El anuncio del primer ministro británico Keir Starmer de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha vuelto a colocar en el centro del debate una pregunta que cada vez más gobiernos se plantean: ¿hasta qué punto pueden -y deben- los Estados limitar el acceso de los niños a plataformas como TikTok, Instagram o YouTube?
Cuando el Parlamento británico apruebe la medida, Reino Unido se sumará a Australia, Indonesia y Malasia como los únicos países del mundo con una prohibición vigente para menores de 16 años. Pero la tendencia se extiende. Una docena de países más trabaja en legislación similar o ya ha fijado límites de edad distintos.
Los pioneros
Australia fue el primer país en actuar. En noviembre de 2024, el Parlamento australiano aprobó una de las legislaciones más estrictas del mundo: prohibición total para menores de 16 años y sanciones millonarias para las plataformas que incumplan la norma.

Indonesia siguió sus pasos. En marzo de 2025 entró en vigor su prohibición para menores de 16, que afecta a TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox y YouTube.
Malasia se convirtió el 1 de junio en el tercer país en aplicar una restricción de este tipo, con leyes que prohíben el acceso a menores de 16 y obligan a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad.
Reino Unido
El Gobierno de Starmer ha prometido este lunes velocidad para implantar la medida. “Espero aprobar la regulación antes de Navidad y que la prohibición entre en vigor a principios del año que viene, probablemente hacia primavera”, declaró el primer ministro británico. La medida afectará a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

Una encuesta de YouGov publicada este lunes revela que tres cuartas partes de los padres británicos apoyan la prohibición, aunque más de la mitad duda de su efectividad. Las plataformas, por su parte, ya han alzado la voz: YouTube advirtió de que las prohibiciones generalizadas pueden empujar a los menores hacia “servicios anónimos y menos seguros”.
Los países que tienen la ley lista
Francia aprobó en enero de este año en la Asamblea Nacional la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 15 años, junto al veto de los móviles en los institutos, con intención de aplicarla en el próximo curso escolar. El propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sido contundente este mismo lunes al justificar la medida que impulsó. “Les sumerge en la soledad. Les hace sufrir. No están preparados para ello. Perturba su desarrollo personal, sensorial y cognitivo”, aseveró en una entrevista en los márgenes del G7.

Dinamarca alcanzó un acuerdo parlamentario para fijar los 15 años como edad mínima en determinadas plataformas, tras la iniciativa de la primera ministra Mette Frederiksen. Recientemente, la premier danesa afirmó que preferiría “que sus hijos fumaran antes que dejarles solos en las redes sociales”. Frederiksen aclaró después que su intención era subrayar los riesgos digitales, no minimizar los del tabaco.
Los que preparan legislación
España mantiene actualmente en 14 años la edad mínima para registrarse en redes sociales, pero el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa la Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales, que elevaría ese límite a 16. La norma también endurecerá el Código Penal frente a los deepfakes de contenido sexual y reforzará la persecución del grooming.
Andorra anunció en marzo una modificación legal para prohibir el acceso a menores de 16 a redes que supongan un riesgo para su salud mental. Noruega presentó un proyecto de ley en la misma línea que entrará en vigor en 2027. Nueva Zelanda no ha llevado aún ninguna ley al Parlamento, pero su primer ministro, Christopher Luxon, ha adelantado su intención de hacerlo.

En el resto de Europa, Eslovenia y Finlandia anunciaron en febrero proyectos de ley para restringir el acceso a menores de 15. Grecia planea aplicar la prohibición a través de una aplicación estatal de control parental ya existente, de manera obligatoria y universal. Mientras que Irlanda, Italia, Chipre, Eslovaquia y Portugal mantienen debates internos activos sobre la edad adecuada para establecer límites.

