El segundo paso por los tribunales federales de Manhattan del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado en evidencia que su batalla judicial en Estados Unidos se libra en torno a las graves acusaciones de narcotráfico, pero también en un terreno más técnico con el derecho a elegir y pagar a sus propios abogados. Finalmente, el juez afirmó que no lo desestimará a pesar de la disputa en curso sobre los honorarios legales de Maduro y Flores.
Ambos comparecieron este jueves ante el juez Alvin Hellerstein en un tribunal federal de Nueva York, en una audiencia que, más que centrarse en el fondo de los cargos, giró en torno a si el Gobierno estadounidense puede impedir que utilicen fondos del Estado venezolano para sufragar su defensa legal. La escena contrastó con su primera comparecencia en enero. Esta vez, Maduro y Flores permanecieron en silencio, vestidos con uniformes carcelarios beige y escuchando la traducción a través de auriculares, mientras sus abogados y la fiscalía se enfrentaban a una discusión compleja de implicaciones constitucionales.
Las sanciones de Estados Unidos
La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, sostuvo que bloquear el acceso a esos fondos vulnera el derecho de los acusados a contar con el letrado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. Según Pollack, obligar a Maduro a recurrir a un defensor público supondría una carga innecesaria para el sistema judicial. “No tiene sentido en un caso en el que hay alguien distinto del contribuyente estadounidense dispuesto a financiar la defensa”, argumentó.
El fiscal Kyle Wirshba replicó que el caso es excepcional y que está vinculado a la capacidad del Gobierno de Estados Unidos para aplicar sanciones económicas en defensa de sus intereses de seguridad nacional y política exterior. La disputa se enmarca en las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que regula el uso de fondos asociados a países sancionados.
Así están Maduro y Flores
El juez Hellerstein, de 92 años, mostró escepticismo ante algunos de los argumentos de la fiscalía y planteó reiteradamente la pregunta de cuál sería el remedio adecuado si se concluye que los derechos de los acusados están siendo limitados. Aunque no accedió a la petición de la defensa de desestimar los cargos por este motivo, dejó entrever que el derecho a una defensa efectiva podría prevalecer sobre otras consideraciones. “El derecho implicado, por encima de otros, es el derecho a un abogado”, señaló durante la vista.
Un periodista de NTN24 describió el comportamiento de la polémica pareja dentro de la sala. Maduro estaba ansioso en la audiencia: “Movía continuamente las piernas, bebía agua seguido, se ponía y quitaba los anteojos a cada rato, tenía tics nerviosos. Era un hombre amilanado”. En cuanto a Flores, el reportero afirmó que ella estaba “más tranquila y de brazos cruzados”. Asimismo ha relatado que cuando Pollack solicitó la desestimación del caso, “todos en la sala se rieron y el juez respondió que no lo iba a hacer”.
De vuelta a la cárcel de Brooklyn
A la salida, el expresidente venezolano sonrió y estrechó la mano de sus abogados antes de ser trasladado de nuevo al centro de detención en Brooklyn donde permanece recluido junto a su esposa desde su captura el pasado 3 de enero.
Aquella operación, ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas durante la madrugada, sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del caso. En su primera comparecencia, Maduro denunció haber sido “secuestrado” y proclamó su inocencia. Tanto él como Flores se han declarado no culpables de los cargos, que incluyen conspiración para el narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. De ser condenados, podrían enfrentarse a cadena perpetua.
Los cargos contra Maduro
La acusación sostiene que ambos participaron en una red que facilitó el envío de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos con la colaboración de carteles y miembros de las fuerzas armadas venezolanas. El escrito de acusación también les atribuye la orden de secuestros, agresiones y asesinatos para proteger sus operaciones ilícitas, incluido el homicidio de un narcotraficante en Caracas.
La fiscalía, durante la audiencia, afirmó que Maduro “saqueó” la riqueza de Venezuela, argumento que refuerza su oposición a que utilice fondos públicos del país para su defensa. Sin embargo, la defensa insiste en que esos recursos pertenecen al Estado venezolano y que el acusado tiene derecho a utilizarlos, especialmente si carece de medios propios suficientes.
En una declaración presentada ante el tribunal, Maduro aseguró no poder costear su defensa de manera individual. Esta afirmación resulta clave, ya que para acceder a un abogado de oficio financiado por el Estado debe demostrar insuficiencia económica. Pero aceptar esa vía implicaría renunciar a su equipo legal actual, algo que sus abogados consideran perjudicial dada la complejidad del caso.
Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela
El contexto político añade otra capa de complejidad. Desde la detención de Maduro, Venezuela ha experimentado cambios en su cúpula de poder. La actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha impulsado una reestructuración del Gobierno que ha ido desplazando progresivamente la influencia del antiguo líder. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha suavizado algunas sanciones económicas y ha restablecido relaciones diplomáticas con Caracas, lo que ha llevado al juez a cuestionar si los argumentos de seguridad nacional siguen siendo plenamente aplicables.
Fuera del tribunal, la polarización en torno a la figura de Maduro quedó patente. Grupos de manifestantes a favor y en contra se congregaron en las inmediaciones, separados por barreras metálicas y presencia policial. Mientras unos coreaban consignas exigiendo su encarcelamiento, otros reclaman su liberación. Escenas similares se vivieron en Caracas, donde simpatizantes del chavismo se reunieron para expresar su apoyo y denunciar una violación de la soberanía venezolana.
Entretanto, el presidente estadounidense Donald Trump intervino desde Washington, calificando a Maduro de “gran proveedor de drogas” y sugiriendo que podrían presentarse nuevos cargos en su contra. Aseguró, no obstante, que el proceso será “justo”.