El copropietario del bar Le Constellation, escenario de la tragedia de Nochevieja en Crans-Montana, fue ingresado en prisión preventiva tras ser acusado de violencia doméstica contra su esposa y socia comercial, según revelaron medios locales.
Jacques Moretti fue arrestado después de un violento episodio ocurrido la noche del 11 de agosto en la residencia que comparte con su pareja, Jessica Moretti, en el cantón suizo de Valais. La agresión física fue tan grave que la copropietaria del establecimiento necesitó ser hospitalizada de urgencia.
Este nuevo arresto añade un capítulo sombrío a la situación judicial de la pareja, quienes ya figuran entre los 16 investigados por homicidio y lesiones por negligencia debido al incendio que dejó 41 muertos y 115 heridos en el centro turístico alpino el pasado 1 de enero.
Los abogados defensores del matrimonio -Yaël Hayat, Nicola Meier y Patrick Michod- emitieron un comunicado este domingo para frenar especulaciones. En el texto, los letrados recalcaron que estas acusaciones de violencia de género se están investigando en una causa independiente que concierne “exclusivamente a su vida privada”.
Aun así, la representación legal reconoció que el incidente ocurrió en medio de una presión asfixiante. Los Moretti han intentado lidiar juntos desde principios de año con un desgaste emocional extremo derivado del escrutinio mundial por el incendio provocado por bengalas en botellas de champaña. Aunque los abogados descartaron mezclar ambos expedientes judiciales, admitieron que el contexto de la catástrofe ha creado un escenario de tensión insostenible en el entorno íntimo de la pareja.
La investigación del incendio
En cuanto al expediente principal de la tragedia, la Fiscalía mantiene a 16 personas bajo investigación penal por delitos que incluyen homicidio por negligencia e incendio por imprudencia, tras determinarse que el fuego fue iniciado presuntamente por bengalas en botellas de champaña.
Sin embargo, el avance de las pesquisas ha generado duras críticas hacia la gestión de las autoridades del cantón de Valais, tanto a nivel interno como desde países vecinos como Italia y Francia. Coberturas periodísticas e informes independientes señalan presuntas omisiones graves en los primeros días tras el siniestro, tales como la falta de autopsias en varios fallecidos, retrasos en la incautación de teléfonos móviles y registros domiciliarios tardíos.
A ello se suman las sospechas sobre fallos sistemáticos en las inspecciones de seguridad contraincendios que la municipalidad debía supervisar. Ante la creciente presión diplomática y mediática, las autoridades cantonales ofrecieron fondos de compensación de emergencia a los damnificados, una medida calificada por diversos sectores como insuficiente para reparar la desconfianza en el sistema de justicia helvético.
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