Ahora que Oklahoma se ha convertido en el estado número dieciséis de Estados Unidos en prohibir el matrimonio infantil (lo cual deja otros treinta y cuatro con ese reto pendiente) una podría caer en la tentación de pensar que hablamos de una reliquia lejana, de una costumbre arrinconada en países pobres o de tradiciones ajenas a Occidente. Sin embargo, si rascamos un mínimo, descubrimos que el matrimonio forzado no pertenece al pasado ni sucede siempre “en otros lugares”. También ocurre aquí. En España; mucho más cerca de lo que nos gusta admitir.
El matrimonio infantil y el matrimonio forzado, si bien son diferentes, se alimentan de lo mismo: del control sobre el cuerpo y el destino de las niñas y las mujeres jóvenes. Cambian las formas, el lenguaje o el envoltorio cultural, pero el mecanismo permanece. En algunos casos parece una boda formal, deseado, o incluso la mejor solución ante un embarazo imprevisto. En otros lo antecede una presión familiar constante, viajes al país de origen durante el verano, promesas pactadas desde la infancia o amenazas emocionales disfrazadas de deber familiar.
Las víctimas en España son menores o mujeres muy jóvenes, muchas veces con residencia legal o nacidas aquí, aunque sus familias procedan del Magreb, África subsahariana o el sur de Asia. Otro colectivo importante que lo tolera es el gitano. Y eso obliga a afrontar dos acusaciones frecuentes. El primero, pensar que este problema pertenece solo a “otras culturas”. El segundo, creer que denunciarlo equivale a xenofobia. Ninguna de las dos cosas resulta cierta.
El relativismo cultural presenta un límite muy claro: los derechos humanos. Y el consentimiento de una menor jamás puede negociarse en nombre de la tradición, la religión, la honra familiar o las costumbres heredadas. Una sociedad democrática no puede aceptar que la libertad de una niña dependa de cuánto miedo tenga a decepcionar a su comunidad.
Muchas veces no hay cadenas visibles. No hace falta violencia física cuando existe dependencia emocional, aislamiento, culpa o miedo al rechazo familiar. “No avergüences a la familia”. “Si no obedeces, tu padre enfermará”. “Si dices algo, nadie volverá a hablarte”. El control rara vez llega envuelto en brutalidad sino disfrazado de amor, obediencia y sacrificio.
España ha avanzado. El Código Penal tipifica el matrimonio forzado desde 2015 y varias comunidades autónomas cuentan con protocolos específicos. Pero seguimos muy lejos de una detección eficaz. Profesores, médicos, trabajadores sociales y policías necesitan más formación y más herramientas. Muchas víctimas ni siquiera saben que pueden pedir ayuda. Otras temen perder a toda su familia si hablan. Y algunas regresan de vacaciones casadas sin que nadie haya visto nada.
Mientras tanto, en buena parte del mundo el matrimonio infantil continúa como una epidemia silenciosa. Naciones Unidas lo considera una violación de derechos humanos dado todo lo que la boda arrastra: abandono escolar, embarazos precoces, dependencia económica, violencia y pobreza heredada.
Por eso la noticia de Oklahoma resulta tan paradójica. En un país capaz de retroceder en derechos reproductivos, todavía hacía falta prohibir legalmente que menores pudieran casarse. Estamos, lo recuerdo, en 2026. Pero quizá lo verdaderamente increíble sea nuestra facilidad para pensar que ciertos abusos pertenecen siempre a otro tiempo, a otro continente o a otra religión. La fe en que las democracias modernas quedaran automáticamente vacunadas contra el control sobre las mujeres. A nuestro pesar, las mujeres estamos descubriendo qué podemos esperar de las democracias modernas.