Los tentáculos de la llamada “fontanera”, Leire Díaz, revelados por el auto del juez Pedraz, parecen no tener fin. Unas conexiones que ponen en jaque el sano funcionamiento de los poderes del Estado.
Tras las últimas averiguaciones judiciales, La Fiscalía General del Estado ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional que el número dos del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, se reunió en dos ocasiones —en marzo y abril de 2025— con el abogado Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán, y con la “fontanera” y militante del PSOE. La dirigente socialista fue presentada en ambos encuentros como mera “compañera de despacho”, aunque la UCO la había identificado previamente como figura central de una presunta red de influencia sobre el Ministerio Público.
El escándalo se agrava por el hecho de que García Ortiz, hoy condenado a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados, fue informado a posteriori de ambos encuentros, lo que contradice la versión de que se trataron de reuniones rutinarias.
La actual fiscal general, Teresa Peramato —nombrada por el propio García Ortiz—, ha ascendido de forma paralela tanto a Villafañe como a Beatriz López Pesquera, la otra fiscal presente en los encuentros, en la primera hornada de nombramientos bajo su mandato.
La Asociación de Fiscales (AF), la entidad mayoritaria y más representativa de la carrera fiscal en España, ha exigido explicaciones “completas y verificables”, advirtiendo de que la falta de transparencia compromete la credibilidad de la institución. Este medio ha contactado con la presidenta, Cristina Dexeus, para analizar la situación que atraviesa la Fiscalía: “El crédito reputacional de la Fiscalía está en las peores horas”, afirma.
¿Cómo analiza las explicaciones de la Fiscalía respecto a las dos reuniones de la mano derecha de García Ortiz con las cloacas del PSOE?
La situación que se plantea es del todo inusual. Esa visita sin registro de ningún tipo, sin cita de ningún tipo, de dos personas en principio anónimas, que son recibidas, sin embargo, en una hora un poco ya intempestiva, última hora de la mañana, primera de la tarde, por la mano derecha del entonces Fiscal General del Estado… Y sin que quede más constancia en ningún tipo de expediente gubernativo del contenido de esa reunión, es absolutamente inusual. Si a eso le unes que dicen que la primera reunión fue inútil o estéril, y pese a todo se concede una segunda reunión y, además se dan después explicaciones al Fiscal General del Estado, todo es más inusual todavía, más incongruente. Por tanto, las explicaciones que se dan al respecto por parte de la Fiscalía General son vagas y genéricas.
¿Cree que las explicaciones generan más confusión?
¿Por qué se recibe a esas personas?, ¿por qué de esa manera?, ¿por qué no queda reflejada el contenido de la reunión?, ¿por qué lo recibe alguien tan relevante de la casa? Efectivamente, hay muchos aspectos que, en lugar de quedar aclarados, quedan muy difusos. Y lo más relevante es que el procedimiento es todo anómalo.
¿Qué pasos han dado desde la AF?
Días atrás, o sea, cuando saltó todo esto a los medios de comunicación, pedimos con cierta discreción a la inspección de la Fiscalía General que tomara cartas en el asunto. Que investigara la realidad de esos encuentros o no, e igualara los respectivos expedientes que procedieran, si es que había una actuación irregular por parte de alguno de los compañeros.
¿Qué respuesta obtuvieron?
No se nos contestó, pero al cabo de horas, se pidió por parte del Fiscal Anticorrupción que la Fiscalía diera explicaciones. Por tanto, ahora mismo ya parece que la vía preferente ha de ser la vía judicial, y nosotros estaremos a la espera. A nosotros no se nos dio contestación alguna.
Respecto a los nombramientos, ¿cree que podrían impugnarse?
Para llegar a ese puente queda mucho trecho. Corresponde al Tribunal desbrozar la intervención que se haya podido tener y en qué hechos, lo demás es hablar de hipótesis, y no me corresponde a mí aventurar nada.
Lo que sí han hecho es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La demanda ante el TEDH está basada en que en los nombramientos, en especial, uno en concreto, que es al que nos referimos, se han marginado los principios de mérito y capacidad. Está hecho con un criterio de selección, en un nombramiento discrecional. Se ha despreciado el mérito y la capacidad. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 6 y 7 de 2026, de 15 de enero, acoge esta tesis. Para nombramientos discrecionales, da por bueno que se releguen esos principios constitucionales de mérito y capacidad y que se nombre alguien que no reúna los mejores méritos en favor de quien es más afín o resulta de mayor confianza para quien lo nombra.
¿Cómo valora la gestión de Conde Pumpido?
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, formaba parte de los miembros de ese Tribunal que accedieron o admitieron a trámite la demanda de uno de los fiscales a los que el Supremo no le dio la razón, por así decirlo, anuló sus nombramientos. Entonces entendemos que hay un vicio en ese procedimiento y que se ha afectado la imparcialidad del Tribunal y que, por tanto, eso es algo grave y que el Tribunal Europeo tendrá que valorar.
¿Cómo cree que afecta esta situación a la reputación de la Fiscalía?
El crédito reputacional de la Fiscalía General nunca ha estado tan comprometido. Estamos en las horas más bajas de la Institución. En lugar de valorar y de educar a la ciudadanía y de ser didáctico y explicar que el Ministerio Fiscal tiene como función aplicar la ley con imparcialidad a todos los ciudadanos y velar por la independencia de los tribunales, lo que vemos es un alejamiento de la defensa de la imparcialidad, porque desde la propia institución se critica, pero no con fundamentos jurídicos, sino con fundamentos populistas de lawfare . ¿Quién se fiará de una institución que genera más oscuridad que confianza?
¿El proceso de los nombramientos está viciado en sí mismo?
Quien elige definitivamente al nombrado es el Fiscal general del Estado. Hace un mes escaso, se ha conformado un nuevo Consejo Fiscal en el que la AF ha arrasado directamente. Pero este órgano no es decisivo, no tiene capacidad real de influencia por mayorías en la decisión del fiscal general. Pasa por el Consejo Fiscal, los vocales emiten su apoyo en favor de uno u otro candidato, pero al final quien decide con total libertad es el Fiscal General del Estado.
¿Habría que limitar ese poder?
El Fiscal General del Estado tiene una capacidad tremenda de hacer y deshacer en el seno de la carrera. Hay que intentar reformar esta situación, conseguir que el Consejo Fiscal tenga fuerza decisoria en algunas cuestiones.
¿Cómo valora la actuación de Peramato?
la imagen de Peramato también está dañada. Cuando salieron todas las noticias no tendría que haber esperado a ningún tipo de reclamación, debiera haber salido la propia Fiscalía a defender la Institución. Y aclarar que está al margen de todas estas presuntas organizaciones o grupos criminales, y que se velará para que no haya ninguna actuación irregular y se investigará lo sucedido y se depurarán responsabilidades. Porque la Fiscalía es una institución que debe velar por la independencia de los tribunales, debió defender a los fiscales que aparecen en esas anotaciones, que que están haciendo un trabajo profesional y que aparecen, no sabemos a qué fin, en las anotaciones de una persona que, supuestamente, lo que pretendía era entorpecer esa labor.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.