La regularización ha roto las previsiones. El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha desbordado las previsiones y al final las solicitudes superan las estimaciones iniciales que las situaban en medio millón para llegar a los 1.174.978, más del doble. España necesitaba esta regularización porque una sociedad no puede permitirse tener a tanta gente en la sombra y sin acceso al estatus de ciudadanía. Es cuestión de dignidad humana y esto se hace a través de decisiones políticas. Hay que celebrar que este contingente pueda ejercer sus derechos cumpliendo a la vez con sus obligaciones y celebrar también que puedan abandonar la economía sumergida y colaborar con su esfuerzo en el mantenimiento del Estado vía cotizaciones e impuestos. La inmigración es un fenómeno estructural. España no tiene alternativa por razones económicas, de trabajo y demográficas. Es obvio que sin inmigrantes no creceríamos como país y el Estado del bienestar se tambalearía todavía mucho más. Y negar esto es tan irresponsable como ocultar las tensiones que unos flujos tan intensos generan sobre los servicios públicos, los salarios, la vivienda y la convivencia.
Precisamente porque la inmigración es necesaria hay que gestionarla con mucha legalidad, previsión y consenso. Y yo creo que esto ha faltado. La regularización que se ha hecho no tiene el acuerdo de la oposición, no se ha coordinado suficientemente con las comunidades autónomas y ahora el Tribunal Supremo estudia- si la medida choca con el Derecho comunitario. No estoy de acuerdo ni con negar derechos ni de alimentar discursos xenófobos pero es de cajón que en el espacio Shengen las decisiones nacionales tienen efectos que traspasan las fronteras de cada Estado. Por mucho que el ejecutivo se mantenga en el discurso de que los regularizados solo van a tener permiso para trabajar en España ¿quién va a controlar que alguien pueda acabar a los meses en Francia o Alemania si hay plena libertad para el movimiento de personas? Y esto tiene mucho que ver con el futuro porque lo que hay que controlar son los flujos de inmigración para poder evitar un nuevo colapso en pocos años.
Más control por tanto y mucha más inversión en los servicios públicos. Poder atender a todos los que se incorporan y no desatender a todos los que ya estamos para seguir aumentando la polarización que está instalada fuertemente en nuestro país. Y esto no se está haciendo. Por mucho que el Gobierno repita el mensaje de que las partidas sociales no han disminuido el sentimiento que tienen los españoles es de que nada funciona, que cada vez hay más listas de espera en la sanidad pública, menos plazas para los chavales en colegios públicos y unas infraestructuras que lejos de mantenerse cada vez presentan más agujeros. Salvando las distancias la radiografía de incorporar más población tiene que ver mucho con la fotografía que en los últimos años tiene nuestro servicios de alta velocidad. Hay más trenes en la red de alta velocidad lo cual es bueno para todos pero el servicio de mantenimiento que se está haciendo a lo que ya había ha disminuido en calidad y los ciudadanos lo notan. No se puede descuidar a lo que ya está en beneficio de integrar más servicios porque entonces lo que lleva años se deteriora considerablemente continuando con el símil de los trenes viejos y nuevos.
Necesitamos a los migrantes porque sin ellos que han llegado desde principios de siglo, la población de España no hubiera crecido hasta los 50 millones, la cifra que vamos a alcanzar en los próximos meses. Pero hay que denunciar que ese crecimiento no ha ido acompañado del gasto adecuado en servicios e infraestructuras. Este déficit a pesar de no tener como origen del problema a los inmigrantes crea inquietudes en el resto de los ciudadanos. Es muy injusto además de inadmisible atribuir a los inmigrantes todo el problema, no se les puede convertir en chivo expiatorio. Esto es un error económico y demográfico además de una falta de moral que comienza con la prioridad nacional y termina con iniciativas como la creación de centros de expulsión en terceros países que no están en la Unión Europea.
Sin embargo también es cierto que la regularización va a incrementar la presión sobre servicios públicos que están ya tensionados como la sanidad, la educación, la vivienda social o las oficinas de extranjería sin que exista de momento un retorno fiscal que lo compense. El gasto adicional va a recaer sobre comunidades autónomas y ayuntamientos que no tienen financiación garantizada. Y en el mercado laboral es probable que una mayor oferta de trabajadores poco cualificados pueda dificultar las subidas salariales en esos segmentos y debilitar el poder de negociación de quienes ya estaban empleados. De todo esto tiene que estar muy pendiente el ejecutivo para evitar diferencias y abusos. Más inmigrantes sí pero también más servicios públicos para evitar tensiones.