Carmen Teresa Navas pasó más de un año preguntando por su hijo. La mujer de 83 años lo buscó en cárceles, acudió a instituciones, se plantó en manifestaciones y sostuvo firmemente su fotografía. Víctor Hugo Quero Navas, comerciante caraqueño y detenido por motivos políticos, había sido arrestado a comienzos de enero de 2025. Durante meses, su madre no pudo verlo ni obtener una respuesta clara sobre su paradero. La confirmación llegó de la forma más cruel: el Estado venezolano informó el 7 de mayo de 2026 que Víctor había muerto el 24 de julio de 2025, casi diez meses antes, bajo custodia estatal.
Navas falleció el 17 de mayo de insuficiencia respiratoria, diez días después de la confirmación de la muerte de su hijo. Su historia condensa una forma de violencia que no termina con la muerte. También alcanza a quienes quedan vivos, obligados a peregrinar entre oficinas, tribunales y penales en busca de datos básicos: dónde está su hijo, si está enfermo, si respira, si alguien lo vio. En el caso de Víctor Hugo Quero, organizaciones de derechos humanos denunciaron que su familia había solicitado información de manera reiterada, mientras las autoridades penitenciarias alegaron después que no había familiares registrados o que nadie había pedido una visita formal.
La madre de Quero pidió una prueba de ADN y una investigación sobre las circunstancias de la muerte. Tras meses de negativas, la familia necesitaba confirmar que los restos correspondían realmente a él. Según la información oficial, Quero fue trasladado desde el Rodeo I al Hospital Militar de Caracas y falleció por complicaciones médicas. Activistas y ONG, sin embargo, han señalado inconsistencias en fechas, documentos y comunicaciones oficiales, y han descrito el caso como parte de un patrón de desapariciones forzadas, incomunicación y muertes bajo custodia.
Madres frente al silencio y la impunidad
Carmen Teresa Navas no está sola. En Venezuela, muchas madres han convertido el duelo en una forma de denuncia pública. Algunas perdieron a sus hijos en prisión; otras, en las calles, durante las protestas antigubernamentales de 2017. Todas arrastran preguntas parecida: quién dio la orden, quién ejecutó, quién encubrió y por qué la justicia no llega.
Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, lleva años reclamando responsabilidades por la muerte de su hijo, de 17 años, durante una protesta en Caracas el 7 de junio de 2017. La versión oficial señaló entonces que el joven habría manipulado un artefacto explosivo casero. Sin embargo, testimonios, videos y denuncias de familiares y organizaciones contradijeron esa explicación y apuntaron al impacto de un objeto disparado por fuerzas de seguridad.
Para Armas, la defensa de la memoria de Neomar ha sido también una batalla contra el intento de presentarlo como culpable de su propia muerte. En una entrevista con NTN24, aseguró que su hijo era “un joven completamente sano, lleno de vida, con un futuro por delante”, y afirmó que a Neomar le “trancaron todos sus sueños de un solo disparo”. También reclamó que los responsables rindan cuentas: “Si antes alzaba mi voz por una Venezuela libre y democrática, ahora mi grito y mi lucha será constante por la justicia”. “Diosdado Cabello va a pagar”, aseguró.
Esa disputa por la verdad se repite en el caso de Juan Pablo Pernalete. Su madre, Elvira Llovera, ha denunciado durante años la impunidad y la revictimización de su familia. Juan Pablo, estudiante de 20 años, murió el 26 de abril de 2017 en Altamira, Caracas, durante una manifestación. La investigación inicial fue rodeada de versiones oficiales que atribuyeron el hecho a causas distintas. Más tarde, el Ministerio Público reconoció que el joven murió por el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Además tras rechazar las muy tardías disculpas de Ernesto Villegas -quien ahora es embajador ante la UNESCO- por difundir información falsa sobre la muerte de su hijo, la madre aseguró: “Asuma sus responsabilidades y tenga un poco de vergüenza”.
La familia ha exigido que se investigue la cadena de mando, que se reconozca públicamente la responsabilidad estatal y que se revise el expediente sin manipulación política. Su consigna —justicia, no venganza— resume el reclamo de muchas familias venezolanas.
Además, exigieron al nuevo fiscal general, Larry Devoe, reabrir el caso de su hijo. También pidieron la revisión de los expedientes relacionados con las muertes ocurridas durante las protestas de ese año que, aseguran, siguen sin justicia. “Los crímenes de lesa humanidad documentados por la Misión de la ONU y bajo investigación de la Corte Penal Internacional no prescriben”, aseguran.
“La justicia no se negocia”
Padres de Juan Pablo Pernalete, Elvira y José Gregorio Pernalete, exigen al nuevo Fiscal General, Larry Devoe, que reabra el caso de su hijo y todas las víctimas de las protestas del 2017 que siguen impunes.
Exigen que la cadena de mando y autores… pic.twitter.com/zMZ1YftLy6
— PROVEA (@_Provea) April 26, 2026
En un país marcado por la represión política, ellas han ocupado el espacio que las instituciones dejaron vacío. Carmen Teresa Navas buscó a Víctor cuando el Estado ya sabía, según su propia versión, que había muerto. Zugeimar Armas sigue defendiendo la verdad sobre Neomar. Elvira Llovera insiste en que el nombre de Juan Pablo no sea enterrado bajo una versión falsa. Todas exigen justicia.
Sus hijos ya no pueden declarar. Ellas sí. Y mientras lo hagan, cada fotografía levantada en una plaza, cada rueda de prensa y cada denuncia ante organismos internacionales seguirá recordando que en Venezuela también se hiere cuando se oculta la verdad, cuando se retrasa la justicia y cuando se pretende que una madre acepte el silencio como respuesta.