Nueva York ha vuelto a convertirse estos días en un escenario privilegiado de la diplomacia internacional. La celebración del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha servido de punto de encuentro para numerosos líderes que han compartido espacio bajo el siguiente lema: “restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”. Este leitmotiv resulta revelador no sólo porque refleja el momento convulso en el que se encuentra la comunidad internacional, sino porque además subraya –y de manera acertada– el desafío estructural que afronta esta organización. En definitiva, la elección de esta consigna como eje central de las conversaciones mantenidas a lo largo de esta semana muestra cómo la pérdida de autoridad constituye hoy el particular talón de Aquiles de aquélla.
Así pues, tras casi ocho décadas de andadura, la ONU –nacida entre los escombros de un conflicto bélico que asoló al planeta– enfrenta una amenaza que afecta a sus propios cimientos: la dificultad de hacer valer los principios y compromisos sobre los que se construyó. Para llegar a esta conclusión hay que ahondar en las ambiciosas pretensiones de su tratado fundacional: la Carta de la ONU. En este sentido, cobra interés rescatar su preámbulo, puesto que en él se recogen compromisos esenciales. Uno de ellos incide, precisamente, en preservar a las generaciones futuras del “flagelo de la guerra”. Consecuentemente, el tratado –firmado el 26 de junio de 1945 en San Francisco– sitúa el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales entre sus objetivos principales. Ello queda corroborado en el artículo 2, el cual consagra el principio de igualdad soberana de todos sus miembros y estipula que “arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos”.
A la luz de lo explicado, no cuesta esfuerzo imaginar el impacto tan extraordinario que debió tener a finales de los años cuarenta la entrada en vigor de la Carta de la ONU. En ese sentido, debe recordarse que dicho acuerdo sentó (o al menos así lo pretendió) las bases de un nuevo orden internacional en el que la paz y la cooperación no debían ser simples aspiraciones, sino compromisos exigibles. Y ahora –tras largas décadas desde su creación– el balance en torno a su trayectoria viene acompañado de un veredicto implacable: da la impresión de que las luces que, sin duda, existen y han traído consigo aportaciones positivas, palidecen ante unas sombras que avanzan inexorablemente hasta terminar por eclipsarlo todo. Esta particular crisis de credibilidad que padece se encuentra, en parte, relacionada con su incapacidad de detener los conflictos actuales; una circunstancia nada menor si se tiene en cuenta que la razón de ser originaria de la ONU es, precisamente, evitar la barbarie.
Con este telón de fondo, los discursos de estos días en la sede de la ONU adquieren una relevancia especial no tanto para averiguar qué opinión tienen los dirigentes en torno a temas candentes (que también), sino para determinar hasta qué punto se valen o prescinden de esta organización a la hora de abordarlos. En este contexto, las palabras de Donald Trump han suscitado un gran interés. El presidente estadounidense, sin tapujos, subrayó que su gobierno está “modelando el escenario mundial”. Una afirmación que deja entrever que su concepción de las relaciones internacionales no pasa ni mucho menos por someterlas a los tradicionales cauces multilaterales. Su visión es, de hecho, la contraria: nada ni nadie le hace falta para construir un mundo a su medida. Además, en su contundente diatriba, aprovechó la ocasión para aludir al conflicto que su país mantiene con Irán y se preguntó si debía alcanzar un acuerdo o, por el contrario, aniquilar a su enemigo. Un vocabulario profundamente hostil que difícilmente encaja con las premisas y obligaciones que estipula la Carta de la ONU.
Por otra parte, la invasión rusa de Ucrania ha ocupado un lugar destacado de la mano del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, quien pidió a la comunidad internacional que ejerciera presión sobre su enemigo para que la guerra acabe. Además, informó de que se están haciendo esfuerzos orientados a poner sobre la mesa un potencial acuerdo de paz. Con respecto a este último extremo, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dejó claro –frente al Consejo de Seguridad– que no habrá pausa alguna ante las negociaciones que puedan darse, ya que Europa utilizará esta circunstancia para “reabastecer los arsenales militares agotados”. De este modo, Moscú desvincula la negociación diplomática de una tregua en el frente; ello evidencia hasta qué punto la desconfianza militar predomina sobre cualquier marco de entendimiento que pudiera surgir, por ejemplo, en el seno de una organización como la ONU.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una postura desafiante en su intervención en la que, por cierto, hubo pocos testigos directos, ya que muchos decidieron abandonar la sala cuando este se dispuso a tomar la palabra. Fue, en todo caso, un discurso marcado por la confrontación y salpicado de insultos. Más allá del tono empleado, resultó chocante comprobar cómo a este dirigente le ha traído sin cuidado que el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, haya comentado al comienzo de esta semana –en lo que muchos consideran su speech de despedida– que lo sucedido en Gaza es el episodio más grave de todos los acontecidos bajo su mandato. Así pues, da la impresión de que los espacios que promueve la organización para la negociación y la cooperación quedan reducidos a escenarios de confrontación retórica.
Con estos mimbres, cabe preguntarse lo siguiente: ¿qué será de la ONU? ¿Será capaz de revertir esta tendencia –cada vez más acusada– de las poderosas potencias consistente en recorrer su propio camino al margen de los cauces internacionales? Más allá de declaraciones bienintencionadas o de positivas consignas en reuniones de alto nivel, la organización parece abocada a realizar reformas de calado si lo que pretende es subsistir. Y, bajo este planteamiento, es evidente que una de ellas debería recaer sobre el Consejo de Seguridad, el cual permite a sus miembros con asiento permanente ejercer el derecho de veto. Este nefasto modus operandi posibilita, en definitiva, que unos pocos bloqueen decisiones que afectan al conjunto de la comunidad internacional; esta situación no sólo paraliza la acción multilateral, sino que además socava el principio de igualdad soberana que con tantas ínfulas proclama la Carta. Consecuentemente, el órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales queda, en la práctica, a merced de los intereses geoestratégicos particulares de quienes ostentan dicho privilegio.
Conviene recordar cómo se gestó este controvertido diseño institucional. Para ello, debemos trasladarnos a la lejana e incómoda península de Crimea de 1945, ya que fue ahí donde se acordó introducir esta sutil triquiñuela que resultó ser una condición crucial para asegurar la participación de la Unión Soviética en la futura ONU. En aquel momento, los Estados que acabarían venciendo la guerra abrazaban un loable proyecto, pero al mismo tiempo y para garantizar su éxito pagaron –sin intuirlo, quizá– un alto precio que ahora parece amenazar el sistema que ayudaron a fundar.
En otras palabras, en Yalta se sembró buena parte del germen del descrédito que sufre hoy la ONU. Un pecado original que, a estas alturas y con tantos conflictos bélicos en curso, merma gravemente su autoridad. Y si la recuperación de esa confianza depende estrictamente de que dicha reforma se materialice, ya podemos permanecer sentados porque nada de ello ocurrirá. ¿Quién querría renunciar voluntariamente a una posición tan privilegiada? En un tablero internacional tan complejo como el actual, todas las naciones desearían –de hecho– haber estado en Yalta. Y, por supuesto, las que ahí estuvieron no parecen dispuestas a irse “a Sevilla” y perder una silla que, ocho décadas después, sigue resultándoles extraordinariamente cómoda.