Un mes después del terremoto que sacudió Venezuela y dejó cerca de 5.400 muertos y más de 17.000 personas sin hogar, el país sigue inmerso en una emergencia que va mucho más allá de la destrucción material. Mientras miles de familias intentan reconstruir sus vidas entre viviendas derruidas, infraestructuras colapsadas y una ayuda humanitaria insuficiente, organizaciones de derechos humanos sostienen que la tragedia ha puesto al descubierto el profundo deterioro del Estado venezolano y su incapacidad para proteger a la población en uno de los momentos más críticos de su historia reciente.
Para Martha Tineo, abogada y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), el terremoto no provocó la crisis, sino que “agravó una emergencia preexistente” y evidenció el fracaso de unas instituciones incapaces de responder ante una catástrofe de esta magnitud. “El Estado no solo falló en su deber de proteger y ofrecer una respuesta inmediata en las primeras horas de la tragedia, sino que cuando finalmente apareció, muchas veces lo hizo para seguir maltratando y cometiendo abusos”, afirma en conversación con Artículo14.
La imagen que resume mejor lo ocurrido durante las horas posteriores al seísmo no fue la de un operativo estatal de rescate, sino la de miles de ciudadanos organizándose para salvar vidas por sus propios medios. “La población ya es plenamente consciente de que no tiene un Estado que la proteja, que la auxilie o que le garantice absolutamente nada. Por eso vimos a la propia gente rescatándose a sí misma“, explica.
Ayuda humanitaria, no estatal
La llegada posterior de equipos internacionales de rescate y ayuda humanitaria alivió parcialmente la situación, pero, según la abogada, la asistencia continúa dependiendo en gran medida de la solidaridad exterior. “Todo lo que está recibiendo la gente que perdió absolutamente todo viene de la ayuda humanitaria y, sobre todo, de las inmensas donaciones de la diáspora venezolana. Son los venezolanos repartidos por todo el mundo quienes han coordinado el envío de toneladas de alimentos, medicinas, ropa e insumos. No ha sido el Estado quien ha abrazado las necesidades de la población”, sostiene.
Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos existe un colectivo que continúa prácticamente invisible dentro de la emergencia: los presos políticos. Esta semana, Justicia, Encuentro y Perdón, junto a familiares de detenidos y otras organizaciones de la sociedad civil, difundió un comunicado conjunto en el que reclama que la protección de la vida ocupe un lugar central en la respuesta humanitaria al desastre. “La libertad también salva vidas”, resume el texto.
La situación de los presos políticos en Venezuela
Cientos de personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en centros penitenciarios cuya infraestructura podría haberse visto afectada por los recientes movimientos sísmicos. “La libertad deja de ser únicamente una reivindicación jurídica para convertirse también en una medida urgente de protección humanitaria y de gestión del riesgo”, advierten las organizaciones.
Actualmente, al menos 518 presos políticos permanecen recluidos en cárceles y centros de detención donde continúan registrándose denuncias por aislamiento, restricciones a las visitas familiares, falta de asistencia médica, desapariciones forzadas de corta duración y condiciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Para Tineo, la situación demuestra cuáles son las prioridades del Estado venezolano. “Lo que queda en evidencia es que todas las estructuras del Estado han fracasado, excepto una: el aparato represivo”, afirma. La jurista establece una comparación especialmente dura entre la capacidad de respuesta mostrada durante la emergencia y la desplegada en otros momentos para contener protestas sociales de sectores opositores. “Es un Estado que ha sido capaz de movilizar cientos de miles de funcionarios de seguridad para reprimir manifestaciones pacíficas, pero que no dispuso de esos mismos efectivos para salir a rescatar, cuidar y proteger a los ciudadanos en medio de la tragedia”, denuncia.
Activistas denuncian además que la respuesta oficial frente a las peticiones de los familiares ha estado marcada por la intimidación. Mientras tanto, los familiares mantienen desde hace más de seis meses -antes del seísmo- un campamento permanente reclamando la libertad de los detenidos. Ante este escenario, las organizaciones reclaman la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos, la autorización para que organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja inspeccione los centros penitenciarios, así como una evaluación independiente del estado de las cárceles tras los terremotos.
Para Martha Tineo, el riesgo es que la magnitud del desastre termine relegando definitivamente la agenda de derechos humanos. Sin embargo, exige que ocurra lo contrario: “La emergencia confirma que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto de los derechos fundamentales”.
Un mes después del terremoto, mientras el país continúa contando víctimas y reconstruyendo ciudades enteras, las organizaciones de derechos humanos insisten en que la tragedia no puede medirse únicamente por el número de fallecidos o de viviendas destruidas. “No contamos con el Estado y, si se hace presente, lamentablemente muchas veces es para profundizar el dolor”, concluye Tineo.