Durante cuarenta y ocho horas, millones de personas confiaron en que bastaría la fuerza de una sociedad unida para salvar la vida de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del Partido Popular secuestrado por tres miembros de ETA el 10 de julio de 1997. La noticia de su muerte, dos días después, apagó cualquier esperanza y quebró la ilusión de que la democracia llegaría a tiempo. España sintió que había perdido de golpe la inocencia.
La banda terrorista había lanzado un ultimátum al Gobierno: si en cuarenta y ocho horas no trasladaba a todos los presos de la organización terrorista a cárceles del País Vasco, ejecutarían al concejal. Comenzó entonces una cuenta atrás que paralizó el país. Cada español conocía la hora exacta en la que expiraba el plazo. Las televisiones interrumpían su programación, las emisoras de radio emitían boletines constantes y las concentraciones se multiplicaban en pueblos y ciudades. El país entero vivió aquella madrugada como una casa que vela a uno de los suyos, aunque casi nadie conocía personalmente a aquel joven de Ermua.
Cuando el ultimátum expiró, ETA cumplió su amenaza. Miguel Ángel apareció gravemente herido en un descampado de Lasarte, con dos disparos en la cabeza. Murió durante la madrugada del 13 de julio en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, de San Sebastián. Las calles que durante dos días habían gritado su nombre quedaron suspendidas entre la incredulidad y la rabia. ETA no solo asesinó a un concejal de 29 años. Disparó contra toda una sociedad y la herida apareció en plazas, balcones y ayuntamientos de toda España. Cambió para siempre la manera de entender la libertad, el miedo y la propia democracia.
Qué queda de su memoria
Veintinueve años después, Miguel Ángel forma parte de la memoria colectiva española. Calles, plazas, monumentos, fundaciones y homenajes mantienen vivo su recuerdo. Sin embargo, basta conversar con estudiantes universitarios o de Bachillerato para comprobar que ese nombre ya no despierta el mismo reconocimiento. Para quienes no vivieron bajo la amenaza del terrorismo, pertenece ya a un pasado que conocen solo de manera fragmentaria.
Miguel Ángel no respondía al perfil de otras víctimas elegidas por ETA por su relevancia institucional o pública. Había nacido en Ermua en 1968, aunque su familia procedía de Galicia. Era licenciado en Económicas, trabajaba como administrativo en una empresa de consultoría y llevaba dos años como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de su localidad. Tocaba la batería, disfrutaba del montañismo, salía con sus amigos los fines de semana y seguía viviendo con sus padres mientras construía, poco a poco, una vida parecida a la de miles de jóvenes españoles de los años noventa. Su padre había trabajado como albañil y su madre era ama de casa. Nada hacía presagiar que aquel joven terminaría ocupando un lugar permanente en la historia reciente del país.
ETA pretendía lanzar un mensaje político y lo que consiguió fue poner rostro a todas sus víctimas. De repente, cualquier ciudadano podía verse reflejado en aquel chico que tenía novia, planes de futuro y una vida corriente. Nunca antes un asesinato de ETA había provocado una movilización semejante. En toda España se sucedieron manifestaciones multitudinarias y concentraciones espontáneas. Las sedes de Herri Batasuna fueron objeto de protestas y, en muchos municipios donde había predominado el silencio, comenzaron a escucharse voces que rechazaban públicamente a la organización terrorista.
El asesinato no derrotó por sí solo a ETA, pero marcó un punto de inflexión. Desde entonces comenzó a perder la legitimidad social que aún conservaba en algunos sectores y entró en un aislamiento político y moral del que nunca volvería a recuperarse. Aquel cambio fue bautizado como el espíritu de Ermua. Más que un movimiento organizado, fue una actitud colectiva que respondía a la convicción de que la defensa de la libertad debía situarse por encima de cualquier diferencia ideológica.
