El recurso de Santos Cerdán, el que fuera número tres de Pedro Sánchez en el PSOE, para salir de prisión está abocado al fracaso. Una vez conocida la postura de la Fiscalía Anticorrupción, las fuentes del caso consultadas por Artículo14 apuntan a que el juez Leopoldo Puente se pronunciará con toda probabilidad en el mismo sentido. Una decisión que el magistrado tomará “en los próximos días”.
En su informe, cuyas líneas generales avanzó este periódico el lunes, Anticorrupción vuelve a señalar el papel director de Santos Cerdán en la presunta organización criminal dedicada al amaño de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones. En concreto, el fiscal Alejandro Luzón considera que nada ha cambiado en este mes y medio y que la defensa del dirigente socialista no aporta “argumentos nuevos que incidan en la medida acordada”. Por tanto, afirma que no procede que salga de Soto Del Real.
El magistrado trabaja en su decisión final con este informe encima de la mesa, en el que se desmonta la argumentación de los abogados de Cerdán. Una de las principales quejas de Cerdán es que se le ha metido en prisión por el riesgo a la destrucción de pruebas pero aún no se ha registrado su casa ni volcado sus dispositivos móviles.
Sin embargo, Luzón recuerda que otro riesgo es la “posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar”. Fuentes de Anticorrupción explican a Artículo14 que están a la espera de afloren esas personas que contactaban directamente con el ex secretario de Organización socialista.
De hecho, las fuentes consultadas en el seno de la Fiscalía destacan no tanto “su capacidad de dirección o jerarquía” sino su “posición funcional” en esa presunta organización criminal, de la que también formaban parte con Koldo García y José Luis Ábalos.
Además, Luzón recuerda el fallo de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo cuando rechazó por primera vez la excarcelación de Cerdán, al que definió la Sala como “la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o ‘mordidas’ a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones”. Es por ello que consideran que faltan por identificarse los enlaces directos de Cerdán con las empresas que pagaban comisiones ilícitas a cambio de que se les dieran contratos millonarios y públicos.
En el informe, el fiscal también desmonta que no se esté respetando su presunción de inocencia porque, asegura Luzón, eso es un debate del juicio oral y no de la instrucción en la que se trabaja con indicios.
Así, recuerda cómo empezaron a tirar del hilo a través de la declaración del empresario Víctor de Aldama en la que aseguró había entregado 15.000 euros a Cerdán a través de Koldo García. Tras ello, salieron las grabaciones intervenidas en el móvil de Koldo García, que lo incriminaban hablando de mordidas y supuestas obras pendientes de adjudicarse. En una de ellas, por ejemplo, decía Cerdán: “¿Cuánto le dimos?”. Y respondía el ex asesor ministerial: “60”. De ahí que se hayan conformado consistentes indicios de delito para seguir adelante con la investigación.
Cerdán sostuvo ante el juez que no se reconocía en las grabaciones, y esa es la estrategia que ha seguido hasta ahora su defensa. Han apuntado incluso la posibilidad de que se haya violado la cadena de custodia al ver que las bolsas del precinto de los dispositivos electrónicos que albergaban los audios habían cambiado con respecto a los que puso la Guardia Civil en un primer momento en el registro de la casa del que fuera asesor de Ábalos.
Sospecha que Anticorrupción desmonta con esta simple explicación: “Que no coincidan obedece a que el primero de los precintos tuvo que ser roto en el Juzgado para proceder al clonado del dispositivo que, una vez concluido, fue depositado en una nueva bolsa de precinto con, lógicamente, un nuevo número de precinto”. “Las grabaciones aparecen completas, sin saltos ni supresiones, se extienden a lo largo de varios años, resultan en la mayor parte de los casos inequívocas y aparecen relacionadas con otro abundante material documental”, concluye el fiscal.