Como en la película de Benjamin Button, pareciera que mi generación nació vieja: con la deuda ecológica ya encima, con trabajos precarios como única certeza y con la ansiedad instalada antes de cumplir los veinte años. Nos dijeron que la juventud era para soñar, pero lo cierto es que tuvimos que aprender a sobrevivir.
Recuerdo que cualquier día de verano la casa de mis padres de acogida se llenaba de amigos que venían a compartir una comida. Al día siguiente, más de veinte jóvenes amigos de mis hermanas repetían el mismo ritual. En agosto, visitábamos a otras familias que tenían algún apartamento en la playa o una casita en cualquier rincón de España. Podíamos reunirnos hasta cinco familias, con hijos de todas las edades, bajo el mismo techo.
Aquellas vacaciones me hicieron creer que todos los españoles eran ricos. No porque todos vivieran en casas enormes, sino porque incluso las familias trabajadoras que conocía parecían tener algo que para mí era un lujo: tiempo para disfrutar de sus hijos, para irse de vacaciones, para organizar una comida con amigos o para pasar una tarde sin preocuparse por el día siguiente.
En 2007 tuve la oportunidad de quedarme en España durante todo el invierno para continuar mis estudios. Fue entonces cuando empecé a conocer de verdad aquella sociedad que hasta ese momento solo había visto durante los veranos.
Mientras nosotros descubríamos Tuenti, subíamos fotos pixeladas y empezábamos nuestras primeras conversaciones por internet, en la televisión aparecía una palabra que terminaría por acompañarnos durante toda nuestra juventud: crisis. La televisión era mi principal herramienta para aprender castellano. Recuerdo perfectamente cómo intentaba traducir aquella palabra a mi madre durante las pocas llamadas que podía hacerle a los campamentos de refugiados. Ella, asustada, rezaba e intentaba tranquilizarme.
Poco a poco, aquellas familias que había conocido durante los veranos empezaron a cambiar sus costumbres. Algunos padres perdieron sus empleos, las vacaciones dejaron de ser una certeza y muchos jóvenes comenzaron a abandonar sus estudios universitarios para trabajar o emigrar a Inglaterra.
La prosperidad que yo había conocido durante mi infancia comenzaba a resquebrajarse. Y con ella, la promesa de que los hijos viviríamos mejor que nuestros padres.
Durante aquellos años descubrí también que había algo que compartía con muchos de mis amigos españoles, aunque nuestras infancias hubieran sido radicalmente distintas: la vergüenza de ser pobres.
Cuando regresaba a los campamentos, ayudaba a mi madre a vender pan y caramelos en su pequeña tienda. Aunque apenas tenía diez años, era su contable y su vendedora. Los fines de semana la acompañaba al mercado de Tinduf, donde en ocasiones se veía obligada a vender los juguetes que mi hermano y yo habíamos traído desde España. Nos dolía desprendernos de ellos, pero nos convencíamos de que ya éramos demasiado mayores para jugar con Barbies.
Era nuestra manera de aceptar que había cosas más importantes que nuestra infancia.
Años después, muchos de mis compañeros de universidad tuvieron que empezar a pagar las hipotecas de sus padres, que habían perdido el empleo a los cincuenta años y no conseguían encontrar otro. Otros vieron cómo sus viviendas acababan en manos de los bancos. Los hijos de la crisis económica española se convirtieron, de alguna manera, en padres de sus propios padres.
Y aquella vergüenza que yo había conocido vendiendo juguetes en un mercado empezó a resultarme terriblemente familiar en las conversaciones con mis amigos.
Nos costaba reconocer que no teníamos dinero, que necesitábamos ayuda para pagar el alquiler o que, después de años estudiando y trabajando, no habíamos conseguido ahorrar prácticamente nada. Habíamos interiorizado tanto la promesa de la meritocracia que empezamos a considerar nuestra precariedad como un fracaso personal.
