social, especialmente por las dificultades de acceso al alquiler, el encarecimiento de la compra y la escasez de oferta asequible en zonas urbanas y municipios turísticos.
El Gobierno admite que no llegará antes del verano
La vicepresidenta Mar Vaquero ha sido clara sobre los plazos. “Nos quedan dos plenos ordinarios a finales de este mes y junio, pero no va a llegar a final de este periodo de sesiones. Eso sí, será dentro de este año, pero ya en el siguiente periodo”, ha señalado a Aragón Digital al ser preguntada por la tramitación de la Ley de Vivienda de Aragón.
El consejero Octavio López también ha situado el horizonte en la segunda mitad del año. Durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, avanzó que el proyecto llegará “mucho antes de que finalice el año”. Ese margen deja claro que el Ejecutivo quiere reactivar la norma, pero también que la aprobación definitiva no será inmediata.
En la práctica, la Ley de Vivienda de Aragón deberá superar de nuevo el recorrido parlamentario. Aunque el Gobierno intente aprovechar el texto anterior, la composición política de las Cortes y el contexto de la nueva etapa autonómica pueden condicionar el debate. La vivienda se ha convertido en uno de los grandes asuntos de la legislatura, pero también en uno de los más sensibles por su impacto directo en jóvenes, familias, pequeños municipios y zonas tensionadas por la presión turística o la falta de oferta.
El objetivo: más vivienda pública y menos burocracia
La primera versión del proyecto planteaba objetivos ambiciosos. Entre ellos, impulsar la construcción de 1.000 viviendas públicas al año durante una década o más, hasta aumentar de forma significativa el parque público aragonés. También buscaba movilizar suelo, facilitar nuevas promociones y adaptar las soluciones residenciales a las necesidades de cada municipio.
El Gobierno de Aragón ya había presentado el anteproyecto como una herramienta para afrontar “uno de los mayores problemas de los aragoneses”, con especial atención a la agilización administrativa y a la colaboración entre administraciones.
La Ley de Vivienda de Aragón deberá convivir, además, con el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, la estrategia autonómica con la que el Ejecutivo quiere impulsar promociones públicas, alquiler asequible y actuaciones en municipios turísticos o con dificultades de acceso residencial. En los últimos meses, el departamento de Octavio López ha reivindicado proyectos en Zaragoza, Huesca, Teruel y pequeñas localidades aragonesas.