Cuando tocamos temas sensibles, con muchas implicaciones y aristas, es mejor ser prudente y observar los distintos matices, como intentaré en este artículo, desde mi visión de educador, jurista y filósofo. Huyendo del discurso “polarizado” e intentando arrojar luz al diálogo, aún con el riesgo de equivocarme o ser criticado.
Como es conocido, el término “Mena” fue acuñado por los medios de comunicación españoles como abreviatura de “Menor No Acompañado”, refiriéndonos a la situación de aquellos niños y jóvenes menores de 18 años que entraban (y entran) ilegalmente en nuestro país. Hoy este concepto parece tener connotaciones negativas.
En España, como en todas las sociedades occidentales, los niños y adolescentes tienen un estatus jurídico reforzado, como le explicaba este año a mis alumnos de tercero de ESO: ‘vosotros tenéis todos los derechos, aunque, no todos en su máxima expresión (pensad en el derecho a voto), y otros están reforzados frente a los adultos (como la educación)’. Algunos sociólogos han hablado de la “sacralización de la infancia” (V. Zelizer) como uno de los rasgos de la sociedad contemporánea. Desde mi punto de vista, esto es algo positivo, porque sabemos que los niños “no sirven para otra cosa” (ser mano de obra barata, explotaciones de todos los tipos…), sino que son personas en una etapa vital crucial para su desarrollo futuro, que necesita de un especial ‘cuidado’.
Que nuestro ordenamiento jurídico otorgue a todos los niños – dando igual la nacionalidad – este mismo estatus es, sin duda, un gesto no sólo de compasión o acogida, sino de racionalidad. Si hablamos de “Derechos Humanos” es porque se tienen en tanto que somos seres humanos, dando igual cualquier tipo de diferencia entre nosotros. Si fuesen solo de unos pocos, los llamaríamos, más bien, “privilegios”. Lo mismo ocurre con la infancia y adolescencia.
Por esto, ese cuidado de los “menas” en nuestro país es algo que hace de nosotros, no solo un país humanitario, sino una comunidad política racionalmente sólida y solidaria. Esto debería ser motivo de orgullo, no de enfado.
De este cuidado, además, nos debemos responsabilizar todos por igual. Así, a mí modo de ver, restringir el nivel de carga que las CCAA asumen en este tema es, sin duda, promocionar la des-cohesión nacional y el aumento de las diferencias entre regiones. Recordemos el dato del 2.600% de exceso de capacidad del centro de acogida de menores de Ceuta.
Tampoco podemos criminalizar a un colectivo (en conjunto) por los actos de algunos. Esa “falacia” (de generalización indebida) es, desgraciadamente, el ‘pan de cada día’ de muchos discursos públicos. Pero yo no puedo inferir, del hecho de cruzar una frontera sin un adulto, peligrosidad o amenaza.
Eso sí, y aquí está la otra arista: lo doloroso es ver que la protección que damos a la infancia pueda generar un verdadero “efecto llamada” (o “efecto empuje”, quién sabe) a menores (y familias) de otros países – aunque la literatura especializada aún debate sobre esto. Aun así, he aquí el colmo de las desigualdades, las que afectan (e instrumentaliza) a los niños.
Cuando estuve en Kinshasa (RDC), en un viaje de cooperación, en 2018, me quedé tristemente asombrado del número de niños y niñas que vivían allí en la calle: desahuciados por sus familias por acusación de “brujería” o simplemente abandonados o expulsados, comprendí el enorme choque cultural entre la infancia tal y como nosotros la entendemos y cómo se vive en otras regiones del mundo. Al parecer, el número rondaba en 2025 la alucinante cifra de entre 30 y 50 mil niños de la calle (UNICEF y Save The Children). Otro contexto, misma situación: la expulsión de cierta infancia de la sociedad.
Sin embargo, la protección interna de la infancia no “riñe” con un control (necesario) de los flujos migratorios y de las fronteras. Flaco favor les hacemos a los niños de otros países si les alentamos a jugarse la vida recorriendo desiertos y cruzando mares por la expulsión que han vivido en sus comunidades de origen. De hecho, según un informe de Save The Children (2021), uno de cada tres menores migrantes entrevistados en la crisis de Ceuta declaró haber sufrido violencia física o abusos en su país de origen — un dato que desmiente la imagen de la migración infantil como aventura y confirma su naturaleza, muchas veces, de huida.
En definitiva, he aquí otro elemento de nuestra acción exterior: no solo cuidar a los menores de nuestro territorio (sean quienes sean), sino la denuncia de las vulneraciones de los Derechos del Niño y la Niña en países aún alejados de su protección, sean ‘vecinos’ nuestros o no. Y la colaboración internacional para la protección del menor.
Huyamos de discursos simples y miremos con compasión a la infancia, primera víctima de nuestros desmanes, sin dejar de denunciar e impedir las vulneraciones que, en realidad, pueden partir de otros países… y estar prolongando en ‘casa’.