Durante más de una década, la existencia de presos políticos en Venezuela ha sido una constante documentada por organizaciones nacionales e internacionales. Aunque la intensidad de la represión ha variado en función de los ciclos políticos, el país vive desde 2024 un repunte particularmente grave: detenciones masivas, desapariciones forzadas, torturas y procesos judiciales que violan sistemáticamente las garantías básicas. Los familiares de los detenidos se han convertido en portavoces involuntarios de una crisis que desgarra al país y que, pese a los riesgos, continúa siendo denunciada por organizaciones sobre el terreno.
Una de las voces que más de cerca conoce este drama es Martha Tineo, abogada y defensora de derechos humanos, cofundadora de la organización venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). Fundada en 2017 —aunque su trabajo recoge casos desde 2014—, la organización documenta asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y violencia sexual en el marco de la persecución política, con un enfoque “psicojurídico”: combinar investigación rigurosa con acompañamiento psicológico y reconstrucción del tejido social. Su labor les ha convertido en un referente para cientos de familiares que buscan justicia y apoyo emocional en medio de un panorama cada vez más adverso.
La crueldad deliberada
“Más allá de la persona reconocida, lo destacable es que se valide el recorrido pacífico de la sociedad venezolana en su anhelo legítimo de recuperar el Estado de derecho, de reinstitucionalizar el país y avanzar hacia la reconstrucción nacional”, comentó la abogada a Artículo14 sobre el Premio Nobel de la Paz recibido por la líder opositora María Corina Machado.
-¿Cómo describiría actualmente la situación de los presos políticos en Venezuela?
-Es una situación muy compleja. Durante más de una década, las organizaciones de la sociedad civil hemos documentado de forma exhaustiva casos de personas detenidas por razones políticas. En distintos momentos (2014, 2017, 2019) hubo picos de detenciones masivas, pero la existencia de presos políticos ha sido una constante. A partir de 2024, después de las elecciones, se produjo un incremento enorme: el 28 de julio registrábamos poco más de 300 presos políticos y, en semanas sucesivas, la cifra superó las 2.500 personas detenidas. Nunca habíamos visto algo así.
Es importante recordar que, durante todos estos años, las autoridades venezolanas negaban la existencia de presos políticos. Sin embargo, a partir de julio, fueron ellas mismas quienes anunciaron públicamente cifras y objetivos: “Tenemos mil detenidos y vamos por mil más”. Eso marcó un hito y mostró que estas detenciones masivas formaban parte de una política clara de control social y miedo.
-¿Ese clima represivo tuvo efecto inmediato en la población?
-Sin duda. Las manifestaciones posteriores al anuncio de los resultados oficiales no duraron más de tres o cuatro días. Cuando los cuerpos de seguridad del Estado salen a detener indiscriminadamente -adolescentes, mujeres, adultos mayores, incluso niños- el mensaje es de una crueldad deliberada. Nosotros representamos casos de jóvenes que simplemente estaban comiendo en un puesto callejero. Llegaban los cuerpos de seguridad y se los llevaban. Ha sido una persecución generalizada.
A esto se suma algo extremadamente grave: la exposición previa en cadena nacional de cargos como “traición a la patria”, “terrorismo” o “asociación para delinquir” antes incluso de detener a las personas. Es una barbaridad en términos de derecho penal: se precalificaban delitos antes de investigar. Lo que ocurrió después fue aún peor: desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e incluso violencia sexual contra niños, adolescentes y mujeres. En algunos casos se documentó esclavitud sexual como método de control o castigo. Es espantoso.
-En este clima, ¿qué riesgos enfrentan los familiares y las organizaciones que acompañan a las víctimas?
-Es una labor muy difícil. Nuestra organización trabaja con centralidad en las víctimas: les damos voz, documentamos sus casos y elevamos la información a mecanismos internacionales de protección. Nunca cruzamos la línea de hacer señalamientos irresponsables; nuestra tarea es estrictamente profesional y basada en estándares internacionales.
Ahora bien, eso no significa que estemos a salvo. El patrón de persecución es generalizado y todos somos potenciales víctimas, tanto defensores de derechos humanos como familiares de detenidos. Hemos asumido ese riesgo porque nuestro mandato es acompañarles. Los familiares viven un sufrimiento enorme: miedo constante, presiones, incertidumbre. Muchos deben enfrentarse a desapariciones temporales, a la falta de información, a audiencias sin garantías. Nosotros intentamos fortalecer capacidades para que ellos mismos sean protagonistas de sus procesos y no se sientan solos frente al Estado.
-¿Qué ocurre con el proceso penal en estos casos?
-Está suspendido de facto. Todas las detenciones siguen un mismo patrón: detención arbitraria, desaparición forzada de corta o larga duración, tortura o violencia sexual durante el periodo de incomunicación, y luego judicialización con graves irregularidades. Desde el año pasado ningún preso político ha podido designar abogados de confianza. Las audiencias se hacen de forma masiva y telemática: decenas de detenidos frente a una cámara, un juez del otro lado y un fiscal leyendo acusaciones genéricas. No se individualiza la responsabilidad penal. A todos se les acusa exactamente de lo mismo.
Quienes fueron excarcelados en diciembre y enero no están libres en sentido pleno: tienen medidas cautelares, prohibiciones de salida, restricciones para declarar sobre sus casos. Y los procesos judiciales continúan con pruebas falsas o sin pruebas. Hoy identificamos al menos 1.082 personas actualmente detenidas por razones políticas.
-Mencionó también el patrón de Sippenhaft. ¿Cómo ha evolucionado esa práctica en Venezuela?
-El patrón de Sippenhaft, o persecución a familiares, se aplicó en regímenes como el nazi y en otros gobiernos autoritarios. En Venezuela lo hemos visto desde hace muchos años, pero antes era algo más selectivo. Ahora se ha convertido en un patrón generalizado.
Consiste en perseguir, detener o amenazar a padres, hijos, parejas o hermanos del perseguido. A veces lo hacen para presionar a la persona a entregarse; en otros casos, aunque detienen al objetivo, igualmente encarcelan a la familia para quebrarlo psicológicamente. Este patrón lo vimos en casos emblemáticos como la familia Baduel desde 2007 y, más recientemente, con la detención de la defensora Rocío San Miguel, cuya hija y familiares fueron llevados también. Hoy, lamentablemente, es una práctica extendida.
-En este escenario tan adverso para los presos, ¿qué esperan de cualquier posible negociación o mediación internacional?
Dos cosas fundamentales. Primero, la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos. Y, junto a ello, que se inicien investigaciones que permitan determinar responsabilidades por la comisión de crímenes de derechos humanos. Las víctimas merecen justicia y reparación integral, tanto directas como indirectas.
Y segundo, algo imprescindible: que cese la política de persecución por razones políticas en Venezuela. Porque si el aparato represivo sigue activo, saldrán unos presos, pero entrarán otros. Lo hemos visto repetidamente durante más de una década. Sin desarticular la maquinaria de represión, no hay posibilidad de una solución real y sostenible.