Siempre he soñado con ser juez, con poder defender lo que considero justo sin tener que someterme a arbitrariedad de terceros o seguir las instrucciones de un superior jerárquico. Por ello, desde pequeña tuve claro que iba a opositar, y de ahí que cursara la carrera de Derecho, pese a que me hubiera encantado hacer filología italiana y poder seguir disfrutando de Dante, Petrarca y Boccaccio, en lugar de enfrascarme en el Derecho Romano o Tributario. Así ocurre con la mayoría de los jueces, lo somos por vocación: podríamos haber preparado inspección de Hacienda, Abogacía del Estado, Notaría o Registros, en cuyo caso trabajaríamos con medios decentes en lugar de hacerlo en edificios menesterosos y vernos obligados a mendigar retribuciones variables y sustituciones para complementar el magro sueldo de nuestro oficio. Sin embargo, optamos por estudiar una de las oposiciones más duras para servir al ciudadano sin injerencias, sometidos únicamente al imperio de la ley y sin temer reprimendas o instrucciones de superiores o terceros… Eso creía yo, ilusa de mí.
Recuerdo mis primeras guardias, cobrando la friolera de 1,70 euros la hora, que no alcanzaba ni siquiera para adquirir el bocadillo que comería en el Juzgado donde tenía que seguir pasando a los detenidos por la tarde o resolver una orden de protección de una víctima de violencia de género. Peor lo tenían los compañeros con hijos pequeños, que debían pagar a una canguro. A estos la semana de guardia les salía a deber. Quizá en aquellas circunstancias deberíamos haber planteado pasar la fregona por el despacho y cobrar los doce euros la hora que percibe cualquier asistente de limpieza.
Una de las veces que me tocó la guardia que abarcaba desde la Navidad hasta el fin de año no pude reunirme con mi familia en tan señaladas fechas, mientras que la policía local por uno solo de esos tres días festivos cobraba el doble que yo por la semana entera. Cuando me quejaba de estas condiciones, mi padre me contestaba “Hija mía, es que has escogido una carrera en que os pagan en importancia” y quizá con eso, ingenua de mí, me consolaba, pensando en la grandeza de la función que ejercía a pesar del sacrificio que llevaba aparejado.
Hoy, con varios trienios a la espalda, me encuentro como diría Dante al inicio del infierno de la Divina Comedia “nel mezzo del cammin di nostra vita” en una selva oscura en la que se pierde el camino correcto. Cada dos por tres nos vemos obligados a demandar al Ministerio de Justicia las retribuciones variables o la categoría que efectivamente se ejerce. Nos hacen perder tiempo en Juzgados colapsados enumerando todos y cada uno de los procedimientos que hemos tenido que resolver para que nos paguen las sustituciones, pues ya se niegan a contratar a sustitutos cuando faltan titulares. Con la instauración precipitada y sin medios adecuados de los Tribunales de instancia, nos han despojado de toda potestad para hacer que funcione nuestro Juzgado. Y todo ello sin los mínimos derechos que se le reconocen a cualquier trabajador pues ahora el Consejo General del Poder Judicial ha decidido que a los jueces no se nos aplica el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, saltándose a la torera la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 581/2023 que le condenó a regular la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral… Total, para qué tener a los cinco mil y pico jueces españoles sanos y medianamente protegidos. En las actuales circunstancias nos podemos permitir el escandaloso aumento de jubilaciones voluntarias o por incapacidad permanente (más del cuarenta por ciento) y que dentro de ocho años se haya jubilado un 32% de la carrera judicial. Así quizá tengan una excusa para meter a dedo a miles de amigos sin el previo trámite de aprobar una oposición y sin la exigencia de unos mínimos criterios constitucionales de mérito y capacidad.
La triste realidad es que no alcanzamos ni de lejos la media europea de jueces por habitante (17 frente a nuestros escasos 11 por cada cien mil habitantes) y que cada juez español trabaja por tres habida cuenta que también llevamos la instrucción porque la Fiscalía sigue órdenes e instrucciones del Fiscal General del Estado y como bien nos recordó el Presidente del Gobierno en 2019, luciendo su magnífica sonrisa satisfecha, ¿la Fiscalía, de quién depende? De este modo, llevamos años acostumbrándonos a la política del palo sin zanahoria alguna. Nosotros podemos con eso y con mucho más, que para eso somos un poder de Estado, el único que lo es por superación de pruebas objetivas de mérito y capacidad, el único que no depende de promesas electorales y pactos de gobierno, los únicos funcionarios inamovibles, independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. No podemos quejarnos porque a falta de emolumentos dinerarios nos pagan en importancia ¿verdad? Pues ahora resulta que ni eso, que un Ministro de Justicia manifiestamente mejorable afirma, sin ningún pudor, que la instrucción llevada a cabo por cierto juez avergüenza a los demás y que un tribunal superior, independiente e imparcial, resolverá la cuestión. El Ministro aventura el futuro, con la omnisciencia propia de Nostradamus, y señala que el Tribunal que refute al instructor acertará en lo correcto. Me pregunto quién resolverá el descrédito y el atropello diario al que nos someten quienes deberían apoyarnos en lugar de deslegitimarnos porque sirven a intereses partidistas.
Sólo espero que futuros Ministros recobren la dignidad institucional, el respeto a la separación de poderes y la compostura propia del cargo que ejercen. En definitiva, que reencontremos la correcta vía que parecía desaparecida en el infierno de Dante. Cuidemos y respetemos a quienes a diario han de impartir Justicia y resolver nuestros divorcios, despidos, libertades, órdenes de protección, etc. Nos jugamos, como pueblo y democracia, mucho más de lo que parece.