La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una Ley de Amnistía General para los presos políticos del país, una medida que, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos, podría beneficiar a más de 700 personas que permanecen encarceladas. El anuncio se realizó durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia y el texto será remitido a la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación. Rodríguez afirmó que la iniciativa busca “favorecer la convivencia en Venezuela”.
El anuncio llega en un contexto de fuertes críticas al Gobierno de Rodríguez por la lentitud y la falta de claridad en el proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, así como bajo una intensa presión internacional, particularmente de Estados Unidos, sin la cual esta decisión difícilmente habría sido adoptada.
Qué supone la ley de amnistía
La amnistía anunciada se diferencia de manera sustancial de las liberaciones realizadas en las últimas semanas. Desde enero, decenas de detenidos han sido excarcelados, pero continúan sometidos a medidas cautelares como la prohibición de salir del país o de declarar a los medios de comunicación (como la española Rocío San Miguel), y con causas judiciales abiertas. En cambio, la nueva ley plantea borrar los expedientes y las acusaciones, lo que implicaría una libertad plena, sin restricciones administrativas ni judiciales.
Según explicó Rodríguez, la medida no será absoluta. Quedarán excluidos de la amnistía quienes estén detenidos por delitos comunes como homicidio, narcotráfico y otros crímenes no vinculados a la persecución política. Aun así, su alcance sería considerable y superaría ampliamente las excarcelaciones parciales realizadas hasta ahora.
¿Cuántos presos políticos se han liberado ya?
El anuncio se produjo en medio de una marcada disputa sobre las cifras oficiales. Mientras el chavismo asegura haber liberado a más de 600 personas detenidas por motivos políticos, organizaciones de derechos humanos cifran esas excarcelaciones en 302. Esa diferencia ha alimentado el escepticismo sobre el proceso y ha intensificado las demandas de una solución jurídica definitiva, como la amnistía ahora planteada.
En paralelo, Rodríguez confirmó el cierre del Helicoide, el centro de detención más emblemático del sistema represivo venezolano. El edificio, ubicado en Caracas y denunciado durante años por organismos nacionales e internacionales como un centro de tortura, será transformado en una instalación deportiva y de servicios sociales. El cierre del Helicoide ha sido una de las principales exigencias de las organizaciones de derechos humanos.
Así murió el padre de Delcy Rodríguez
Durante su intervención, Rodríguez recordó la muerte de su padre, Jorge Rodríguez, en 1976, mientras se encontraba bajo custodia de la policía secreta de la época. Señaló que su experiencia personal refuerza su compromiso con la Constitución, la soberanía nacional y la necesidad de una mayor tutela jurídica para los ciudadanos.
Aunque es una de las medidas más esperadas desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, desde la sociedad civil, la reacción ha sido prudente. El presidente de la oenegé Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que una amnistía general es positiva siempre que no excluya arbitrariamente a sectores de la sociedad civil, no derive en impunidad y contribuya al desmantelamiento del aparato de persecución política. Otras organizaciones, como el Comité de Madres por la Defensa de la Verdad, habían iniciado recientemente procesos de recolección de firmas para respaldar una ley de este tipo.
Queda por ver si la iniciativa se traduce en hechos. La discusión en la Asamblea Nacional (liderada por el hermano de Delcy Rodríguez), la letra final de la ley y, sobre todo, su aplicación efectiva determinarán si esta amnistía marca un punto de inflexión en la situación de los presos políticos en Venezuela y abre un camino a la transición.