Cuando hace cinco meses el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló por unanimidad la idoneidad de Teresa Peramato para ser nombrada fiscal general del Estado, se rompió un patrón: antes de ella había que remontarse hasta junio del 2018 para encontrar a un máximo responsable de la Fiscalía que contara con el pleno respaldo del órgano de gobierno de los jueces. Un logro que consiguió María José Segarra. Si bien los predecesores de Peramato en dicho puesto, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, fueron avalados, ambos contaron con varios votos en contra en ese proceso de respaldo del CGPJ contenido en el artículo 124.4 de la Constitución.
Poco tiempo después de aquello Peramato ocupó el cargo de fiscal general con una muy difícil encomienda principal, de la que era plenamente consciente. En su discurso de toma de posesión como máxima responsable del Ministerio Público aseguró que la “profunda herida” abierta a raíz de la condena impuesta a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados debía “sanar”. En aquella alocución también aseguró que la Fiscalía “es la garantía de que ningún interés particular prevalezca sobre el bien común“.
Incluso la presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, -que declaró en El País que el nombramiento de Peramato seguía una “línea continuista” respecto a Delgado y García Ortiz-, dejó un pequeño hueco a la esperanza al expresar que la fiscal general tenía la capacidad de “recuperar el prestigio y la imagen de imparcialidad del Ministerio Público“.
Sin embargo, la Fiscalía hizo público el pasado jueves que Peramato propondrá al Gobierno el nombramiento de 22 altos cargos del Ministerio Público. Entre ellos, fiscales cercanos a esa “línea continuista”, descartando por el camino a personas que han contravenido la línea marcada por ese sector o que se situán más alto en el escalafón fiscal.
En palabras de fuentes fiscales consultadas por Artículo14, la fiscal general del Estado “premió a los aplaudidores” con dichos ascensos. “No se nombra por profesionalidad o mérito, si no por afinidad ideológica”, añaden estas voces autorizadas al respecto. Según las mismas fuentes, Peramato está “haciendo un daño irreparable” al órgano. “En la Fiscalía nunca se ha hecho lo que han hecho García Ortiz y ella”, agregan.
La relegación de Almudena Lastra
Una de esas plazas es la de Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid. Desde la Asociación de Fiscales informaron de que para ocuparla concurrían únicamente dos candidatas: la fiscal designada, Isabel Martín, y Almudena Lastra. Si bien ambas están separadas por algo más de 900 puestos en el escalafón fiscal, Martín fue premiada con este puesto ya que Lastra “tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a Álvaro García Ortíz”, según opinó la citada asociación.
Cabe recordar que quien hasta ahora ha sido Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid relató su sospecha en la fase de enjuiciamiento del caso en el que se terminó condenando a García Ortiz de que él había sido el autor de la filtración de los correos donde se revelaba que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quería llegar a un pacto con la Fiscalía: “¿Has filtrado los correos?”. El que fue máximo responsable del Ministerio Público le respondió que “eso ahora no importa”, pero para ella eso “sí importaba”. “Se me quedó grabado en el alma”, agregó Lastra en sede judicial.
Respecto a Martín, y según el comunicado publicado por la Fiscalía, Peramato justificó esta propuesta debido a su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia”.
Ascenso de la integrante del “equipo Fortuny”
Otra de las proposiciones que hará la fiscal general del Estado será a favor de Pilar Rodríguez, actual Jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, que ocupará la plaza de fiscal del Tribunal Supremo en la Sección de lo Social.
Rodríguez fue componente del equipo Fortuny, el cual se conformó tras la publicación de El Mundo en la que se aseguró que fue el Ministerio Público quien le ofreció un pacto a González Amador para que admitiera dos delitos. La función del equipo Fortuny, nombrado así por la calle en la que se sitúa la Fiscalía General del Estado, fue la de ayudar a García Ortiz a recabar información relacionada con el posible pacto de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para que el ex fiscal general redactara la notoria y delictiva nota informativa con la que intentar desmentir la publicación periodística. Rodríguez, cabe recordar, llegó a ser investigada por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado en la causa penal que siguió contra el que fue máximo responsable de la Fiscalía.
Además de ello, desde la Asociación de Fiscales denunciaron que Rodríguez llega al puesto “sin experiencia previa en la materia y en detrimento de compañeros que sí cuentan con ella”. Esta fiscal arribará a la Sección de lo Social, a la cual fue adscrito García Ortiz cuando dejó su anterior puesto. Según la publicación de la Fiscalía sobre las propuestas hecha pública el pasado jueves, Peramato destacó su “capacidad de gestión y liderazgo al frente de una fiscalía del tamaño de la madrileña, con la trascendencia que tienen muchos de los asuntos que se tramitan en ella”.
La esposa de García Ortiz
Otro de los nombramientos que Peramato propondrá al Gobierno será a favor de Pilar Fernández, integrante de la Fiscalía Provincial de Madrid y esposa de García Ortiz. Fuentes fiscales señalan que ella ha sido elegida para el puesto de Teniente Fiscal de la Fiscalía gallega, pese a que concurría con otros siete candidatos que “tenían Galicia como destino actual” y estaban “conectados con la realidad del territorio”. Además, y conforme al escalafón, Fernández “era la penúltima” de los que se presentaban para esa plaza, pues le separan más de 800 puestos del primer peticionario.
“Fue precisamente Álvaro García quien ascendió a la actual fiscal general del Estado a la condición de Fiscal Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. ¿Cómo se llama a esto en otros idiomas… Quid pro quo?“, sentenció la Asociación de Fiscales sobre este asunto.
Por su parte, Peramato destacó de ella su “conocimiento directo y profundo de todo el territorio gallego, de sus fiscalías territoriales y de la interlocución con las principales instituciones autonómicas”.
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