Maricarmen no era una okupa. No había dejado de pagar el alquiler. No había entrado por una ventana ni cambiado una cerradura aprovechando que el propietario estaba de vacaciones. Vivía en aquella casa desde 1956. Tenía 87 años, una discapacidad reconocida y una pensión con la que seguía pagando religiosamente los 500 euros mensuales de su contrato de renta antigua.
Y, aun así, el desahucio era legal.
Conviene decirlo desde el principio, porque algunos han utilizado el caso para volver a enfrentar la propiedad privada con el derecho a la vivienda, como si el propietario de un inmueble tuviera la obligación de resolver con su patrimonio todos los fracasos de la política social. No la tiene. Maricarmen llevaba unos 70 años viviendo allí, pero el piso no era suyo. El Tribunal Supremo determinó que su derecho a subrogarse en el contrato había terminado y la empresa propietaria tenía derecho a recuperarlo.
Hasta aquí, la ley.
Después vino todo lo demás.
A un lado, quienes creen que la propiedad privada deja de existir cuando la historia del inquilino es suficientemente triste. Al otro, quienes parecen pensar que una sentencia judicial elimina cualquier consideración humana. Para unos, Maricarmen es la víctima perfecta de los fondos buitre, la especulación y el capitalismo salvaje. Para otros, poco más que una señora que llevaba años disfrutando de un alquiler privilegiado en uno de los barrios más caros de Madrid.
Y así llevamos días discutiendo si la empresa tenía derecho a recuperar su propiedad o si Maricarmen tenía derecho a morir en su casa. Como si reconocer una cosa obligara a negar la otra. Como si lamentar que una anciana saliera en camilla exigiera renunciar a la propiedad privada. O como si defender la propiedad privada obligara a contemplar la escena con la sensibilidad de una hoja de Excel.
Pero la discusión importante no es esa.
La pregunta es cómo hemos llegado hasta allí. Cómo, después de años de litigios, cuatro intentos de desahucio y meses de exposición pública, ninguna administración fue capaz de encontrar una solución que respetara la propiedad de la empresa sin condenar a una mujer de 87 años a abandonar de esa forma el hogar en el que había pasado prácticamente toda su vida.
Porque la empresa no tenía la obligación de proporcionar vivienda social. Para eso pagamos impuestos y sostenemos ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios, empresas públicas de vivienda y servicios sociales. Resulta muy fácil defender el derecho a la vivienda cuando la factura debe asumirla otro. La solidaridad institucional siempre es especialmente generosa con el patrimonio ajeno.
Si las administraciones consideraban que Maricarmen debía permanecer en aquel piso, podían haber negociado su compra, asumir temporalmente la diferencia del alquiler o alcanzar algún acuerdo económico con la propiedad. Y si aquello no era posible, tuvieron tiempo de sobra para buscarle una vivienda adaptada, cercana a su entorno y compatible con sus necesidades. No una cama de emergencia la noche del desahucio. No una plaza en una residencia, como si una residencia y una casa fueran exactamente lo mismo. Una solución real.
No la encontraron.
El Ministerio de Vivienda asegura que intentó mediar para adquirir el piso. La Comunidad de Madrid afirma que ofreció a Maricarmen una plaza en una residencia pública. El Ayuntamiento sostiene que puso a su disposición los servicios sociales y un recurso habitacional inmediato. Todos hicieron algo. El problema es que, después de años de procedimiento, todo ese algo terminó con una anciana saliendo de su casa en camilla. Cada uno hizo lo suficiente para poder decir que lo había intentado, pero nadie hizo lo necesario para resolverlo.
Entonces llegó el espectáculo. El Gobierno culpó al PP y a Vox por no apoyar las medidas antidesahucios. Sumar recordó que el propio Gobierno podía haber actuado antes. La Comunidad señaló al Ejecutivo central. El Ayuntamiento enumeró todos los recursos que había ofrecido. Irene Montero e Ione Belarra aparecieron frente al portal. Ana Belén recitó un poema. Varios actores se sumaron a la protesta. Los activistas levantaron pancartas. Y todos encontraron rápidamente al responsable perfecto de lo ocurrido.
Mientras, el caso de Maricarmen llevaba años recorriendo juzgados, despachos y medios de comunicación. Hubo tiempo de sobra para negociar, planificar y decidir quién asumía el coste de protegerla. Lo que faltó no fue información. Faltó que alguien asumiera la responsabilidad antes de que hubiera cámaras delante.
Maricarmen no necesitaba que Irene Montero acudiera a su portal, que el Gobierno señalara a Ayuso ni que el Ayuntamiento enumerara ante las cámaras los servicios que podía ofrecerle. Tampoco necesitaba poemas, pancartas ni declaraciones solemnes sobre el derecho a la vivienda. Necesitaba que, en algún momento de los años anteriores, una administración se hiciera responsable del problema.
No ocurrió.
Porque gobernar no es presentarse ante una tragedia consumada para explicar de quién es la culpa. Tampoco es aprobar derechos sobre el papel y esperar que los materialicen empresas privadas. Si el Estado considera que una persona vulnerable debe permanecer en una vivienda que no le pertenece, tendrá que pagarla, comprarla o proporcionar una alternativa equivalente. Lo que no puede hacer es convertir al propietario en servicio social involuntario y, cuando este acude a los tribunales y gana, fingir sorpresa ante el resultado.
Que la empresa estuviera en su derecho tampoco significa que estuviera obligada a ejercerlo sin un ápice de humanidad. Según la abogada de Maricarmen, una donante anónima se ofreció a cubrir la diferencia del nuevo alquiler hasta su fallecimiento y la propiedad rechazó la propuesta. También alega que la empresa se negó a conceder unos días adicionales para organizar una salida digna y recoger sus pertenencias. De ser así, su proceder, por muy legal que fuese, resulta bastante difícil de justificar.
Tener derecho a hacer algo no convierte automáticamente en buena la decisión de hacerlo. La legalidad establece el límite de lo permitido; no garantiza la decencia de todo lo que cabe dentro. Se puede defender que una empresa recupere legítimamente su propiedad y, al mismo tiempo, reconocer que había formas menos crueles de conseguirlo.
Maricarmen no tenía un derecho ilimitado a quedarse para siempre en una propiedad ajena. Pero tampoco debería haber hecho falta reconocerle ese derecho para evitar que saliera de allí en camilla. Había soluciones que protegían la propiedad privada, compensaban al propietario y permitían a una mujer de 87 años terminar su vida con cierta dignidad. Nadie fue capaz de encontrarlas a tiempo.
La empresa consiguió el piso. Los políticos consiguieron una fotografía. Los activistas consiguieron un símbolo. Y cada administración encontró a alguien a quien culpar.
Todos salieron de allí con algo. Todos menos Maricarmen.