Durante años, Beatriz Biedma fue una magistrada prácticamente desconocida fuera del ámbito judicial extremeño. Su nombre apenas aparecía en los medios y su actividad pública se limitaba al trabajo cotidiano en un juzgado de Badajoz. Todo cambió cuando cayó en sus manos la denuncia que acabaría sentando en el banquillo a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.
La investigación colocó a Beatriz Biedma en el centro de una tormenta política y judicial. Sus decisiones fueron discutidas por las defensas, cuestionadas por dirigentes socialistas y rechazadas por la Fiscalía. Al mismo tiempo, una causa abierta en la Audiencia Nacional analiza ahora si existió un entramado interesado en desacreditarla y en interferir en el procedimiento que instruía.
La condena de David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa ha devuelto el foco a la magistrada. El fallo no valida toda su investigación ni convierte en hechos probados todas las sospechas que manejó, pero confirma que el núcleo del caso tenía relevancia penal: las irregularidades que rodearon la creación y adjudicación de una plaza pública en la Diputación de Badajoz.
Una carrera judicial construida lejos de los focos
Beatriz Biedma Rojano nació en Córdoba en 1977 e ingresó en la carrera judicial en 2002. Su primer destino fue el Juzgado de Instrucción de Torrox, en Málaga. Posteriormente trabajó en Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres, y en Almendralejo, antes de establecerse profesionalmente en Badajoz.
Desde 2011 ocupa la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, anteriormente denominada Juzgado de Instrucción número 3. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en órganos encargados de investigar delitos antes de que los asuntos lleguen a juicio.
Quienes han trabajado con ella la describen como una profesional meticulosa, disciplinada y exigente. El perfil difundido por El Mundo señala que mantiene jornadas prolongadas, que suele regresar al despacho durante las tardes y que ha tratado de proteger su vida familiar pese al interés mediático provocado por el caso.
Su forma de interrogar, directa y minuciosa, se hizo conocida durante la declaración de David Sánchez. Algunas preguntas sobre la ubicación y las funciones de la Oficina de Artes Escénicas circularon ampliamente en redes sociales y convirtieron su voz, hasta entonces desconocida, en uno de los elementos más reconocibles del procedimiento.
El sorteo que puso el caso David Sánchez en su juzgado
La causa llegó a manos de Beatriz Biedma después de una denuncia presentada por Manos Limpias en mayo de 2024. El asunto fue asignado mediante el sistema ordinario de reparto entre los órganos de instrucción de Badajoz, por lo que la magistrada no eligió investigar al hermano del presidente.
Las primeras diligencias abarcaron sospechas muy amplias relacionadas con su residencia en Portugal, su patrimonio, su tributación y el cumplimiento de sus obligaciones profesionales. Sin embargo, una parte importante de aquellas líneas iniciales fue quedando descartada.
La investigación terminó concentrándose en la plaza de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música creada por la Diputación de Badajoz en 2017, en el proceso que permitió contratar a David Sánchez y en la posterior transformación de su puesto en la dirección de la Oficina de Artes Escénicas.
Beatriz Biedma sostuvo que existían indicios de que la plaza había sido diseñada para favorecer a un candidato concreto. También investigó la contratación posterior de Luis Carrero, amigo de David Sánchez, para un puesto relacionado con proyectos transfronterizos.
Durante cerca de un año, la magistrada ordenó registros, examinó correos electrónicos, interrogó a funcionarios y responsables políticos y rechazó diferentes peticiones de archivo. Sus autos fueron construyendo una tesis basada en la arbitrariedad administrativa, aunque la Fiscalía defendió que las pruebas no eran suficientes para continuar el procedimiento.
Críticas políticas, recursos y acusaciones de parcialidad
La instrucción avanzó en medio de una confrontación creciente. Dirigentes del PSOE denunciaron que el caso formaba parte de una estrategia de acoso judicial contra el entorno de Pedro Sánchez. El entonces ministro de Justicia, Félix Bolaños, y Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, cuestionaron públicamente determinadas decisiones.
Las defensas acusaron a la jueza de actuar con prisas y de mantener abierta una investigación basada en conjeturas. También se presentaron recursos y recusaciones para apartarla del caso. La Audiencia Provincial, sin embargo, permitió que continuara al frente de la instrucción hasta la apertura de juicio oral.
La Fiscalía adoptó una posición especialmente crítica y llegó a reclamar el archivo de las actuaciones. Durante el juicio posterior pidió la absolución de todos los acusados al entender que no se había destruido la presunción de inocencia ni demostrado la existencia de una contratación amañada.
La Audiencia de Badajoz ha terminado condenando a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación administrativa. El tribunal ha descartado el tráfico de influencias y ha absuelto a la mayoría de los procesados, pero ha considerado probado que existieron decisiones arbitrarias en el procedimiento administrativo.
El supuesto plan para “destruir” el procedimiento
Mientras el caso avanzaba, el nombre de Beatriz Biedma apareció en otra investigación judicial de enorme sensibilidad. La Audiencia Nacional indaga una presunta trama vinculada a Leire Díez que habría tratado de obtener información contra jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil relacionados con procedimientos incómodos para el PSOE.
Entre la documentación examinada por la UCO figurarían anotaciones relacionadas con Badajoz y con la intención de “destruir” el procedimiento instruido contra David Sánchez. Los investigadores analizan si determinadas personas intentaron intervenir en la causa, personarse en ella o encontrar información capaz de desacreditar a la magistrada.
También se investiga la versión del empresario Joaquín Parra, quien habría asegurado que recibió una propuesta para buscar datos perjudiciales sobre Beatriz Biedma a cambio de posibles ayudas en sus problemas judiciales. Otras informaciones apuntan a la existencia de grabaciones, archivos o vídeos relacionados con supuestos seguimientos a la jueza.
Estos extremos todavía no están probados mediante una sentencia. No puede afirmarse que el PSOE, el Gobierno o Pedro Sánchez ordenaran vigilar a la magistrada, ni que todas las actuaciones descritas llegaran realmente a ejecutarse. La investigación deberá aclarar quién participó, qué información se obtuvo y si se cometieron delitos.
El respaldo de los jueces de Badajoz
En noviembre de 2025, una vez concluida la instrucción, Beatriz Biedma fue elegida jueza decana de Badajoz. Recibió 20 votos de los 25 magistrados llamados a participar, frente a dos votos en blanco y tres abstenciones.
Meses después fue nombrada presidenta del Tribunal de Instancia de Badajoz. La decisión reflejó un amplio respaldo profesional dentro del partido judicial en el que había desarrollado buena parte de su carrera, pese a la intensidad de la controversia pública.
La condena de David Sánchez vuelve ahora a situarla en primer plano. Beatriz Biedma no dictó la sentencia ni decidió la culpabilidad de los acusados; su función consistió en investigar los hechos y determinar si existían indicios suficientes para llevarlos a juicio.
La Audiencia ha confirmado una parte esencial de aquella hipótesis y ha descartado otras. Mientras tanto, permanece abierta la incógnita sobre el supuesto plan para erosionar su credibilidad y hacer descarrilar la causa. Una investigación paralela que ha convertido a la discreta jueza de Badajoz en una figura central de uno de los episodios judiciales y políticos más delicados de los últimos años.
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