El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha acusado este miércoles al Gobierno central de “ocultar” a la Consejería de Justicia de la Junta los datos que necesita para “luchar contra esta lacra”, en referencia a la violencia machista. Lo ha hecho a cuenta de una carta que el vicepresidente segundo del Ejecutivo andaluz, Manuel Gavira, envió en agosto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y que, según denuncia, sigue sin respuesta.
“El Gobierno se niega a responder”, ha afirmado Cortés en rueda de prensa. A su juicio, esa información resulta clave para que la consejería que dirige Gavira, también de Vox, pueda analizar “los recursos materiales y humanos que tenemos ahora mismo para luchar contra esta lacra, la violencia machista”.
El portavoz ha cargado con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Aquí está el Gobierno feminista, el que venía a proteger a las mujeres, y está dificultando la labor de la Consejería de Justicia, que está pidiendo datos objetivos”, ha censurado.
Cortés ha ido más allá y ha calificado de “traidor” al Gobierno en esta materia, al que acusa de haber “soltado a violadores” y de haber puesto a los maltratadores “pulseras que no funcionan”. Además, le reprocha que no entregue “información útil” y que siga sin relacionar la violencia contra las mujeres con “la inmigración que estamos absorbiendo y que no trata a la mujer por igual”.
¿Qué pide la carta?
El escrito, firmado por Gavira el 10 de agosto en su condición de consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, justifica la petición en la necesidad de contar con estadísticas “suficientemente desagregadas” sobre los delitos contra la libertad sexual cometidos en Andalucía para planificar los recursos destinados a la valoración integral de las víctimas.
En concreto, solicita el número de personas condenadas por este tipo de delitos, desglosado por año, provincia, tipo de delito y nacionalidad, distinguiendo entre españoles y extranjeros y, en este último caso, el país de origen. Pide también el número de delitos registrados, enjuiciados o con condena, con el mismo nivel de detalle, y que se diferencie con claridad entre personas condenadas y número de delitos. Incluye además una petición sobre los efectos de la ley del ‘solo sí es sí’: cuántos internos en cárceles andaluzas condenados por delitos sexuales en el ámbito de la violencia contra la mujer han visto revisadas y reducidas sus penas desde su entrada en vigor.
La carta reclama igualmente datos sobre los procedimientos en los que la víctima es una mujer y que, por tanto, podrían requerir la intervención de los servicios de valoración especializada, así como la fuente, la metodología y las limitaciones de cada estadística. Si el ministerio no dispone de la información, le pide que la remita al organismo estatal competente o que indique a quién dirigirse.
Gavira enmarca la solicitud en los cambios legales de los últimos años. La ley de garantía integral de la libertad sexual, de 2022, previó una respuesta judicial especializada para las violencias sexuales, y la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, atribuyó a las Secciones de Violencia sobre la Mujer la instrucción de determinados delitos contra la libertad sexual cuando la víctima es mujer.
Esa ampliación, sostiene el consejero, incide directamente en la carga de trabajo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG). Por eso considera necesario conocer su impacto, “evitando que la planificación de los recursos se realice exclusivamente sobre la base de los procedimientos tradicionalmente incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004“.
La misiva insiste en que la información tiene una finalidad “exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos“. Y justifica la petición del dato de nacionalidad por su utilidad para “prever la gestión de recursos sobre intérpretes y traductores”.