Hoy en día, estando casi en puertas de unas elecciones generales, precisamente en unas circunstancias de crisis, tanto internas como externas, como las que estamos atravesando, sería necesario poner de acuerdo a las fuerzas políticas en torno a los principios básicos propios del constitucionalismo democrático. Pero, en vez de ello, vuelven a aparecer, reforzadas en forma populista, los cambalaches que preconizan y, donde pueden, ponen en práctica, el enfrentamiento y la división, con falsos postulados ideológicos.
Se nos propone, como panacea indiscutible, continuar con el paradigma consistente en que lo único legítimo es evitar que gobiernen la derecha y la ultraderecha. Eso ya tuvo lugar con la adopción de los pactos contra natura que estuvieron en el origen del actual gobierno. Ahora, con la finalidad de obstaculizar lo que es básico en democracia, que es la alternancia, una vez conseguido el poder mediante esos pactos espurios, se pretende a continuación configurar maquiavélicas estrategias, dirigidas a mantener apartados de las opciones de gobierno precisamente a quienes, según indican las encuestas y estudios sociológicos serios, parece que pueden obtener más votos y escaños en las elecciones. Y ello es presentado a la ciudadanía como un logro democrático. Aunque el “apartheid” hacia una fuerza política puede ser, en determinados casos, legítimo, hay que analizar muy a fondo cuándo está justificado o cuándo se trata de, lisa y llanamente, de un recurso demagógico utilizado con fines poco virtuosos. Recordemos al respecto las graves consecuencias del “Pacto del Tinell”.
Ciertamente, es necesario un cambio de paradigma. Es necesario cambiar la política española, en todo el territorio, para hacerla más inclusiva y para que responda mejor a las necesidades reales de la ciudadanía. Ello tiene que implicar, evidentemente, un cambio en el gobierno y, sobre todo, en la forma de gobernar, gobierne quien gobierne. Quizás sea necesario cerrar la etapa de gobiernos monocolores, los de la mayoría absoluta de turno cuando la ha habido, o cuando para gobernar en minoría se ha ido forjando una política de cesiones interesadas a los insaciables nacionalismos periféricos que nos ha llevado hasta donde estamos. A los cambalaches, ciertamente. Yo no tengo duda al respecto. Es necesario un cambio. Pero ¿qué cambio?
No podemos volver a las concepciones de vencedores y vencidos. Esa ha sido, desgraciadamente, nuestra historia política pasada, que pensábamos que había sido abandonada con el consenso que presidió la Transición a la democracia. Hemos tenido constituciones liberales, moderadas, conservadoras, tendentes hacia la izquierda o hacia la derecha que siempre han generado división y sustitución de unas por otras, según terciara la mayoría electoral (la funesta “regla de la mayoría”). No importaba la legitimidad, sólo la consecución o mantenimiento del poder. Y no podemos volver a lo mismo.
Por el contrario, lo que pienso que necesitamos, consiste en formular un pacto constitucional, olvidando esa política de bloques y, fijándonos en lo que puede unirnos en torno al Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, que son los pilares de la Europa de que nos dotamos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el Congreso de La Haya (1948), formemos un gobierno que pueda conducir esta nueva etapa que la ciudadanía quiere que sea plural, porque así lo viene demostrando en las urnas. No es difícil hacer una lectura acerca de qué quiere la ciudadanía viendo las diferentes encuestas electorales: la gran mayoría optaría por opciones constitucionalistas que centraran las políticas públicas en torno a grandes acuerdos sobre los principales problemas del país. Aunque es posible que existan partidos que no tengan o no quieran tener suficiente comprensión lectora sobre ello. Especialmente si sólo les preocupa la permanencia en el poder, colonizando las instituciones y tergiversando los principios democráticos básicos.
Evidentemente no se puede llegar a cualquier tipo de “acuerdo”. De la misma manera que no podía haber consenso, en la etapa pre-democrática, con quienes quisieran instaurar un régimen revolucionario o quisieran dinamitar violentamente el proceso constituyente, que también los hubo de esa calaña. Es necesario, pues, fijar los parámetros de ese cambio inclusivo que genere cohesión y deje atrás los muros y la polarización. ¿Cuáles serían, en las democracias actuales, los indicadores sobre los cuales se tiene que fijar la discusión? ¿Cómo se podrían definir en el caso de España?
