La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha rechazado la petición del coportavoz de los Comunes y secretario primero de la Mesa de la Cámara, Gerardo Pisarello, de que se dirigiera al Tribunal Supremo para preguntarle si está ordenando diligencias de investigaciones de diputados sin el debido proceso reglamentario, lo que supondría el riesgo de vulnerar la inmunidad parlamentaria.
Pisarello realizó esta solicitud a raíz de las informaciones relativas al denominado ‘caso Koldo’ que aluden a un auto que emplazaba la Unidad Central Operativa (UCO) a analizar las conversaciones entre el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, el ministro Ángel Víctor Torres o “cualquier otra persona aforada”.
Recientemente, la defensa de Cerdán reclamó al TS que requiriera a la UCO para que identificara a los aforados que investigan y que se avisase al Congreso de que “un número indeterminado de aforados” estaban “siendo investigados sin haber sido solicitado el pertinente suplicatorio”.
Pisarello dirigió su petición a la Mesa del Congreso, pero las relaciones con otras instituciones corresponden a la presidenta de la Cámara. No obstante, el asunto se trató en la última reunión del órgano rector de la institución.
Según han explicado fuentes parlamentarias, Armengol expuso que entre sus funciones está velar por los derechos y prerrogativas de los parlamentarios y que actuará en consecuencia si en algún momento percibe que no se respetan.
La presidenta de la Cámara daba así a entender que, desde su punto de vista, esa situación no se da ahora, por lo que no va a tomar ninguna medida al respecto. También el PP se posicionó contra la petición del diputado de Sumar.
Investigaciones encubiertas
En su escrito, Pisarello alertaba de que de haberse autorizado diligencias para investigar a diputados se habría incurrido en una “investigación encubierta o prospectiva sobre parlamentarios” sin el debido proceso de solicitud de suplicatorio al Congreso, como obliga la legislación española.
Pisarello subrayaba que la inmunidad parlamentaria es una “garantía institucional” del Congreso y “no un privilegio personal”, por lo que exhortaba a la Mesa de la Cámara Baja a dirigirse al Supremo para que le informara de qué diputados están siendo objetos de investigación, “desde cuándo y mediante qué actuaciones concretas”.
También solicitaba que, en función de la respuesta, se informara a los diputados afectados para “salvaguardar su derecho a la defensa”. En opinión Pisarello, en caso de confirmarse la existencia de investigaciones sobre diputados sin suplicatorio, la Mesa debería instar al Tribunal Supremo “a remitir la correspondiente exposición razonada para su tramitación conforme a Reglamento”.