El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes el Plan de Integración y Ciudadanía: Un paso más en las políticas que refuerzan la cohesión social, que estará dotado con 505 millones de euros en su primer año y contará con cuatro líneas de actuación que actúan sobre el empleo, educación, vivienda, sanidad, convivencia y lucha contra la discriminación.
Según ha señalado Sánchez “el Plan de Integración y Ciudadanía es la palanca de integración de una política migratoria ya en marcha”, ha defendido que “desde 2018, la política migratoria del Gobierno se ha apoyado en más vías legales de entrada, refuerzo del arraigo, migración circular y cooperación con países de origen y tránsito”.
Además, ha incidido en que el principio que rige este Plan es que “todas las personas que viven en España, vengan de donde vengan, comparten los mismos derechos y las mismas obligaciones”, y ha defendido que “frente a otros modelos europeos que han fracasado en integrar, el objetivo es construir un modelo español de éxito: integrador, exigente y basado en un “nosotros” amplio que abarca a quien trabaja, convive y cumple las reglas”.
El Plan arrancará en 2026 y contará con una Comisión Interministerial, presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargada de coordinar su ejecución y evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados para 2030 en ámbitos como el empleo, la pobreza, la vivienda, la educación o la discriminación.
Agencia Estatal de Movilidad Humana
El primer eje del plan se centra en la regularidad y la ordenación de los flujos migratorios. Entre las medidas figura la regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular, el desarrollo de una Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas de migración y la creación de una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana. Respecto a la regularización, Sábchez ha anunciado que el proceso de regularización va a culminar -hoy es el último día- con más de un millón de solicitudes, que ya se han registrado.
Durante la presentación, Sánchez ha defendido que “el único efecto llamada es el de una economía que crea empleo en una sociedad abierta” y ha anunciado que la nueva estrategia de movilidad laboral pretende responder a las necesidades del tejido productivo español facilitando la llegada de trabajadores con contratos y situación regular desde el origen. También avanzó la puesta en marcha del proceso para crear una Agencia Estatal de Movilidad Humana que unifique funciones y recursos actualmente dispersos para ofrecer una gestión “más sencilla, coordinada y eficaz”, manteniendo separados los procedimientos de protección internacional y residencia y preservando las competencias en materia de seguridad y control fronterizo.
Refuerzo al empleo
El segundo eje, que estará dotado con 185 millones de euros, sitúa el empleo como la principal herramienta de integración. El Gobierno impulsará programas para facilitar el acceso al mercado laboral en sectores con alta demanda, promoverá el emprendimiento, reforzará la Inspección de Trabajo y pondrá en marcha una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptadas a las necesidades del mercado.
En este apartado, el presidente del Gobierno ha defendido que “no hay integración plena sin autonomía y no hay autonomía sin oportunidades”. Además, ha señalado que se invertirán más de 35 millones de euros para facilitar la incorporación tanto de personas migrantes como de población local a sectores con necesidades de mano de obra, como la construcción, los servicios sociales o la hostelería, además de reforzar el emprendimiento y las oportunidades en el medio rural. Asimismo, anunció una inversión superior a 150 millones de euros para crear más de 100.000 plazas de Formación Profesional flexible y conectada con el mercado laboral. “No hablamos de importar mano de obra; incorporamos personas con talento, con derechos y con un proyecto propio”, ha afirmado.
Reforzar el aprendizaje del idioma
El tercer eje está orientado a fortalecer la convivencia y contará con casi 30 millones de euros. En él, se incluyen programas para reforzar el aprendizaje de los idiomas oficiales, el conocimiento de las normas y valores democráticos, así como iniciativas para prevenir los discursos de odio y mejorar la atención a las víctimas de discriminación.
Durante su intervención, Sánchez ha defendido que la integración es “un compromiso recíproco” que implica tanto garantizar derechos como asumir obligaciones. En este sentido, subrayó que quienes llegan a España deben respetar las leyes, aprender las lenguas oficiales y compartir los valores democráticos, mientras que las administraciones tienen la responsabilidad de garantizar la igualdad de trato y combatir la discriminación. “En España esas reglas son claras: igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades para las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado y respeto a la legalidad vigente, se haya nacido en Amurrio o en Dakar”, ha señalado. El ministro añadió que el plan financiará programas de integración comunitaria y reforzará la lucha contra los discursos de odio, al considerar que “la inclusión también consiste en proteger la convivencia”.
Acceso a los servicios públicos
El cuarto eje contará con más de 260 millones de euros destinados a garantizar una ciudadanía efectiva mediante el acceso real a los derechos y el fortalecimiento de los servicios públicos. Las actuaciones contemplan medidas para favorecer el éxito educativo, combatir la segregación escolar, reforzar el aprendizaje del idioma desde edades tempranas, luchar contra la discriminación en el acceso a la vivienda y garantizar el acceso efectivo al Sistema Nacional de Salud.
Según ha explicado Sánchez, el objetivo del Plan de Integración y Ciudadanía es eliminar las barreras culturales, sociales y administrativas que dificultan el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos tanto para la población migrante como para la población local.
Población extranjera en España
El Gobierno presenta este plan el mismo día que concluye el proceso de regularización extraordinaria y en un momento en el que los habitantes extranjeros representan el 14,6% de la población española. Además, Sánchez ha destacado que “la inmigración que llega a España es mayoritariamente joven y en edad de trabajar, contribuyendo al crecimiento económico y al sostenimiento del Estado del bienestar”.
Entre 2018 y 2025 se crearon más de 2,9 millones de empleos, de los que el 44% fueron ocupados por personas extranjeras, mientras que Funcas estima que la inmigración explicó el 47% del crecimiento acumulado del PIB entre 2022 y 2025. El Banco de España calcula, además, que la población extranjera aportó entre el 14% y el 24% del crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.
El Ejecutivo sostiene que, en un escenario sin migración, la población española descendería hasta los 47,9 millones de habitantes en 2050 y los 41,8 millones en 2070, con un impacto económico muy superior al provocado por la crisis financiera de 2008.
En la parte final de su intervención, el presidente del Gobierno ha vinculado este Plan al proceso de regularización actualmente en marcha, y ha asegurado que pretende convertir esa medida “en un proyecto de vida basado en el empleo, la educación, los derechos, los deberes y unas reglas de convivencia compartidas”.