Muchas de las torturas, violaciones o encarcelaciones que se producen a lo largo del mundo no suceden en barrios marginales, zonas periféricas alejadas de las grandes capitales con un nivel de renta bajo y una delincuencia alta. Eso es lo que solemos pensar desde Occidente, pero muchas de estas prácticas a menudo se alimentan desde despachos. Lo hacen quienes en Amnistía Internacional llaman “gobiernos depredadores”, regímenes dispuestos a fomentar una larga cadena de desigualdades.
“Desde Amnistía Internacional hemos detectado redes antiderechos y antigénero muy bien dotadas de recursos que son cada vez más activas en la promoción de discursos nocivos, así como en el retroceso de los derechos sexuales y reproductivos y de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI”, explica, en conversación con este periódico, Beatriz Martos, responsable de Campañas de derechos de las mujeres en Amnistía Internacional.
El informe anual que Amnistía Internacional ha publicado esta semana sobre la situación de los derechos humanos en el mundo a lo largo de 2025 documenta “motivos de preocupación”: en 144 países se ha detectado discriminación, injusticia económica y climática, cese de ayuda humanitaria, y un amplio abanico de violaciones de los derechos más básicos. Ser un país democrático con un estado de derecho sólido y respetuoso para con sus ciudadanos es hoy un acto revolucionario. De 195 países, sólo 51 cumplen estas características.
Para sorpresa de nadie, en 2025 el mundo no se ha convertido en un lugar más amable. Durante el año pasado, dice el estudio, “se han cometido gran cantidad de crímenes de derecho internacional”. A la ofensiva israelí sobre Gaza o la guerra en Ucrania, se suman otros crímenes más alejados de nuestras fronteras, como los que a diario se cometen en Myanmar o Sudán.
El cuerpo de la mujer como campo de batalla
Más allá de las bajas civiles que generan los conflictos, en las guerras se emplea la violencia sexual de manera sistemática y generalizada como una herramienta para humillar, castigar y desmoralizar a las poblaciones. Y en estos contextos, las mujeres siguen pagando el precio más alto. En países como la República Democrática del Congo, las cifras son alarmantes. “A pesar de que la violencia sexual es una práctica totalmente generalizada en estos conflictos, es un asunto que no llega siempre a tratarse, porque las negociaciones de paz suelen centrarse en el cese de las hostilidades”, explica a Artículo14 Beatriz Martos.
Cárceles al aire libre
En otros países, como Afganistán, la represión no es un efecto secundario, sino una política deliberada tomada en los despachos del Estado. “No pueden estudiar a partir de los 12 años, han sido expulsadas del mercado laboral, tienen prohibido salir a la calle sin el acompañamiento de un varón y se les ha impuesto un estricto código de vestimenta”, enumera Martos, entre otras muchas prohibiciones que condenan a mujeres y niñas a ser borradas del espacio público.
La situación es tan grave, que el Consejo Europeo de Derechos Humanos de la ONU estableció en octubre de 2025 un mecanismo independiente para conservar y analizar todos estos crímenes de derecho internacional. También la Corte Penal Internacional, recuerda Martos, emitió ordenes de detención contra el líder supremo. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, da la sensación de que nada cambia en el país. “A veces esta justicia tarda en llegar, pero cuando llega es un espaldarazo a las víctimas de abusos. Un ejemplo reciente es la entrega del expresidente filipino Rodrigo Duterte a la Corte Penal Internacional por crimen de lesa humanidad de asesinato en su llamada “guerra contra las drogas” en el país”, señala Martos.
Contra los derechos reproductivos
Entre tanto caos, todavía hay esperanza. En los últimos años se han producido transformaciones muy positivas para las mujeres, pero en 2025 los derechos sexuales y de género han sufrido un súbito frenazo. Esto se debe, explica Martos, al “fortalecimiento de redes globales antiderechos y antigénero muy bien coordinadas entre sí y cada vez más activas que cuentan con una gran cantidad de recursos promoviendo discursos nocivos”.
Mientras países occidentales como Dinamarca, Noruega o Luxemburgo amplían derechos reproductivos, otros como República Dominicana han impuesto una prohibición total del aborto.
Violencia de género en las protestas
Las mujeres no sólo son invisibles durante los conflictos, también durante los procesos de paz. A pesar de ser, con diferencia, las más activas en las redes que intentan ensanchar derechos, a menudo no existe espacio de participación para ellas en las conversaciones que formalizan las treguas. Forman parte del inicio, la base del cambio, pero nunca de la firma sobe el papel. “No llegan al nivel superior de estas mesas de acuerdos y esto es un problema enorme”, explica la responsable de campañas de derechos de las mujeres en Amnistía Internacional.
En muchas ocasiones, salir a manifestarse o protestar contra medidas injustas es peligroso para ellas. Forman parte de luchas anticoloniales, movimientos de emancipación y protestas antirracistas, pero el precio es demasiado alto. En Georgia, varias manifestantes fueron amenazadas. También “en la plaza de Tahrir en El Cairo en 2013; en el estallido social de Colombia de 2021; o en las manifestaciones iraníes de Mujer, Vida y Libertad de 2022”, enumera Martos.
Sobre las mujeres no sólo recaen las violaciones de derechos humanos que afectan a poblaciones enteras, sino también una capa adicional de violencia específica y estructural sólo por ser mujeres.