La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha solicitado una investigación sobre la gestión sanitaria tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas. El colectivo ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que denuncia fallos “gravísimos” en la coordinación de los servicios de emergencia.
En el documento, presentado también ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y el Defensor del Pueblo Andaluz, la asociación pone el foco en la actuación del 061 y el 112 durante las primeras horas del siniestro, al considerar que se produjeron deficiencias relevantes en la respuesta asistencial.
Caos en la respuesta inicial
Según trasladan, un informe preliminar de la Guardia Civil apunta a una “importante confusión inicial” entre los distintos centros de coordinación debido al elevado volumen de llamadas y al desconcierto generado tras el accidente. En ese contexto, algunas alertas habrían sido mal interpretadas o asociadas a otro tren, lo que pudo afectar a la rapidez y eficacia de la respuesta.
El escrito también señala problemas técnicos durante la gestión de la emergencia. En concreto, el sistema informático del 061 habría sufrido un bloqueo, obligando a los operadores a gestionar las llamadas manualmente, mientras que parte del personal tuvo que recurrir a teléfonos particulares ante la falta de conexión con el 112.
Pese a estas dificultades, la asociación reconoce la actuación de los profesionales implicados, subrayando que su experiencia fue determinante para afrontar una situación que califican de “caótica” desde el punto de vista técnico.
Asimismo, el colectivo advierte de que estas deficiencias no serían puntuales, sino que responderían a carencias estructurales del sistema de emergencias en Andalucía, denunciadas previamente por distintos perfiles profesionales sin que, según indican, se hayan adoptado soluciones.
Investigación en curso
En paralelo, fuentes vinculadas al operativo apuntan a fallos en la transmisión de información clave entre los distintos organismos, lo que habría impedido aplicar correctamente los protocolos básicos de actuación en emergencias, como la identificación precisa del número de víctimas o la localización de los focos del siniestro.
La asociación considera que esta falta de coordinación pudo agravar las consecuencias del accidente, al retrasar la asistencia sanitaria en un momento crítico. Por ello, además de exigir responsabilidades, ha solicitado la revisión urgente de los protocolos y sistemas de gestión del 061 y el 112.
El caso se encuentra actualmente bajo investigación judicial en un tribunal de Córdoba, al que también se trasladarán estos hechos para su valoración desde el punto de vista jurídico.