Hasta entonces ETA había asesinado ya a más de 770 personas. Miles de ciudadanos vivían bajo una amenaza permanente y el miedo formaba parte del paisaje cotidiano, especialmente en el País Vasco y Navarra. Había jueces que modificaban cada mañana el recorrido hasta el juzgado. Profesores universitarios que evitaban expresar determinadas opiniones. Empresarios obligados a pagar el llamado impuesto revolucionario. Concejales que miraban bajo el coche antes de arrancar. Policías y guardias civiles que comenzaban el día comprobando que nadie hubiera colocado un explosivo bajo el vehículo familiar. Para quienes crecieron en aquella España, poder expresar una opinión política sin mirar alrededor era una una conquista.
Un nombre más para los libros de Historia
Cada aniversario devuelve el rostro de Miguel Ángel Blanco a la actualidad. En estas tres décadas, la Fundación que lleva su nombre ha desempeñado un papel esencial para impedir que su historia se diluya con el paso del tiempo. También el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Sus responsables insisten en que recordar a ETA significa explicar el contexto de intimidación en el que se produjeron los atentados, el sufrimiento de miles de ciudadanos y el deterioro que la violencia provocó en la convivencia democrática.
El mayor desafío para esa memoria tiene que ver con el tiempo. Los adolescentes que este año terminan el Bachillerato nacieron muchos años después del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA, en 2011. Para ellos, la organización terrorista pertenece a los libros de Historia y el terrorismo ha dejado de ser una experiencia vivida para convertirse en un conocimiento académico… cuando llega a estudiarse.
Una encuesta elaborada por GAD3 en 2020 reveló que alrededor del 60 % de los jóvenes afirmaba no saber quién era Miguel Ángel Blanco y que casi siete de cada diez consideraban insuficiente la enseñanza recibida sobre la historia de ETA. Aquellos resultados abrieron un amplio debate sobre el lugar que ocupa el terrorismo en el sistema educativo, pero las investigaciones posteriores han confirmado una tendencia similar. Un estudio realizado entre estudiantes navarros de Educación Secundaria mostró que solo algo más de la mitad identificaba correctamente qué había sido ETA. El asesinato de Miguel Ángel solo era reconocido por una minoría.
Más recientemente, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo constató que seis de cada diez alumnos de entre 15 y 18 años no sabían citar el nombre de una sola víctima antes de participar en sus programas educativos. Tras esas actividades, el respaldo a incorporar el estudio del terrorismo a las aulas aumentaba de forma muy significativa.
Los datos obligan a preguntarse cómo se transmite una memoria cuando desaparecen quienes la vivieron en primera persona. A esa dificultad se suma otro fenómeno. Con el paso de los años, el recuerdo de ETA es motivo de confrontación política. El debate sobre la política penitenciaria, los pactos parlamentarios con EH Bildu, el relato del final del terrorismo o el significado de la memoria democrática ha terminado proyectándose también sobre la figura de Miguel Ángel Blanco.
El rechazo a la violencia de ETA es uno de los consensos más amplios de la democracia española. Lo que ha cambiado es la posición que ocupa ese recuerdo y la intensidad emocional con la que lo viven quienes no conocieron aquellos años. ¿Comprenden realmente qué significó vivir durante décadas bajo la amenaza de ETA? ¿Saben lo que suponía aceptar un cargo público en determinados municipios? ¿Entienden por qué hubo profesores que optaban por callar y periodistas que medían cada palabra? ¿O jueces que modificaban cada día su itinerario y concejales que salían de casa sin saber si regresarían? ¿Qué saben de las familias que cambiaron de ciudad o las personas que aprendieron a mirar cada mañana los bajos de su coche antes de poner el motor en marcha?
Recordar a Miguel Ángel Blanco exige explicar que hubo un tiempo en el que defender la libertad exigía una valentía extraordinaria y en transmitir que la democracia que hoy parece natural tuvo que abrirse paso frente al miedo, la intimidación y la violencia.