Entre el 11 de junio y el 19 de julio, mientras el mundo seguía los partidos del Mundial, varios migrantes han sido asesinados en Estados Unidos a manos de agentes del ICE, la agencia de inmigración de Donald Trump. El último ha sido Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, que estaba de vacaciones y tenía previsto regresar el sábado pasado junto a su esposa y sus dos hijos. Pero allí, ahora sólo está ella gestionando la repatriación del cuerpo de su marido. Sólo en la primera quincena de julio, con el torneo entrando en su fase decisiva, se concentraron los casos más graves.
El 7 de julio, en Houston, un agente disparó a Lorenzo Salgado Araujo, constructor de 52 años, con su propia cuadrilla y sin un solo antecedente penal, padre de tres hijos. Llevaba a sus trabajadores a la obra cuando camionetas sin identificación lo persiguieron. Apenas una semana más tarde, en Biddeford (Maine), otro agente mató de un disparo a Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que tenía permiso de trabajo y ni siquiera era a quien buscaban. Al día siguiente, turno para un mexicano de 28 años que murió atropellado por un tráiler en Florida mientras huía de un operativo. Tres muertes en una sola semana, mientras la conversación pública iba de octavos y cuartos de final.
“Ahora mi hija pregunta por papá”
Detrás de cada nombre queda casi siempre una mujer sola sosteniendo lo que viene después. Karolina Rojas Álvarez, en representación de la familia de Durán Guerrero, ha ofrecido su primera declaración a la prensa: “Ahora mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá, que ya no lo podrá abrazar y decirle ‘papi, te amo’”. El propio Departamento de Seguridad Nacional tardó poco en reconocer que realmente su marido no era el objetivo de la operación.
La violencia del ICE tiene rostro masculino
Que quienes aprietan el gatillo sean casi siempre hombres no es, para algunas expertas, un detalle anecdótico. Ya en enero, la orientadora educativa Raquel Catalina lo analizaba en Artículo14: “Son profesiones con una fuerte presencia masculina en las que la frontera entre la obligación de servicio y protección de la seguridad ciudadana y el uso indiscriminado de la violencia como excusa del bienestar es, con frecuencia, invisible”. Su reflexión iba más allá del ámbito policial y apuntaba a algo cultural. “El porqué del uso y abuso de la fuerza y la violencia por parte de agentes masculinos más que de las mujeres con el mismo cometido da que pensar”, señalaba entonces, antes de rastrear el origen de ese patrón mucho antes del uniforme: “En nuestros niños y adolescentes hay una tendencia a la agresividad y la violencia mucho mayor en ellos que en ellas”. Una diferencia que, insistía, no es biológica, sino aprendida, alimentada por “una idea de masculinidad ficticia” que se refuerza en las redes, en casa y en una sociedad que sigue perpetuándola.
Al menos 22 migrantes muertos bajo custodia del ICE
El resto de los datos confirman que no se trata de casos aislados. Un informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights contabilizó 52 muertes bajo custodia entre enero de 2025 y junio de 2026, con la tasa de mortalidad más alta desde que la agencia existe. Entre 2024 y 2025, la población detenida creció un 73%, pero las muertes aumentaron un 191%. En total, ya son al menos 22 los migrantes muertos bajo custodia o en operativos en lo que va de 2026.
El patrón tampoco es fruto del azar. Según ha revelado el New York Times, el ICE recibió la orden de destinar más agentes a los arrestos y de fijar en 2.000 detenciones diarias el nuevo objetivo. Desde enero de 2025 se han registrado 29 incidentes en los que agentes dispararon contra civiles. Hubo un amago de rectificación: tras las muertes de Houston y Maine, el propio Gobierno ordenó pausar la mayoría de las paradas de tráfico del ICE. La pausa duró un día. Trump la revirtió en Truth Social reivindicando esas paradas como “una de las herramientas más efectivas” de la agencia.
Por ahora, México, que cifra en 17 sus nacionales muertos -catorce en centros de detención y tres en operativos-, ya ha presentado denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense y varias fiscalías estatales, y ha llevado el asunto a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.