La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha criticado este jueves la “descalificación sistemática” que, según su criterio, sufre la Fiscalía. La sucesora en el cargo de Álvaro García Ortiz ha indicado en su discurso de apertura del Año Judicial que el Ministerio Público acepta la exigencia que supone dar respuesta a la “creciente demanda de transparencia” y la demanda relativa a la rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, aunque con “transparencia” y “crítica legítima”. Sin embargo, ha matizado la fiscal general del Estado, ello “no puede confundirse con la descalificación sistemática”. En este sentido, la más alta representante del Ministerio Público ha indicado que “en ocasiones” se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales mediante “simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos en los que intervenimos”.
Como ejemplo de ello ha asegurado que se cuestionan “duramente” decisiones procesales concretas “sin atender a los fundamentos legales que las sustentan”; se atribuyen “gratuitamente” motivaciones “espurias” donde únicamente existe una valoración jurídica; y “se distingue entre buenos y malos fiscales según si la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la ley”.
Y es que frente a esas visiones “parciales”, Peramato ha indicado que el Ministerio Público está integrado por personas “altamente cualificadas” que acceden a la carrera tras superar uno de los procesos selectivos más exigentes de la administración pública. “La actuación de todos ellos se rige por los principios de legalidad e imparcialidad y sus decisiones están sometidas al criterio último de los tribunales. Sus dictámenes y escritos procesales se fundamentan únicamente en criterios jurídicos. Y su labor cotidiana transcurre, en inmensa medida, lejos de los focos mediáticos”, ha agregado.
Los fiscales españoles, ha defendido, desempeñan su trabajo en condiciones de “enorme exigencia”, soportando cargas de trabajo “crecientes” y atendiendo asuntos de “extraordinaria complejidad”. “Y lo hacen con discreción, con rigor y con una lealtad total y absoluta a los valores constitucionales que fundamentan nuestra convivencia democrática”, ha apostillado.
Palabras sobre la violencia machista
Asimismo, Peramato ha precisado que la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía pone de relieve unos datos en la Memoria del Ministerio Público “sencillamente intolerables e incompatibles con el nivel de compromiso con los derechos fundamentales que nuestra sociedad proclama”. La fiscal general del Estado ha listado que 50 mujeres fueron víctimas de feminicidios a manos de sus parejas o exparejas, así como que 40 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos en 2025. “Resulta imprescindible seguir reforzando todos los mecanismos de prevención, detección, protección y asistencia a las víctimas, creando las condiciones necesarias para que puedan denunciar con seguridad, confianza y la certeza de que encontrarán una respuesta institucional eficaz que les permita romper el ciclo de la violencia y recuperar su libertad”, ha añadido.
“Reconocimiento y solidaridad” a la ciudadanía de Ceuta
La sucesora en el cargo de García Ortiz también ha llamado a afrontar la crisis migratoria en Ceuta preservando “el principio de legalidad”, algo que “no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas”.
Peramato ha querido trasladar un mensaje de “reconocimiento y solidaridad” a la ciudadanía de la ciudad autónoma, “que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad”. En este sentido ha destacado “de manera especial” la labor de los fiscales en Ceuta, “cuya dedicación y compromiso resultan esenciales para garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas afectadas”, en concreto de los niños y adolescentes.
Es por ello que la fiscal general ha reivindicado que la protección de la infancia “constituye una de las responsabilidades más sensibles y exigentes del Ministerio Fiscal. Peramato ha recordado que para reforzar la capacidad de respuesta del Ministerio Público ante esta crisis migratoria ha acordado enviar a tres fiscales de la península a la ciudad autónoma, medida que se hará efectiva “en próximas fechas”.
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