La primera cuestión que tenemos que abordar es el modelo territorial, qué tipo de Estado queremos: Unitario, federal, descentralizado, ¿roto?, porque ello va a determinar los procesos de toma de decisión y la articulación de todos los poderes públicos. Por ello, no es posible, en este punto, el consenso entre los diametralmente opuestos, ya que, teniendo en cuenta que uno de los principales problemas ante los que nos encontramos es el del secesionismo en Cataluña (no digo catalán, porque los catalanes somos muchos y variados), la estructura territorial constituye un elemento importante para ver con quién se puede converger al respecto. ¿Se puede llegar a acuerdos con quienes quieren separar en vez de unir? ¿Es legítimo pactar con quienes siguen desnaturalizando las instituciones jurídicas, tergiversando los conceptos y pretendiendo hacer creer a la ciudadanía que sería legal el ejercicio del mal llamado derecho a decidir? No nos olvidemos: el secesionismo continúa afirmando que “lo volverá a hacer” en cuanto tenga un escenario favorable.
Otra cuestión muy importante es qué posición se tiene con relación a nuestra integración en Europa. Es cierto que oscilamos en este punto entre, por una parte, lo que defienden los federalistas europeos, que también existen en España de manera transversal en muchas fuerzas políticas y, por otra parte, lo que patrocinan quienes prefieren que sean los Estados miembros de la UE, en vez de las instituciones comunes, los grandes protagonistas de la política europea. Será necesario dialogar para acordar posiciones, no sólo en abstracto, sino en relación con políticas concretas, como sucede, por ejemplo, en estos momentos, en relación con el tema de los refugiados y demandantes de asilo. La crisis de Ceuta lo pone claramente en evidencia. Pero ¿es posible forjar acuerdos con quienes promueven subrepticiamente, en el propio Parlamento Europeo, mecanismos conducentes a la desmembración de Europa, convergiendo con las fuerzas más antieuropeas allí representadas? Es verdad que la tensión entre las normas económicas y las de contenido social provoca que estas últimas a veces tengan un reflujo no deseable. Pero también es cierto que, los llamados “recortes” sociales han sido decididos muchas veces culpando a Europa de ellos, cuando ha sido la mala administración de los Estados y, en nuestro caso, también de las Comunidades Autónomas y los poderes locales, lo que ha debilitado la protección social. Se aplican fondos indebidamente a políticas secesionistas, aunque los haya que “disculpen” esta malversación porque dicen que no afecta al presupuesto de la UE, en detrimento de lo que la sociedad necesita. Se detraen recursos de las arcas públicas, farisaicamente, para mantener o engrosar patrimonios privados. Terminar con todo esto, acordar mecanismos eficaces para hacerlo, sería un elemento de cambio realmente muy importante.
También es necesario analizar, para ver con quién se puede formar gobierno, cuál es y ha sido la posición de los partidos políticos ante cuestiones tales como su propia financiación. ¿De dónde provienen los fondos de qué disponen? ¿Cómo los administran? En este punto, el análisis es complejo, puesto que mientras no cambien las leyes de financiación de los partidos y, sobre todo, la mentalidad de quienes tienen que aplicarlas, difícilmente podremos obtener trigo limpio al respecto. Y no sólo entre los partidos “clásicos”. Es palpable que hay mucho que limpiar en su interior, sobre todo por la procedencia de los fondos, acompañados de las correspondientes exigencias, que les han llegado, y les continúan llegando, desde regímenes y organizaciones nada compatibles con nuestras democracias.
Y, por no extenderme demasiado y terminar ya esta reflexión, pienso que otro de los puntos importantes para centrar el cambio que necesitamos es la actitud que los partidos tienen en relación con los principios del Estado de Derecho. La sujeción de gobernantes y gobernados a la ley, al Derecho, constituye quizás el paradigma más preciado de la evolución social. Estar seguros de que, a las seis de la mañana, si llaman al timbre es el lechero (parece ser que Churchill dixit), es algo que no podemos perder por ningún motivo.
Con el Estado de Derecho se terminaron la arbitrariedad y el absolutismo. Y tenemos el Derecho como procedimiento, como garantía, para defender, pretender y acordar los cambios que creamos necesarios, en todos los niveles, desde la propia Constitución hasta los reglamentos o las normas de orientación. Entonces, ¿se pueden forjar consensos con quienes desprecian los procedimientos legales y quieren imponer arbitrariamente los que les parezcan adecuados, sin el respeto de las garantías propias de la toma de decisión democrática, que no puede ser otra que la preestablecida por la ley? Ejemplos no muy lejanos en el tiempo nos muestran que, si no se hace frente a estas cuestiones, quienes se han refocilado en la arbitrariedad han llegado prácticamente a desaparecer de la escena política.
En aras de la formación de gobiernos podríamos fijarnos también en otros parámetros. Pero pienso que ya son suficientes los que he expuesto. No admito las concepciones fundamentadas en “vencedores y vencidos” o el “apartheid” ideológico ni los cambalaches que impiden el pacto constitucional. Ello ha sido perpetrado excesivamente a lo largo de la historia reciente, no sólo en España. Y ya sabemos con qué resultados.