La Audiencia Nacional ordena al ministro de Transportes,Óscar Puenteque no ejecute la instalación de las carpas para más de 800 inmigrantes después de que el Sindicato Unificado de Policía presentase una demanda contra la medida al considerar que afecta a la seguridad de “infraestructuras críticas”.
El tribunal ha instruido a Puente para que no ejecute la instalación de estas carpas después de que el sindicato presentara una demanda al considerar que la medida afecta a la seguridad de “infraestructuras críticas”. La decisión judicial supone un varapalo para el Ejecutivo en plena gestión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde finales de julio.
El sindicato policial había interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Transportes que autorizaba el uso de unos 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para levantar un dispositivo temporal con capacidad para cerca de 1.000 personas. El SUP había reclamado medidas cautelarísimas para detener de inmediato tanto la instalación como su posterior puesta en funcionamiento.
“Incendios junto a infraestructuras críticas”
La portavoz de dicho sindicato, Ana Alarcón, ha explicado que temen que puedan producirse “incendios y alteraciones del orden público junto a infraestructuras críticas”. Alarcón ha asegurado: “No nos ha llegado nada que justifique que el campamento tenga que estar ahí”, y ha recordado que la zona portuaria acoge instalaciones energéticas y áreas restringidas, además del tránsito habitual de personas y mercancías.
Al dar a conocer su iniciativa, el SUP abogó por alternativas de acogida que reduzcan la presión sobre la ciudad, “como la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad”. “No cuestionamos la atención humanitaria. Cuestionamos que se improvise una ubicación de estas características sin acreditar previamente todas las garantías de seguridad”, señaló en un comunicado.
El SUP aludió a los incendios registrados en distintos asentamientos de la ciudad autónoma al entender que evidencian la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir.
Por ello, reclamó la adopción de medidas cautelarísimas y la suspensión inmediata de la instalación y puesta en funcionamiento del campamento hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.
“Si el dispositivo estuviera ya parcialmente instalado, el sindicato solicita que se paralice cualquier ampliación y que no se deriven nuevas personas a este emplazamiento”, indicó.
El sindicato añadió que demandan medidas como “refuerzos policiales estables especialmente en Extranjería, Fronteras y Seguridad Ciudadana” o la actualización de las plantillas y del catálogo de puestos de trabajo, así como compensaciones económicas para los policías que están soportando esta situación extraordinaria.
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