La llamada ley de nietos, es decir, la disposición adicional octava de la infame Ley de Memoria Democrática, funciona como un fabuloso detector de hipócritas. A diestra y siniestra. Hurgando en la etimología, se entiende: en el teatro griego, el hypokritēs es el actor que, escondido bajo una máscara, respondía al coro. En este escenario, ni un solo histrión/político patrio obra a cara descubierta: socialistas y sumandos menguantes sobreactúan, vocingleros, como personajes de La que se avecina; Abascal y Figaredo emulan a Donald Sutherland señalando al frente, boquiabiertos y desorbitados, en la más famosa escena de La invasión de los ultracuerpos, y el genovesismo rampante, ay, camina a ciegas, torpe y absurdo, por un suelo infestado de cáscaras de plátano.
La raíz es perversa: la Ley de Memoria Democrática, acunada por EH Bildu, legitima el relato de los herederos políticos de la banda terrorista ETA al investigar las supuestas vulneraciones de derechos humanos cometidas desde la aprobación de la Constitución hasta el 31 de diciembre de 1983, considerando, de una manera implícita, que los gobiernos de Suárez –y el primer año del de González– no son más que infectos estertores de la dictadura franquista. Durante su gestación, el PP denunció que la norma pretendía “destruir el legado de concordia” de la Transición y azuzar el avispero de la confrontación –nihil obstat–, mientras que Vox se ciscó en la visión “totalitaria” y “sectaria” de la historia reciente del país nuestro. No han sido pocas las veces en que Feijóo ha prometido derogarla. Por ejemplo, lo hizo en Ermua (Vizcaya), en 2022, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ese mártir cada vez más desconocido.
Sin embargo, la disposición adicional octava pasó absolutamente desapercibida para PP y Vox. Quienes ahora denuncian “ingeniería electoral” o “un golpe de Estado en diferido” versionaron entonces el “4’33” de John Cage. Más aún, Feijóo se comprometió, durante un viaje a Buenos Aires en noviembre del 22, a “impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior”. Por su parte, Ester Muñoz declaró en el Senado que “este grupo parlamentario considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio. Ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española”. La actual portavoz del PP se defendió así en X de su hemeroteca: “Nietos de exiliados. No la instrucción que aprobó el Gobierno”.
Nietos de exiliados. No la instrucción que aprobó el gobierno.
Os engañan y ni os enteráis. https://t.co/tf8dLa1R9H
— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) July 1, 2026
Se refiere Muñoz a la instrucción firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia –y hermana del ministro de Transportes–, Sofía Puente, que abrió la puerta a nacionalizar a cualquier nieto de español, hubiera o no sufrido represión. Hazte Oír –oh, sorpresa– presentó una querella acusándola de un delito de prevaricación administrativa. Yo en estas cosas no me meto: no pertenecen a mi negociado y se me escurren.
Me da que exageran quienes avistan un pucherazo en el horizonte. En mayo, las solicitudes de nacionalización superaban los 2,6 millones. El País cuenta que la red consular está saturada por la avalancha de solicitudes: con la Ley de Memoria Histórica, el Consulado General de España en Buenos Aires tardó trece años en resolver 60.000 expedientes; ahora se enfrenta a una cifra diez veces superior. Ahora bien, conviene no pecar de pardos: la mejor y la mayor tajada de la ley de nietos se la llevará el PSOE, un partido que se hunde en territorio nacional y que gana en el Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA) –a las últimas elecciones autonómicas remito–. Por un lado, Sánchez no da duros a cuatro pesetas; por otro, ha hallado una cortina de humo fabulosa para difuminar la legión de imputaciones y de condenas que sitia a su Gobierno, a su partido y a su familia. Que sí, que sí, que la reparación está muy bien, pero. Y en ese adversativo con vocación de agujero negro caben Ábalos, Leire Latre o Mercedes González.
El miedo generado por la ley de nietos beneficiará a Vox, que puede rentabilizar la alerta de la presunta metamorfosis bolivariana del Reino de España. Finalmente, más le vale a la cúpula del PP olvidarse de este asunto cuanto antes o cedérselo en exclusiva a Ayuso. Porque no saben actuar en este teatro. Un teatro, ya digo, con el escenario infestado de cáscaras de plátano.