Israel lleva un tiempo enviando órdenes de desplazamiento a quienes se encuentran en determinadas zonas de Líbano como, por ejemplo, el sur de Beirut o la zona de Bekaa. Estas medidas se enmarcan en el conflicto bélico que el Estado israelí mantiene con su país vecino desde hace unos meses. Dicha contienda no puede entenderse si no se pone el foco en la escalada regional derivada del acto de agresión previamente articulado por Estados Unidos e Israel contra Irán. De hecho, esta maniobra bélica llevó al partido político chií y grupo paramilitar apoyado por Irán, conocido como Hizbulá, a lanzar misiles contra ciudades israelíes. Y, como cabía imaginar, la enérgica respuesta del Gobierno de Benjamín Netanyahú no se hizo esperar: Israel arremetió contra varias localidades situadas al sur del Líbano y contra ciertos barrios de Beirut, argumentando que el grupo armado no estatal se encontraba en dichos emplazamientos.
Siguiendo el hilo de los acontecimientos principales y pasando por alto episodios particularmente trágicos como los del 8 de abril (una fecha nefasta que conllevó la muerte de unas 300 personas y dejó cerca de 1.150 heridos), Israel e Hizbulá alcanzaron un acuerdo sobre el cese de las hostilidades. Ello sucedió el pasado 16 de abril. Sin embargo, esta tregua –que a primera vista pudo concebirse como un momento esperanzador– ha acabado erigiéndose como una maniobra altamente cuestionable. Así se concluye cuando se conocen los detalles de un acuerdo que concede a Israel, inexplicablemente, la posibilidad de actuar bajo el amparo de la legítima defensa; un derecho que cualquier Estado posee, pero que en este caso ha sido reconocido al citado país de manera expresa: ¿por qué y para qué? El transcurso del tiempo ha ido despejando estas incógnitas hasta revelar que el inciso en cuestión –lejos de ser una previsión inocua– pone de manifiesto una idea clara: se ha otorgado a Israel una posición privilegiada dentro de un acuerdo ostensiblemente desequilibrado.
La consolidación de la presencia militar israelí en Líbano
En el caso de que se alberguen ciertas dudas sobre lo anterior, éstas deberían disiparse al constatar que el pacto no contempla siquiera la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes del territorio libanés; una condición que, por cierto, suele insertarse en situaciones similares. Entonces, ¿por qué no ha sido incluida esta cláusula? Como es lógico, dicha omisión hizo que saltasen pronto todas las alarmas. Y, de nuevo, el paso del tiempo ha permitido comprobar que esta ausencia es –vergonzosamente– coherente con la estrategia militar desarrollada por Israel; una dinámica caracterizada por la progresiva ocupación de territorio ajeno. En consecuencia, la ausencia de una previsión relativa a la retirada de efectivos israelíes de Líbano no responde –como se pretendió hacer creer inicialmente– a una necesidad vinculada a la seguridad de Israel. Más bien al contrario: el contenido de este controvertido arreglo ha significado la consolidación de la presencia militar israelí en un territorio que le es completamente ajeno.
Este pacto representa una vulneración tan penosa como preocupante de algunos de los cimientos sobre los que se articula la sociedad internacional contemporánea: la igualdad soberana de los Estados y la no intervención. Ambos principios quedaron definitivamente consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras siglos de evolución histórica. Por ello, resulta difícil comprender que una tregua de estas características haya logrado prosperar y, más difícil aún, que haya sido prorrogada.
En cualquier caso, lo más frustrante no es tanto la asimetría que conlleva, sino constatar que no ha traído consigo un verdadero alto el fuego. Israel, en todo este tiempo, no ha dejado de bombardear ciudades, atacar infraestructuras civiles y desarrollar nuevas operaciones sobre territorio libanés. En definitiva, ha aprovechado la coyuntura para reproducir dinámicas similares a las desplegadas en la Franja de Gaza, trazando nuevas líneas en un mapa que va transformando a su antojo. Los datos que se ofrecen son aterradores: la zona controlada por Israel, denominada “zona de seguridad”, abarca unos 600 kilómetros cuadrados; es decir: el 6% de Líbano.
La parcialidad de la declaración
Teniendo en cuenta lo que ha ido sucediendo en estos meses, merece la pena subrayar que, a principios de junio, se adoptó una declaración conjunta por parte de Estados Unidos, Líbano e Israel con el objeto de articular “un acuerdo integral de paz y seguridad”. Ello ha promovido la creación de “zonas piloto” que las tropas libanesas deben controlar, vetando la presencia de actores no estatales. Además, se ha aprovechado la ocasión para condenar los ataques perpetrados por Irán a los países de la región. Lo que obliga a preguntarse lo siguiente: ¿qué sucede con el acto de agresión primigenio perpetrado el 28 de febrero y que desató la entropía posterior?
