Por primera vez, las dos voces que este año han marcado la apertura solemne del Año Judicial han sido de mujer. Ante Felipe VI, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, Teresa Peramato, fiscal general del Estado, tomó primero la palabra. Después lo hizo Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las mujeres son mayoría desde hace años tanto entre jueces como entre fiscales, pero nunca hasta ahora habían ocupado al mismo tiempo las dos tribunas reservadas a quienes encabezan ambas carreras.
Perelló hizo historia en septiembre de 2024 al convertirse en la primera mujer que presidía el Tribunal Supremo y el CGPJ en más de dos siglos de historia. Peramato llegó a la Fiscalía General del Estado en diciembre de 2025, tras la salida de Álvaro García Ortiz. Su coincidencia ha producido ahora la imagen inédita de dos mujeres dando cuenta ante el Rey y las principales autoridades del Estado de la situación de la Justicia española.
Dos acentos
Aunque con diferente intensidad, sus discursos se han encontrado en la defensa de quienes aplican la ley frente a quienes atribuyen intenciones políticas a sus decisiones. Perelló mantuvo la línea que ha caracterizado sus intervenciones institucionales en la defensa explícita de la independencia judicial y una advertencia contra las presiones políticas. Llegaba, además, con abundante material. La decisión del Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de las nacionalizaciones concedidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática ha provocado duras críticas desde el Gobierno y sus socios. También las actuaciones judiciales relacionadas con la crisis de Ceuta.
Perelló trazó una frontera muy clara. Las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de crítica, pero otra cosa es atribuir a quienes las dictan intereses partidistas. La presidenta recordó que acusar a un juez de resolver un asunto por motivaciones políticas significa poner en cuestión que esté actuando conforme a Derecho e incluso atribuirle una conducta que podría ser delictiva.
Desde que llegó a la presidencia del Tribunal Supremo, ha reclamado respeto a la separación de poderes y ha denunciado los ataques personales contra magistrados, incluidos los que se refugian bajo la acusación genérica de lawfare. Pero también volvió a exigir prudencia a los propios jueces. Independencia no significa ausencia de responsabilidad.
Perelló marca el paso; Peramato se suma
Peramato, en su primera apertura del Año Judicial como fiscal general, defendió la labor de la Fiscalía Anticorrupción y situó la persecución de la corrupción entre las prioridades del Ministerio Público. La corrupción, afirmó, “erosiona la confianza de la ciudadanía” en las instituciones.
En un momento de su discurso Peramato terminó acercándose a la postura de Perelló. La fiscal general denunció que las decisiones procesales de los fiscales sean sometidas a descalificaciones que prescinden de sus fundamentos jurídicos y que se les atribuyan “gratuitamente motivaciones espurias”. También rechazó que se clasifique a los miembros del Ministerio Público entre “buenos y malos fiscales” dependiendo de que sus decisiones favorezcan a unos u otros.
Mientras Perelló dirigía su advertencia hacia las presiones que recibe el Poder Judicial desde la esfera política, Peramato protegía a una Fiscalía cuya imagen de independencia ha sufrido un considerable desgaste.
Mayoría femenina, minoría en el poder
La imagen de Perelló y Peramato culmina una transformación. Las mujeres son ya mayoría en la carrera judicial y representan aproximadamente dos de cada tres miembros de la Carrera Fiscal. Y la tendencia continúa. En la 75.ª promoción de la Escuela Judicial, correspondiente a 2025, el 76,5% de los nuevos jueces en prácticas fueron mujeres. Sin embargo, la igualdad se diluye al ascender en la jerarquía. Los últimos indicadores de la Fiscalía muestran que las mujeres, pese a su amplia mayoría en la carrera, ocupaban el 46% de los cargos directivos; eran el 57% entre los fiscales de Sala de la Fiscalía General del Estado, pero el 27% en la Fiscalía del Tribunal Supremo y el 20% en la Audiencia Nacional y las Fiscalías Especiales.
Una Justicia saturada
Los discursos delataron además que la Justicia española continúa desbordada. Perelló recordó que durante 2025 los tribunales resolvieron más de siete millones de asuntos, un 2% más que el año anterior, pero terminaron el ejercicio con cerca de 4,7 millones pendientes. En algunos órganos ya se están señalando juicios para 2030 y la Sala de lo Civil del Supremo acumula alrededor de 28.000 recursos pendientes. Peramato puso cifras al trabajo de la Fiscalía. 1.770.201 diligencias previas durante 2025, un 4,9% más; 336.041 escritos de acusación y participación de los fiscales en 354.954 juicios.