Christa Pike lleva tres décadas en el corredor de la muerte. Tenía 18 años cuando asesinó a su compañera Colleen Slemmer en Tennessee y ahora, a los 50, se enfrenta a una ejecución que podría convertirla en la primera mujer ejecutada por este estado en más de dos siglos.
Para Robin M. Maher, Directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte –Death Penalty Information Center (DPI)– el caso pone sobre la mesa cuestiones como la representación legal, los efectos del trauma y la evolución de una persona durante décadas de encarcelamiento. La directora ejecutiva del DPI, organización nacional sin ánimo de lucro que proporciona datos y análisis sobre cuestiones relacionadas con la pena capital y las personas a las que afecta desde hace más de 30 años, y se ha convertido en la principal fuente en EE UU de información actualizada y fiable sobre la pena de muerte, explica a Artículo14 que “las mujeres representan sólo el 1% de las ejecuciones en Estados Unidos”. Asimismo, Maher ahonda en que la “clemencia es un proceso durante el cual se pueden examinar cuestiones más amplias, entre ellas si la persona ha cambiado”.
-¿Cuáles son hoy en día los argumentos más sólidos a favor de mantener la pena de muerte en Estados Unidos? Incluso el gobernador de Tennessee ha denegado el indulto a Christa Pike…
-El DPI no se pronuncia sobre la pena capital en sí, pero quienes apoyan su aplicación pueden considerar que algunos delitos son tan atroces que la pena de muerte es la respuesta adecuada. Pueden tener motivos religiosos para apoyar la pena de muerte («ojo por ojo») o creer que su aplicación actúa como elemento disuasorio frente a futuros delitos violentos. Algunas personas también creen erróneamente que cuesta menos ejecutar a alguien que mantenerlo encarcelado.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Investigación concluyó en un análisis de 2012 que los estudios no demuestran un efecto disuasorio y que dichos estudios no deberían utilizarse en el debate sobre la pena de muerte. Más de 200 personas han sido exoneradas tras haber sido condenadas a muerte injustamente, y las condenas a muerte y las ejecuciones en EE UU se concentran en un puñado de estados, lo que plantea serias dudas sobre la equidad y la precisión de la pena de muerte. Muchas de las principales religiones también han adoptado recientemente posturas firmes en contra del uso de la pena de muerte.
-Si se llevara a cabo, la ejecución de Christa Pike sería la primera ejecución de una mujer en Tennessee en más de 200 años. ¿Por qué son tan poco frecuentes las ejecuciones de mujeres en EE UU?
-Las mujeres representan alrededor del 2% de los condenados a muerte y aproximadamente el 1% de las ejecuciones desde 1976. Las mujeres no cometen delitos violentos con la misma frecuencia que los hombres, y sigue existiendo cierta reticencia generalizada por parte de los jurados estadounidenses a imponer la pena de muerte a mujeres a las que se considera menos merecedoras de la sanción más severa. Los investigadores han descubierto que la mayoría de las mujeres condenadas a muerte lo fueron por delitos que implicaban el asesinato de alguien a quien conocían, como una pareja sentimental o un hijo, y que la mayoría tenía un coacusado varón. Casi todas las mujeres eran madres, padecían discapacidades psiquiátricas o intelectuales y habían sido víctimas de violencia de género repetida, como el maltrato doméstico o el abuso sexual. La mayoría tampoco tenía antecedentes penales por delitos violentos antes del crimen que las llevó al corredor de la muerte.
-Los abogados de Pike alegan que durante su juicio original no se presentaron pruebas atenuantes importantes. ¿Es habitual la representación legal inadecuada en los casos de pena capital y qué consecuencias puede tener?
-La deficiente representación legal es un problema persistente en los casos de pena capital y lleva décadas documentándose. La mayoría de las personas a las que se les impone la pena de muerte no pueden permitirse contratar a sus propios abogados, y la calidad de los defensores designados por el tribunal varía enormemente. La exjueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg señaló en 2001 que las personas que cuentan con una buena representación en el juicio no reciben la pena de muerte. En la práctica, una representación legal inadecuada implica que pruebas fundamentales -como traumas infantiles, abusos o enfermedades mentales- nunca salen a la luz ni se presentan ante el jurado. Las consecuencias pueden ser una sentencia de muerte que un jurado plenamente informado quizá no habría impuesto.
-Tras tres décadas en el corredor de la muerte, ¿debería el sistema judicial tener en cuenta también quién es ella hoy en día y no solo lo que hizo cuando era adolescente?
-Esta pregunta es precisamente para lo que existe la clemencia. Los tribunales revisan si una condena y una sentencia fueron legales. La clemencia es un proceso durante el cual un gobernador o una junta ejecutiva pueden examinar cuestiones más amplias, entre ellas si la persona ha cambiado y si su ejecución responde a un propósito legítimo.
La señora Pike tenía 18 años en el momento del delito. En 2005, una década después de su delito, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió la pena de muerte para los menores de 18 años en el caso Roper contra Simmons, pero estableció ese límite reconociendo al mismo tiempo que la madurez no cambia de la noche a la mañana al cumplir una persona los 18 años. Desde entonces, las investigaciones en neurociencia han demostrado que el desarrollo cerebral continúa hasta mediados de los veintitantos. Los abusos sufridos durante la infancia por la señora Pike y la violencia de género la traumatizaron y constituyen un contexto importante para entender su delito -información que el jurado que la condenó a muerte nunca llegó a conocer-. Posteriormente, pasó casi tres décadas en lo que equivalía a un régimen de aislamiento, y ahora es una persona profundamente arrepentida. Este es el tipo de hechos que el gobernador o la junta ejecutiva pueden tener en cuenta y que constituirían razones legítimas en las que basar una decisión de indulto.