La Unión Europea ha dado un paso decisivo para poner en marcha su parte del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos en julio de 2025. El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo cerraron en la madrugada de este miércoles un acuerdo provisional sobre los reglamentos necesarios para aplicar las rebajas arancelarias pactadas entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump.
El entendimiento supone, que Bruselas acepta no responder con represalias comerciales a los aranceles generalizados que Washington aplica a buena parte de las exportaciones europeas, siempre que estos no superen el 15%. Ese límite, sin embargo, no cubre uno de los puntos más delicados de la relación comercial entre ambos bloques: el acero y el aluminio europeos, que continúan gravados por Estados Unidos con un arancel del 50%.
La Presidencia del Consejo, que este año corresponde a Chipre, anunció el pacto en redes sociales y lo vinculó directamente con la Declaración Conjunta UE-EE UU. El Consejo presentó el avance como una forma de cumplir los compromisos asumidos con Washington y como una base para mantener una relación comercial transatlántica más estable y previsible.
A deal is a deal, and the EU honours its commitments.
I welcome the agreement reached by the European Parliament and the Council on reducing tariffs for US industrial exports to the EU.
This means we will soon deliver on our part of the EU-US Joint Statement, as promised. I…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026
Rebajas arancelarias con cláusulas de protección
El acuerdo provisional consiste en eliminar los aranceles que aún quedaban sobre productos industriales estadounidenses y conceder a determinadas importaciones de Estados Unidos un acceso preferente al mercado europeo. Ese acceso incluye contingentes arancelarios y tasas reducidas para algunos productos agrícolas no sensibles y ciertos productos del mar. Además, el reglamento prorroga la suspensión de aranceles a las importaciones de langosta, incluida la langosta procesada.
A cambio, Estados Unidos mantiene el compromiso de limitar al 15% los aranceles aplicados a las exportaciones europeas incluidas en el pacto. Este techo rebajó la amenaza inicial de gravámenes del 25% sobre productos procedentes de la UE y fue especialmente relevante para sectores como el automóvil. También abarcó investigaciones abiertas por Washington sobre productos como madera, semiconductores, artículos aeroespaciales, medicamentos y minerales críticos.
El texto pactado entre los colegisladores europeos incorpora mecanismos de protección para la UE. La Comisión Europea podrá abrir un examen si al menos tres Estados miembros, la industria, los sindicatos europeos o la propia institución consideran que un aumento de importaciones causa, o amenaza con causar, un daño grave a productores comunitarios. Si existen pruebas suficientes, Bruselas podrá suspender total o parcialmente la aplicación del reglamento.

El acuerdo refuerza la capacidad de la Comisión para reaccionar si Estados Unidos incumple los compromisos asumidos en la Declaración Conjunta, si debilita los objetivos del pacto o si altera las relaciones comerciales y de inversión con la UE. También se contempla la posibilidad de actuar si Washington discrimina o ataca a operadores económicos europeos. Según lo acordado, la suspensión podría activarse incluso cuando existan indicios suficientes de que esas acciones podrían producirse en el futuro.
El capítulo del acero y el aluminio queda como el principal asunto pendiente. Estados Unidos mantiene un arancel del 50% sobre esos productos europeos. El pacto fija el 31 de diciembre de 2026 como fecha clave: si para entonces Washington sigue aplicando un gravamen superior al 15% a productos derivados del acero y el aluminio importados desde la UE, la Comisión podrá suspender las concesiones otorgadas a Estados Unidos en ese ámbito.
El acuerdo tendrá carácter retroactivo desde el 1 de agosto de 2025 y aún debe superar los trámites formales. Los Veintisiete deberán adoptarlo en el Consejo y el Parlamento Europeo tendrá que votarlo en pleno, previsiblemente en una próxima sesión. El calendario es ajustado, ya que el proceso debe completarse antes del 4 de julio, fecha señalada por Trump como límite antes de imponer nuevos gravámenes si el acuerdo quedaba frustrado.
El pacto incluye también una cláusula de extinción: dejará de aplicarse a finales de 2029, aunque la Comisión podrá prorrogarlo.

