La Asociación de Fiscales ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con la política de nombramientos discrecionales en la Fiscalía General del Estado. Esta decisión ha sido tomada después de que el Tribunal Constitucional estimara en enero los recursos de amparo del fiscal Eduardo Esteban y anulara dos sentencias del Tribunal Supremo que revocaron su promoción a la categoría de fiscal de Sala y su nombramiento como fiscal de Sala de Menores, al entender que se vulneró su derecho fundamental a la carrera profesional.
Previamente, en julio del 2023, el Tribunal Supremo acordó anular la decisión de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de nombrar a Esteban como fiscal de Sala de Menores al considerar que no lo motivó suficientemente. Cabe recordar que el Alto Tribunal ya anuló este mismo nombramiento en abril de 2022 por falta de motivación. En respuesta, Delgado volvió a designarlo pero desarrollando las razones por las que le encomendaba este cargo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo afeó a Delgado en la segunda resolución que en su propuesta para nombrar a Esteban ignorara al otro candidato que se presentó para ocupar la plaza, José Miguel de la Rosa, y que tampoco dijera “nada” de los méritos en materia de menores del fiscal que finalmente se hizo con el puesto. “La motivación de la fiscal general del Estado no cumple las exigencias mínimas”, dijeron los magistrados.
El TC señaló tiempo más tarde que con aquellas resoluciones se “desvirtuó el régimen legal de nombramiento discrecional y otorgó un trato desigualitario al recurrente en amparo (el fiscal Esteban) en el acceso al cargo por razón de su menor especialización en menores frente a otros candidatos, criterio que las sentencias impugnadas convirtieron en único y determinante de la resolución del concurso”.
La sentencia de la corte de garantías también reflejó que la ex fiscal general trasladó al Consejo de Ministros que el puesto “no exigía de actuaciones ante los órganos judiciales, sino de tareas de organización, unificación de criterios y dirección de la actividad de los fiscales de menores en todo el territorio del Estado”, lo que “atribuye singular importancia a la experiencia del candidato en áreas organizativas e institucionales”.
Prevalencia de la “discrecionalidad”
La demanda de la Asociación de Fiscales denuncia que esas resoluciones del Constitucional consolidan un modelo de designación en el que “la discrecionalidad del poder público prevalece sobre los principios de mérito y capacidad”, pilares “esenciales” en el acceso y la promoción dentro de la Carrera Fiscal.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha defendido la interposición de la demanda porque las sentencias de la corte de garantías “acogen un criterio de discrecionalidad máxima en los nombramientos de la Fiscalía, en el que la confianza y la afinidad ideológica pueden prevalecer sobre los principios de mérito y capacidad”.
La asociación advierte de que esta doctrina trasciende el caso concreto y “afecta al conjunto del sistema institucional”, al “debilitar las garantías” que deben regir el ejercicio del poder público y “comprometer la credibilidad de la Fiscalía” como institución esencial del Estado de Derecho.
Asimismo, Dexeus ha subrayado que el Constitucional legitima un sistema de designaciones en el que “la afinidad ideológica, cuidadosamente revestida de argumentación jurídica, puede imponerse sobre la especialización técnica exigida para el desempeño del cargo”.
Desde la asociación se pone de relieve que esta situación “no solo afecta al ámbito de la justicia”, sino que proyecta sus efectos sobre el conjunto de la función pública, “al comprometer los principios de imparcialidad, objetividad y sometimiento a la legalidad”. En esta línea, Dexeus ha advertido que “se rompe así un pilar esencial del Estado de Derecho, al sustituir los principios de mérito y capacidad por criterios de afinidad”.
Vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos
Asimismo, la demanda pone de manifiesto la posible vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al haberse adoptado decisiones relevantes con la intervención de un magistrado, el presidente del TC y jefe de Esteban cuando era fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, “cuya imparcialidad se encontraba comprometida”.
Sobre este extremo, Dexeus ha señalado que “en la demanda también se evidencia la quiebra del principio de imparcialidad, al haber intervenido en el procedimiento un magistrado cuya neutralidad se encontraba comprometida por su relación previa con los fiscales afectados”.
La Asociación de Fiscales denuncia, igualmente, la vulneración del artículo 14 del Convenio, al permitir un sistema en el que “criterios ajenos” a la capacidad técnica pueden resultar determinantes en la designación de cargos en el ámbito de la justicia.
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