Nos dijeron que éramos la generación mejor preparada de la historia, pero nadie nos explicó que tener estudios universitarios no garantizaría encontrar un buen empleo, ni que tener un empleo garantizaría poder acceder a una vivienda.
Nos prometieron una vida mejor en la metrópoli y acabamos abandonando nuestros pueblos para trasladarnos a ciudades donde buena parte de nuestros salarios terminaba en manos de nuestros caseros.
Sin darnos cuenta, nos estaban secuestrando el tiempo. El tiempo de estar con nuestros padres, de criar a nuestros hijos, de visitar a nuestros abuelos o simplemente de disfrutar de una tarde con nuestros amigos. Ese tiempo que tanto me fascinaba durante los veranos de mi infancia y que ahora parece haberse convertido en uno de los mayores privilegios de nuestra sociedad.
Hemos terminado normalizando una vida en la que prácticamente todo requiere una suscripción mensual. Pagamos por la vivienda, por el transporte, por la música que escuchamos, por las películas que vemos y hasta por almacenar nuestras propias fotografías. Una sociedad de suscripciones en la que cada vez tenemos menos cosas en propiedad y más obligaciones económicas.
Pero creo que el verdadero elemento desmovilizador no es únicamente que nos hayan secuestrado el tiempo en esta sociedad de suscripciones. Es que, además, tenemos vergüenza de ser pobres.
Nos da vergüenza seguir compartiendo piso a los treinta años, reconocer que nuestros padres todavía nos ayudan económicamente o admitir que no podemos permitirnos unas vacaciones. Mientras tanto, pasamos horas mirando en las redes sociales las vidas aparentemente perfectas de personas que tienen las casas, los viajes y las experiencias que nosotros no podemos pagar.
Quizá por eso nos resulta más sencillo hacer scroll durante horas que enfrentarnos a nuestra propia precariedad. Porque es difícil organizarse colectivamente cuando estamos convencidos de que nuestros problemas son exclusivamente nuestros.
Y mientras mi generación intenta encontrar su lugar en el mundo, están desahuciando a nuestras abuelas.
Pienso en Maricarmen y en todas esas mujeres que sostuvieron nuestras familias cuando nosotros todavía no éramos capaces de sostenernos a nosotros mismos. Las abuelas que nos recogían del colegio, que preparaban la comida mientras nuestros padres trabajaban y que, cuando llegó la crisis económica, volvieron a abrir sus casas para acoger a sus hijos y nietos.
Mujeres que dedicaron buena parte de sus vidas a cuidar de los demás y que hoy, cuando deberían poder envejecer tranquilamente, tienen que seguir luchando para conservar aquello que construyeron durante décadas.
Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda madrileña en la que había vivido durante más de setenta años. Salió en camilla y fue trasladada al hospital. La empresa propietaria rechazó las alternativas de mediación planteadas para evitar el desalojo.
En mi tierra conocemos demasiado bien lo que significa perder un hogar. Mis padres pertenecen a una generación que tuvo que abandonar el Sáhara Occidental y reconstruir su vida en los campamentos de refugiados. Crecí escuchando historias de casas que habían quedado atrás, de familias separadas y de un regreso que se fue aplazando durante décadas.
Por eso, cuando pienso en el desahucio de Maricarmen, no puedo evitar preguntarme qué diferencia encuentra quien pierde su casa entre ser expulsado por un régimen dictatorial o acabar en la calle por los intereses de un fondo buitre.
Las circunstancias y las responsabilidades son diferentes, pero el desarraigo tiene algo profundamente cruel en ambos casos. Que alguien pueda arrebatarte el lugar donde has construido toda tu vida, donde has criado a tus hijos y donde has visto crecer a tus nietos. Que tu hogar, con todos sus recuerdos, termine reducido a una cifra en el balance de una empresa.
Y que todo eso suceda precisamente cuando ya deberías poder descansar.
