Colombia aprobó este miércoles una ley histórica para prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF), una práctica que afecta principalmente a las niñas indígenas y cuya prohibición llevaba dos décadas siendo reclamada por organizaciones de derechos humanos y lideresas comunitarias. La iniciativa superó su último debate en el Senado a pocos días del cierre de la legislatura, en una jornada de alta tensión que estuvo marcada por la falta de quórum hasta el último momento.
Entre 2020 y 2025 se documentaron 204 casos de ablación en Colombia, de los cuales 177 correspondieron a niñas indígenas. La práctica fue identificada públicamente por primera vez en 2007, cuando una lideresa de derechos humanos que trabajaba en un resguardo indígena denunció lo que estaba ocurriendo. “No es que no existiera antes”, explica a Artículo14 Leandra Becerra, portavoz de Equality Now en Colombia. “Pero no fue hasta que dos niñas murieran debido a la práctica que esto se pudo visibilizar de manera importante”.
La prevención de la Mutilación Genital Femenina
La nueva norma no crea un nuevo tipo penal, sino una política pública que obliga a diferentes entidades del Estado a articularse y tomar acción. “La ley no tiene una aproximación punitiva”, aclara Becerra. “Lo que hace es crear una política pública que va desde la prevención hasta la atención y el seguimiento de los casos, con mecanismos de sensibilización en el sistema de salud y en el sistema educativo“, resume.
Uno de los elementos centrales de la ley es la mejora en la recopilación de datos. Hasta ahora, el Estado colombiano registraba únicamente los casos que llegaban al sistema de salud, lo que generaba un importante subregistro. “No sabemos realmente en cuántas comunidades puede estar extendida la práctica”, señala Becerra. “Los casos que no reportan complicaciones o que se atienden en el seno de la familia que practica la MGF quedan fuera del conteo“, relata.
La norma también contempla un enfoque intercultural que implica construir la política pública de manera horizontal con las propias comunidades afectadas. “No es desde la hegemonía o desde el escritorio en Bogotá donde se definen las políticas públicas”, subraya la portavoz de Equality Now. En Colombia, contextualiza Becerra, la práctica presenta características propias que la diferencian de otros contextos: no se realiza en el marco de un ritual, afecta a bebés recién nacidas y a niñas de hasta cinco años, y quienes la llevan a cabo son personas del entorno familiar, como abuelas o parteras.
Una batalla hasta el último minuto
Tras meses de incertidumbre llegó por fin la aprobación. El proyecto, presentado en 2024, debía ser aprobado antes del cierre de la legislatura el 20 de junio, ya que de lo contrario habría tenido que reiniciar todo su recorrido parlamentario. Según cuenta Becerra, a la presión del calendario se sumó la campaña para las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que mantuvo a numerosos congresistas alejados del Hemiciclo, y la tramitación urgente de la reforma agraria impulsada por el Gobierno saliente, que bloqueó durante semanas el avance de otros proyectos.
“Ayer pensamos que en un momento que no lo íbamos a lograr”, recuerda Becerra. “Necesitábamos 51 votos y había momentos en que en la pantalla aparecía 45, luego 49, luego 50. Fue muy emocionante”, admite ya con la legislación aprobada. Y es que para completar el quórum, las organizaciones que impulsaban la ley como Equality Now recurrieron a las redes sociales para señalar públicamente a los congresistas ausentes e invitarlos a incorporarse. Algunos llegaron y la votación pudo celebrarse. Finalmente, este 10 de junio se hizo historia.
Un hito con proyección continental
Para Becerra y las organizaciones que han acompañado el proceso durante veinte años, la aprobación supone un reconocimiento explícito de que la MGF no es una práctica ajena a América Latina. “Esto es una cuestión no extranjera o no únicamente presente en el continente africano”, señala la portavoz, quien en noviembre del año pasado presentó evidencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Esto sucede en las Américas, en Canadá, en Estados Unidos y en Colombia”.
La ley, según avanza Becerra a Artículo14, incluye además un mecanismo de revisión: cada cinco años, a partir de su entrada en vigor, el Congreso podrá evaluar la eficacia de la norma y determinar si se requieren medidas adicionales, incluida la posibilidad de tipificar la práctica como delito.
El reto ahora es la implementación. “Que en la próxima discusión sobre el plan nacional de desarrollo queden las partidas presupuestales para cada una de las entidades del Estado encargadas de hacer realidad esta política pública”, concluye Becerra. La firma presidencial, necesaria para que la ley entre en vigor, podría producirse “antes o después” del cambio de Gobierno en Colombia previsto para el 7 de agosto.
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