Es, sencillamente, asombrosa la parcialidad de esta declaración, en la que a modo de ya no se sabe si de mofa institucional, Estados Unidos confirma su predisposición a que el Gobierno libanés y el israelí “ejerzan plenamente su soberanía”. ¿A partir de cuándo se va a respetar la libanesa? ¿Cuándo Israel ya se haya asentado plenamente en una parte del Líbano? Esta declaración tan bochornosa como engañosa muestra algo de cordura cuando el Estado libanés manifiesta que es necesario no sólo respetar las fronteras internacionalmente reconocidas, sino también proceder al cese total de las hostilidades. Pero, ojo, este es el deseo de uno de ellos. La cuestión es la siguiente: ¿coincidirán el resto de los interlocutores con este mismo planteamiento? Según parece, alcanzarán un acuerdo integral a finales del mes de junio. Así que, quizá, para saber el desenlace de todo ello habrá que esperar por lo menos unas semanas más.
Continúan los ataques contra Líbano
En todo caso, los ataques de Israel en Líbano han continuado sin interrupción y ajenos a cualquier perspectiva de paz. Así, el 9 de junio, en la histórica ciudad de Tiro, murieron 9 personas y 29 resultaron heridas. Los bombardeos abarcaron el barrio cristiano que hasta entonces era considerado un lugar seguro. Y es que el Estado agresor, sin aportar prueba alguna, ha afirmado que Hizbulá se encuentra operando también en dicha zona.
Es preciso señalar que muchos de los ataques desplegados se producen tras la emisión de órdenes de evacuación, cuyo contenido varía en función de las circunstancias. Recientemente, se informó a la población libanesa de que debía situarse más allá del río Zahrani para evitar poner en peligro sus vidas. Son 10 kilómetros por encima del río Litani, el límite fijado antes de alcanzar la débil y frágil tregua de abril. De este modo, Israel va ganando terreno en el sentido más literal de la palabra, forjando una nueva realidad territorial. Pero más allá de la dimensión geográfica, existe otra realidad mucho más dramática: la humana. Estos anuncios –excesivamente amplios e inconclusos– suponen el abandono de viviendas, tierras, negocios e infraestructuras comunitarias, generando dinámicas que condicionarán el futuro de los territorios afectados.
La devastación es enorme: más de una cuarta parte de la población no ha tenido más remedio que trasladarse. La ONU está ya alertando sobre ello. Asimismo, diversas voces expertas apuntan a que Israel estaría favoreciendo procesos de desplazamiento forzoso, lo que -no hay que olvidar- constituye un comportamiento ilícito según el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra. Es cierto -de acuerdo con lo dispuesto en este precepto legal- que dichos traslados pueden llevarse a cabo por “seguridad de la población o imperiosas razones militares”. Sin embargo, se añade que ésta “será devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hostilidades en ese sector”. Las órdenes israelíes están planteando, por lo tanto, serios interrogantes desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario en la medida en que parecen diseñadas a alterar la composición demográfica y territorial de determinadas zonas del país.
Mientras tanto, la población libanesa continúa soportando el peso de una guerra que no ha elegido, observando además cómo el territorio sobre el que han construido sus vidas se transforma y se vuelve cada vez más ajeno. La pregunta que arrecia con fuerza es si los libaneses lograrán resistir como lo ha hecho durante milenios el cedro, símbolo indiscutible de Líbano. Este árbol, presente en la bandera del país, se encuentra estrechamente asociado con la identidad nacional. Se caracteriza por unas obstinadas y férreas raíces, así como por una extraordinaria capacidad para sobrevivir a las condiciones más adversas. No en vano, su apreciada madera fue empleada en algunas de las construcciones más emblemáticas de la Antigüedad como, por ejemplo, el célebre Templo de Salomón en Jerusalén.
El destino de este árbol y el del pueblo libanés parecen entrecruzarse: los cedros continúan aferrados a la tierra que los vio nacer, mientras miles de libaneses se ven obligados a abandonar sus hogares y alejarse de sus comunidades. Así, surge una última incógnita: ¿reaccionará la comunidad internacional antes de que un pueblo profundamente arraigado a su tierra sea progresivamente desarraigado de ella? Porque cuando se arrancan las raíces de una sociedad, no sólo se pone en riesgo el futuro de un Estado, sino que también se erosiona una parte de la historia, la identidad y la memoria colectiva de toda una región.