Mientras tanto, hay quienes se empeñan en convencernos de que existe una guerra entre generaciones. Que nuestros abuelos han vivido demasiado bien, que nuestros padres acumulan demasiadas propiedades y que nosotros tendremos que pagar sus pensiones sin poder disfrutar jamás de las mismas oportunidades.
Pero la realidad que yo conozco es bastante distinta.
Conozco a jóvenes que siguen necesitando la ayuda de sus padres para pagar el alquiler. A padres que, después de toda una vida trabajando, tienen que ayudar económicamente a sus hijos mientras intentan cuidar de sus propios padres. Y a abuelos que utilizan sus pensiones para sostener a familias enteras.
Nos presentan como generaciones enfrentadas cuando, en realidad, llevamos años intentando sostenernos mutuamente.
El sistema ha terminado organizando nuestras vidas de tal manera que lo poco que cobramos sirve para ayudar a nuestros padres mientras desahucian a nuestros abuelos. Y cuando perdemos la casa de nuestros abuelos, perdemos también uno de los pocos lugares que todavía nos pertenecían emocionalmente.
Porque la casa de una abuela nunca es solamente su casa. Es el lugar al que regresamos en Navidad, donde guardamos las fotografías de nuestra infancia, donde aprendimos a cocinar y donde siempre hay alguien dispuesto a preguntarnos si hemos comido. Es ese espacio que sigue siendo nuestro incluso cuando ya nos hemos marchado a otra ciudad, compartimos piso con desconocidos y todavía no sabemos dónde viviremos el próximo año.
Para muchas familias trabajadoras, la vivienda de sus padres y abuelos ha sido también su última red de seguridad. El lugar al que volver cuando perdían el empleo, cuando una relación terminaba o cuando sencillamente ya no podían permitirse seguir pagando un alquiler.
Por eso me cuesta comprender que pretendan convencernos de que nuestros abuelos son los responsables de que nosotros no podamos comprarnos una vivienda. Como si la casa de Maricarmen fuera un obstáculo para el futuro de sus nietos, en lugar de uno de los pocos refugios que todavía les quedan.
Nos hemos acostumbrado a vivir provisionalmente. Tenemos trabajos provisionales, alquileres provisionales y proyectos personales que dependen de la renovación del siguiente contrato. Aplazamos tener hijos, regresar a nuestros pueblos o empezar una vida con nuestras parejas porque nunca sabemos si el año que viene podremos seguir viviendo en la misma ciudad.
Nos prometieron que, si estudiábamos y trabajábamos, podríamos construir un futuro mejor que el de nuestros padres. Pero estamos dedicando buena parte de nuestra vida a pagar por un presente que tampoco nos pertenece.
Y ahora descubrimos que ni siquiera está garantizado el pasado.
La historia de Maricarmen me hace pensar en todas aquellas abuelas que nos cuidaron mientras nosotros soñábamos con hacernos mayores. Que nos ayudaron a construir nuestra independencia y que hoy necesitan que alguien defienda la suya. También me recuerda que la pobreza y la precariedad no son solamente cuestiones económicas: nos roban tiempo, nos separan de nuestras familias y nos obligan a renunciar a experiencias que jamás podremos recuperar.
Mi generación nació vieja porque tuvo que aprender demasiado pronto a preocuparse por el dinero, por las hipotecas de sus padres y por un futuro cada vez más incierto. Pero nuestros abuelos tampoco están pudiendo disfrutar de la vejez que les prometieron. Y quizá esa sea la mayor contradicción de esta supuesta guerra entre generaciones: los nietos no conseguimos emanciparnos y las abuelas no pueden envejecer tranquilas en sus propias casas.
A veces pienso que la verdadera riqueza que descubrí cuando llegué a España no eran aquellas casas grandes ni las vacaciones en la playa. Era la posibilidad de compartir tiempo con quienes queríamos, de construir recuerdos y de tener siempre un hogar al que regresar. Hoy, cuando desahucian a Maricarmen, también desaparece una parte de todo aquello.
