Pramila Patten lo ha visto con sus propios ojos. Como Representante Especial de la ONU sobre Violencia Sexual en Conflictos, ha documentado durante una década lo que ocurre cuando la igualdad de género se trata como un asunto menor. “Las mujeres y sus cuerpos se convierten en campos de batalla, las supervivientes son silenciadas y se perpetúan los ciclos de violencia a través de las generaciones”, denuncia.
El informe anual del Secretario General para 2025, publicado la semana pasada, confirma sus peores proyecciones. Los casos de violencia sexual documentados pasaron de 4.617 en 2024 a 9.780 en 2025, se duplicaron en un año, con un aumento del 111%. El documento cubre 21 países en conflicto, identifica 77 actores sospechosos y añade tres nuevos a la lista: entre ellos, las Fuerzas de Defensa israelíes junto al servicio penitenciario y las unidades policiales fronterizas de Israel, y las Fuerzas Armadas Rusas junto al Servicio Penitenciario Federal de Rusia. El informe se debatirá en el Consejo de Seguridad el 8 de julio en presencia del presidente de la República Democrática del Congo.
Durante la V Conferencia sobre Política Exterior feminista celebrada en Madrid, Patten ha advertido que “estas cifras son solo la punta del iceberg”. Este tipo de delitos siguen estando infradenunciados, y el propio informe -el decimoséptimo de su serie- reconoce que no es capaz de capturar la escala global del problema.
Lo que sí revela es la brutalidad creciente con que se ejerce. “La violencia sexual no solo está aumentando, sino que además se está volviendo cada vez más cruda y brutal“, indicó Patten. Entre los patrones documentados figura el asesinato de víctimas tras la violación y un aumento de los suicidios. Las mujeres afectadas tienen entre 1 y 75 años. Más del 90% de los casos verificados por la ONU corresponden a mujeres y niñas. “La violencia sexual no es una cuestión colateral, es una cuestión central”, sostuvo.
El informe de Naciones Unidas describe además cómo grupos armados y redes criminales utilizan la violencia sexual para ampliar su control territorial y obtener ingresos. Cómo el secuestro, la esclavitud sexual y la trata de mujeres funcionan como estrategias económicas de algunos de esos grupos y la “violencia sexual en centros de detención se emplea sistemáticamente como método de tortura para extraer información”. Las mujeres desplazadas y refugiadas son las más expuestas, en especial en zonas remotas y pasos fronterizos. En la actualidad, apuntó Patten, son alrededor de 676 millones las mujeres que viven en contextos de conflicto.
Pero Patten recuerda que mientras los casos se multiplican, los recursos se contraen. En Afganistán, unos 400 centros sanitarios han tenido que cerrar, entre ellos puntos de apoyo a mujeres y niñas. En la República Democrática del Congo, los servicios de respuesta a la violencia sexual han caído un 70%. En Mali y Somalia, los recortes de financiación han dejado cerrados 120 de los 200 puntos de apoyo existentes. Solo “el 1% de los recursos humanitarios globales aborda la violencia sexual”, denunció la Representante Especial.
Patten señaló que el propio sistema de documentación está bajo presión, pues el acceso a las zonas de conflicto es cada vez más difícil, las represalias contra trabajadores humanitarios han aumentado, y la asesoría en materia de género es siempre la primera partida que desaparece cuando se recortan los presupuestos. Asimismo, la rendición de cuentas es cada vez más difícil.
“Hoy tenemos la pericia, los conocimientos, hemos trazado las líneas rojas y hemos construido la arquitectura institucional que necesitábamos”, afirmó la representante especial. “Ahora necesitamos voluntad política y recursos financieros que estén a la altura de la situación”, avanzó.
“La igualdad de género se ha reconocido como la principal predictora de estabilidad social y sin embargo se sigue viendo como un problema menor”, criticó Patten, quien insiste en que “el futuro dependerá de nuestra capacidad de silenciar las armas y dar voz a las mujeres”.