Pero hay algo que quienes convierten nuestras viviendas en activos financieros difícilmente pueden arrebatarnos: la capacidad de cuidarnos y organizarnos entre nosotros.
Lo hemos visto estos días en torno a Maricarmen. Vecinos que se han negado a dejarla sola, personas que han pasado noches enteras frente a su portal y un sindicato de inquilinas que la ha acompañado hasta el último momento. No consiguieron impedir el desahucio, pero sí demostraron que su historia no era únicamente un problema individual.
Desde que entré en las instituciones he comprendido todavía mejor la importancia de esa organización colectiva. También he descubierto lo difícil que puede resultar para cualquier ciudadano saber a qué puerta debe llamar cuando necesita resolver un problema. A veces es el ayuntamiento, otras la comunidad autónoma, el Gobierno o el Congreso. Y demasiadas veces las personas terminan recorriendo todas esas administraciones sin encontrar una respuesta.
Por eso me obsesiona hacer pedagogía sobre cómo funcionan nuestras instituciones. Explicar qué competencias tiene cada administración, qué mayorías parlamentarias hacen falta para aprobar una ley, quién puede modificar una norma y qué obstáculos aparecen durante una negociación.
Lo he vivido personalmente con la proposición de ley de nacionalidad saharaui. Durante mucho tiempo parecía imposible conseguir que avanzara. Sin embargo, la movilización de miles de personas, las organizaciones y las familias que se implicaron en ella acompañó todo el proceso hasta conseguir su aprobación en el Congreso.
Aquella experiencia me enseñó que las instituciones y la organización ciudadana no son mundos separados. Los representantes públicos pueden facilitar la interlocución y explicar los procedimientos, pero las organizaciones sociales también necesitan conocerlos para hacer llegar sus reivindicaciones a quienes tienen capacidad de decisión.
Quizá uno de los errores que cometemos en política sea abandonar precisamente esa pedagogía. Hablar mucho de los resultados y demasiado poco de los procesos. No explicar suficientemente qué sucede durante las negociaciones, qué responsabilidades corresponden a cada administración o por qué una medida que parecía cercana termina bloqueada.
Cuando dejamos de explicar todo eso, la frustración se acumula y la desconfianza hacia las instituciones crece. Y las personas que necesitan soluciones terminan sintiendo que nadie responde por ellas.
No existen fórmulas mágicas para resolver problemas tan complejos como el acceso a la vivienda. Pero sí existen sindicatos, asociaciones vecinales, organizaciones sociales e instituciones democráticas en las que participar y exigir responsabilidades.
Maricarmen nos recuerda, además, que las luchas de nuestros abuelos no son ajenas a las nuestras. Que no podemos hablar de emancipación juvenil sin hablar también del derecho de nuestros mayores a permanecer en sus hogares. Y que una sociedad que obliga a sus jóvenes a vivir en habitaciones compartidas mientras expulsa a sus abuelas de las casas en las que han envejecido tiene un problema que afecta a generaciones enteras.
Como en El curioso caso de Benjamin Button, hemos terminado caminando la vida en dirección contraria. Empezamos siendo adultos demasiado pronto y ahora soñamos con recuperar algo tan sencillo como aquellas tardes de verano en las que cinco familias podían reunirse en una misma casa, sin que nadie estuviera preocupado por cuánto costaría renovar el alquiler el año siguiente.
Puede que defender la patria sea también defender esos pequeños lugares en los que aprendimos lo que significa pertenecer a una comunidad. La casa de nuestros padres, las calles de nuestro barrio, los vecinos que nos vieron crecer y las abuelas que nos esperaban a la salida del colegio.
Porque no hay patria más grande que el abrazo de una abuela cuando viene a recogerte del colegio. Y ese abrazo no pueden desahuciarlo.
Han desahuciado a Maricarmen. Pero la historia de sus nietos todavía está por escribirse.